Por Nicolás Adet Larcher
Las columnas obreras se movilizaron por las amplias avenidas del centro porteño entre cánticos, pecheras, bombos, redoblantes, platillos y banderas. La concentración no era un hecho aislado, ni era para menos, por primera vez en la historia las cinco agrupaciones gremiales se aglutinaban para unir fuerzas ante un contexto social y político adverso que los obligó a levantarse de la mesa y salir a la calle. Desde hace cuatro meses, los despidos dominan la agenda informativa a nivel nacional con movilizaciones y reclamos de parte de trabajadores desplazados de sus puestos de trabajo.
La convocatoria mantuvo a miles de personas en la calle en una oleada que no solo estaba compuesta por sindicalistas, sino que también sostenía la presencia de referentes del peronismo, el Frente para la Victoria, organizaciones políticas, sociales y partidos de izquierda. Daniel Scioli, Juan Manuel Abal Medina, Nicolás del Caño, Adriana Puigross, Eduardo Sigal, fueron algunas de las figuras presentes entre la multitud. Las ausencias de Sergio Massa y el bloque justicialista fueron llamativas para muchos de los presentes, aunque se aclaró que desde el bloque justicialista se habían enviado adhesiones.
La CGT y sus tres ramificaciones, junto a las dos CTA y otras organizaciones sindicales presentes, materializaron su presencia luego de la convocatoria de parte de representantes gremiales como Hugo Moyano, Antonio Caló, Hugo Yasky y Pablo Micheli. El faltazo lo pegó el representante de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrionuevo, quién en un principio había confirmado que iba a estar presente junto a Mauricio Macri en un locro dominguero para celebrar el día del trabajador. “Era una marcha que tenía que ver con el movimiento obrero y ahora falta que venga Boudou, que presidía a estos mamarrachos que perdieron…” dijo Barrionuevo, aunque ya se había confirmado la presencia de los gastronómicos dentro de la movilización.
Evitando escenarios simbólicos como Plaza de Mayo y el congreso, se conformó el escenario frente al Monumento al Trabajo donde las cinco centrales leyeron un documento conjunto en boca del Secretario de la Confederación de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid, a quién algunos perfilan como un posible relevo sindical cuando las tres CGT se reunifiquen en agosto.
Las consignas fueron claras: protección contra despidos y medidas para atenuar la inflación. También se reclamó por el retroceso del poder adquisitivo del salario y, en menor medida, por una recapitulación sobre la promesa del impuesto a las ganancias que todavía está en carpeta. El miércoles, en sintonía con la agenda expresada en la movilización, el senado había otorgado media sanción al proyecto para declarar la emergencia ocupacional, frenar los despidos y reestablecer una doble indemnización por ley. Según el proyecto impulsado, el trabajador despedido puede solicitar su reincorporación efectiva y, en caso de que no suceda, solicitar una doble indemnización tanto en el ámbito público como en el privado. Con el apoyo del bloque del Frente para la Victoria, el Peronismo Federal y otros bloques que también integran la cámara, el proyecto de ley obtuvo 46 votos a favor y 16 en contra para confirmar su giro hacia diputados.
Al filo del veto
Desde el gobierno nacional expresaron su rechazo a la ley “antidespidos” y abrieron la puerta a la posibilidad de que la misma sea vetada en caso de su aprobación. Macri mantuvo una postura explícita sobre la posibilidad de la ley afirmando que “ya probamos en 2002 con leyes que prohibían y eso no trajo más trabajo, destruyó trabajo”, lo que no concuerda con los datos y los relevamientos del Ministerio de Trabajo de la Nación que permite evaluar un crecimiento exponencial del empleo desde 2002 hasta 2007 cuando se puso fin a la doble indemnización por haber llegado a un piso de 8% de desempleo. [1]
Durante el acto al que Barrionuevo había prometido ir – para luego excusarse por una gripe – Macri brindó un nuevo discurso sobre el panorama laboral a nivel nacional. En la sede del gremio de gastronómicos porteños y ante la mirada de sindicalistas y funcionarios de primera línea de su gobierno, el mandatario remarcó que el primer desafío de su gestión era “crear trabajo” y confesó que “hay mucha gente que la viene pasando mal y que le cuesta llegar”. Desde su atril, Macri desafió a la oposición acerca de la posible sanción de la ley antidespidos “si fuera cuestión de leyes, saquemos una ley que diga que somos todos felices” afirmó.
Mientras se profundizaba el contenido y el apoyo a la ley, desde el gobierno tomaron la posta de los reclamos y el 25 de abril, la contrapartida oficial se tradujo en el intento de enfriar el debate sobre la emergencia ocupacional. Lanzando un plan de «Primer Empleo» que – según lo anunciado – beneficia en forma directa a jóvenes, pero sobre todo a las empresas que se encarguen de contratar a aquella franja laboral de 18 a 24 años, el gobierno anunció su envío al congreso para cosechar adhesiones del fragmentado espacio opositor. En forma concreta, el plan beneficia con subsidios y exenciones impositivas a las empresas que contraten a jóvenes en sus primeros pasos por el escenario laboral. Para algunos especialistas y centros de investigación, la propuesta no resuelve el problema de la precarización laboral y para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – según un informe de 2015 – tiende a provocar la «sustitución» de trabajadores por otros.
Mauricio Macri durante en el locro por el 1º de mayo. Fotografía: Presidencia de la Nación
Un plato sin ñoquis
Desde su asunción en diciembre hasta la fecha, el nuevo gobierno estableció parámetros definidos para accionar sobre la cuestión laboral a nivel nacional. Desde un principio, se creó el Ministerio de Modernización, encabezado por Andrés Ibarra, que hasta el momento tuvo un rol fundamental para el desplazamiento de trabajadores de áreas públicas y la designación de nuevas personas para cubrir algunos cargos. Ibarra había ocupado el mismo cargo en la Ciudad de Buenos Aires y dentro del ambiente del PRO se lo conoce como un “todoterreno” por mantener buenas relaciones con Macri. Desde su paso por Correo Argentino (cuando estaba a cargo del Grupo Macri) hasta su paso por Boca Juniors, Ibarra siempre se mantuvo cerca. En su paso por Boca, designó a Jorge “El Fino” Palacios – procesado por el delito de escuchas ilegales en 2009– como jefe de seguridad del club.
Sobre los antecedentes del Ministerio de Modernización en la ciudad, el trabajo realizado se remonta a establecer vínculos entre el estado y empresas privadas donde se tercerizaba el trabajo estatal hacia privados encargados de liquidar sueldos, contabilizar empleados, hacer seguimiento de faltas, entre otras tareas.
Desde diciembre, se dio impulso a un desplazamiento masivo de empleados estatales con el argumento de que eran “ñoquis” designados por el gobierno anterior que no cumplían las funciones para las que habían sido asignados dentro del estado. Las áreas afectadas fueron variadas, como el portal del Ministerio de Justicia de la Nación, Infojus, hasta el senado de la nación, o áreas como el Plan Conectar Igualdad, ARSAT, la central nuclear de Atucha, delegaciones provinciales de la Secretaría de Agricultura Familiar, AFSCA, etc. También se produjeron desplazamientos en planes que eran financiados desde nación como lo que tenía que ver con el Plan Progresar o los Centros de Acceso a la Justicia que promovía el ministerio de justicia.
Con el pasar de las semanas, la estrategia discursiva de los “ñoquis” fue quedando de lado, e incluso funcionarios de Cambiemos como Rogelio Frigerio, reconocieron que se podía dar la situación de personas que habían sido despedidas pese a que cumplían funciones.
Durante los primeros meses de 2016, distintos estudios presentados alertaron sobre la situación social y laboral. Uno de los primeros estudios lo hizo el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) junto al Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y fue publicado en un documento a principios de febrero.[2] El mismo alerta que los despidos en el sector público responden “a la conjunción de la discriminación ideológica y el intento de redimensionar el empleo estatal” como una herencia que fue recibida anteriormente. Según lo que se determina en el documento, los despidos dan lugar a “la perdida de funciones de un Estado con menor involucramiento en la economía y las políticas sociales; ya que en numerosos casos los despidos y cesantías se correspondieron con el cierre de programas y finalización de políticas públicas concretas”.
Para CIFRA y FLACSO, también se puede observar “un significativo aumento de la pobreza” según dos escenarios planteados donde en A la pobreza pasó a afectar a un 22,1% de la población, mientras que en B pasó de 19,7% en 2015 a 23,3% en 2016. El estudio detalla cifras menores que las expresadas, por ejemplo, por un Estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) donde se mencionaba hace un mes que la pobreza había pasado de afectar al 29% de los Argentinos en los últimos meses de 2015 a extenderse hasta el 32%, sin medir la repercusión de los aumentos en la luz, el agua, el gas y el transporte en el salario básico.
En otro informe, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA)[3] se analizó la coyuntura política actual en base a varias fuentes. Para CEPA, entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, fueron despedidos 141.542 trabajadores de donde se desprende que 61.096 pertenecían al ámbito público y 80.446 lo hacían al sector privado. Los mayores despidos – especifican – fueron en el sector de la construcción con un 72% de desplazamientos y el congelamiento de planes que desde nación también tenían su impacto en provincias como Santiago del Estero.
“Lejos de haberse estabilizado, el nivel de desempleo presenta un dinamismo al que deberá prestarse significativa y constante atención” alertan desde el informe y también detallan una pérdida en el poder adquisitivo de los asalariados a causa de un retroceso de 10 puntos porcentuales del salario mínimo vital y móvil en relación al índice de precios del consumidor. Para CEPA, esta situación retrotrae los salarios a niveles de 2007 en un contexto inflacionario que ya supero a los 11 meses (enero-noviembre) de 2015.
Un escenario complejo
Pese a los datos de los informes y estudios, los reclamos de trabajadores despedidos y las movilizaciones sindicales, el gobierno aspira a una mejora en el aspecto macroeconómico que – en base a la teoría del derrame – atraerá inversiones extranjeras en el gran empresariado que se extenderán hacia los otros ámbitos de la economía. Sumado a esto, se estima que en el segundo semestre se reducirá la inflación mediante el enfriamiento de las variables de la economía y la contracción de gastos desde el estado donde a la vez se tomará la mayor deuda de los últimos 20 años para financiar obras públicas que traten de reactivar el congelamiento en algunos sectores.
Pese a estas expectativas, las medidas para fortalecer derechos laborales y proteger el salario, no estuvieron en agenda en estos meses o no fueron lo suficientemente efectivas para evitar un golpe directo en el sector asalariado que el propio gobierno reconoció. En este 1º de mayo, la amplia convocatoria exhibida por los trabajadores durante la movilización del viernes determinó la urgencia y la necesidad de medidas que puedan frenar las consecuencias de una serie de políticas que – hasta el momento – no se tradujeron en beneficios concretos. Desde un sector del sindicalismo se anunció que aún con la movilización y el reclamo contra el gobierno, el diálogo sigue abierto.
[1] https://drive.google.com/file/d/0BzQUku9vPMaLaEg5U0cxTUxVSm8/view
[2] http://www.centrocifra.org.ar/docs/DT%2015.pdf
[3] http://centrocepa.com.ar/informe-de-coyuntura-economica-abril-2016/