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Febrero 2017

Por Héctor Andreani

“buscan posicionar como que ellos fueron reprimidos (…) para captar la atención. Pero la verdad es que hay una escalada de mucha violencia. Y la violencia genera más violencia, la realidad es esa”

 (joven vocero de Benetton)

“Vamos a seguir luchando, vamos a rescatar todo el Puel Mapu y el N´gulu Mapu, vamos a sacar a todos estos terratenientes que vinieron a sacar a nuestros abuelos, y nuestros abuelos ahora no tienen agua”

(niña mapuche, campamento Lof Cushamen)

La noticia sobre la represión a los mapuche dio inicio a un 2017 que estará atravesado por represiones a las protestas públicas. El 11 de enero, la policía y la gendarmería desalojaron e hirieron a integrantes de un campamento de vigilancia de la comunidad. Fotos y videos circularon de un modo como no sucediera antes en medios nacionales. La represión permitió que muchas personas se sensibilizaran con este tipo de acciones premeditadas por el Estado. En pleno 2017, muchos descubrieron la existencia de los pueblos originarios con esta triste noticia. Van algunas reflexiones sobre el caso, pero también sobre un caso más amplio.

Aclaro que es mi punto de vista personal. No soy campesino ni indígena, solamente fui docente rural durante varios años. Comparto mi camino con mi hermano de padre que vive en el departamento Figueroa como peón golondrina y albañil, y participo activamente en las peripecias de decenas de amigos y conocidos del llamado “monte” santiagueño. Sin ir más lejos, tuve que comprar en diciembre los útiles escolares para mis sobrinos “del campo”, previendo el aumento de precios para marzo (esto, como irrisoria pero visible “evidencia” material, de un contexto social –esto es, lo “rural”- muchas veces descripto solo en sus aspectos testimoniales).

La tesis central es que debemos hacer todos los esfuerzos para articular de mejor modo dos elementos: a) la posición objetiva de las poblaciones en la estructura productiva de una provincia o de un país; b) las propias caracterizaciones que hacen de sí mismos (sobre todo cuando están en peligro). Dicho de otro modo: no confundir lo que se dice, con lo que sociológicamente se es. Con demasiada frecuencia, estos dos elementos nunca van de la mano. En este mundo actual existen los manteros, los zapatistas, los mapuche, los piqueteros, los colectivos de diversidad sexual, entre muchos otros. La sospecha central es por qué la categoría de obrero quedó enterrada bajo otras categorías que se tornan totalizantes. Las políticas de identidad fueron el marco para nuevas formas de lucha social en las últimas dos décadas, pero la academia, los medios y la sociedad en general leyeron esto en clave de abandono de las categorías clásicas, sobre todo la de clase. No se trata de volver a un determinismo economicista, sino de entender el ABC de las ciencias sociales. Esto es, qué elementos se relacionan objetivamente con qué otros elementos, y comprender qué (y sobre todo, cómo) unos determinan a otros. Aunque algunos elementos suenen trillados, hay que aceptarlos. Brindo un ejemplo: ¿alguien reprime a los mapuche porque “odia” su cultura, o porque quiere hacer negocios en ese territorio?

En general, cualquier posición separatista (actualmente) es perniciosa porque permite futuros negocios de privatizaciones y nuevos extractivismos. Como ya saben algunos: hay extractivismo “mineral” hasta en la soja que sale de los empobrecidos y –cada vez menos húmedos- suelos santiagueños. Dicho de otra forma: los separatismos siempre aportan a la expansión del capital: pensemos cómo nacieron los países latinoamericanos, cómo nacieron las provincias, y cómo quedaría excluida, si no, una concepción no romántica y bien estratégica de la “Patria Grande”.

El autonomismo -el tratar de “estar fuera” del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones (sean anarquistas, indígenas, campesinas, cooperativistas, estudiantiles)-  a largo plazo se torna perjudicial hacia los mismos sectores que sufren diversas explotaciones y expropiaciones. Toda lucha debería ser hacia la lucha del control o de destrucción del Estado (me refiero a “este” Estado en “este” sistema social en que vivimos, no es anarquismo idealista). Es así porque, de otro modo, la des-marcación de la real posición que ocupan en la estructura productiva (es decir, actualmente todos son obreros sin empleo, con empleo, precarizados u obreros con planes), genera que no se integren a una posición de lucha unificada que al final afecta a todos. Por ejemplo: los mapuche reprimidos en el sur, despedidos de la fábrica Coteminas (en quiebra en la ciudad de La Banda), trabajadores de AGR-Clarín, campesinos-Huaycurúes desalojados en la localidad de Bajo Hondo por la empresa Manaos (esto es en Santiago del Estero), trabajadores del subte, manteros en Once, piqueteros… y también zapatistas, indignados en la plaza del Sol española, etc. ¿Por qué la sociedad interpreta a “manteros” como “manteros”, y no como obreros precarizados? Las categorías podrían multiplicarse al infinito, de acuerdo con la diversificación de trabajos. El lenguaje engaña demasiado.

No entender que se trata del mismo problema de fondo, encubre el separatismo de las diversas (no es lo mismo que diferentes) capas que componen a una sola clase. Algunos con empleos en relación de dependencia, otros más precarizados, otros que venden su fuerza de modos más indirectos, y otros que directamente subsisten (se mantienen con vida) recibiendo alguna transferencia monetaria condicionada: esta última fue y será política de cualquier gobierno de las periferias globales y de todos los pelajes ideológicos. Evo y Cristina no fueron los únicos en contener la explosión social con asignaciones universales y bonos: todos los estados latinoamericanos han emitido sus propias transferencias monetarias a los sectores más pobres, cuya política fue propuesta por el Banco Mundial hace más de dos décadas. Desde Uribe hasta Peña Nieto (recomiendo las investigaciones de Lena Lavinas).

Ahora bien, el análisis sobre la condición obrera no es privativo de “troscos” (como postularía algún kirchnerista difusor de confusos esencialismos políticos). En realidad, pertenece a un socialismo marxista más práctico (y abarcativo) para entender el caso argentino. A veces algunas izquierdas –no todas- cometen el error de caracterizar incorrectamente a los indígenas y campesinos dentro de cada mirada respectiva sobre lo que consideran clase obrera, es decir, solo obreros de fábrica o trabajos formales. En realidad, todas son capas de la misma población sobrante. Es decir, sobrantes para el gran capital (no para mí, obvio). Me interesa sobremanera ese concepto, que fue desarrollado ampliamente por los investigadores actuales y pasados del CEICS que abordaron el caso argentino (Sartelli, Desalvo, Kabat, Cominiello, entre muchos otros). Muchas veces el uso del otro concepto, “obrero” (en personas que recién toman conciencia de él) a veces proyecta erróneamente una asociación solo con el trabajo formal, o el trabajo con algún “patrón”. Por eso, no se trata de enterrarlo, sino de redefinirlo en función de las nuevas diversificaciones (y profundizaciones) de las capas obreras. Que, aclaro, siguen existiendo: los obreros no desaparecieron con la tecnificación y el auge de las empresas de bienes y servicios, sino que siguen allí, cada vez más empobrecidos. Por desgracia, la proporción que compone a esta población sobrante es cada vez mayor (no solo a nivel mundial, sino también en el caso argentino), y es la primera vez que sucede así en la historia del capitalismo. Durante el siglo XX, era posible “borrar” a millones de personas (que eran potencialmente sobrantes en tanto fuerza de trabajo disponible) mediante políticas de genocidio. Más de 100 millones de personas han muerto en el siglo XX en guerras en todo el mundo. Fue la estrategia más eficaz en las guerras de dicho siglo: borrar poblaciones enteras para absorber fuerza de trabajo disponible e intensificar nuevamente las fuerzas productivas. Hoy en día, eso no sucede: las planificaciones del capital se han visto desbordadas por el aumento de la población en regiones, países y hasta en continentes que ahora son “sobrantes” (pensemos en gran parte de África, pero también en las 12 provincias “inviables” de Argentina, que describía el inefable Caballo hace 25 años).

Ahora bien ¿por qué un poblador de Atamisqui y un mapuche son obreros? No quiero polemizar diciendo que no sean campesinos o no sean indígenas. No es ese el punto. Este texto no es una discusión sobre identidades, sea que hayan permanecido desde tiempos prehispánicos, o hayan sido impuestas por la colonia o el Estado moderno, o sean categorías contemporáneas que les sirven como “paraguas” jurídico para evitar que los expulsen de las tierras donde viven desde hace décadas o siglos. Estoy haciendo un esfuerzo por hacer una integración dinámica de las perspectivas (por ejemplo, alguien se puede autodenominar “campesino” pero a la vez su fuerza de trabajo igual es asalariada de algún modo). Insisto en escribir este texto, mientras acompaño los reclamos (porque acompañar silenciosamente y sin intentar analizar lo que acompaño, sería hipócrita de mi parte).

Pregunto de otro modo, como muchas veces se debe preguntar una ciencia social no-culturalista: ¿por qué debo prestar atención no solo a lo que las personas dicen que son, sino también a lo que son efectivamente? Porque sencillamente (aunque no tanto) su subsistencia depende de vender su fuerza de trabajo bajo distintas modalidades de explotación. Por ejemplo, el ingreso extra-predial de un poblador rural santiagueño promedia un 70% (planes sociales, trabajo golondrina): eso significa que si una familia dependiera solo de sus cabritos, se moriría. Lo mismo ocurre con los mapuche, que en este momento son desplazados violentamente por el mismo fin, es decir que otros quieren ese “territorio” para ponerlo en valor y aumentar la tasa de ganancia, de formas que la posición burguesa de Benneton está contemplando estratégicamente desde hace años. En el caso de Benneton, de Peña Braun, de Macri, no se trata de una “derecha rancia” que supuestamente odia a esa “cultura indígena”: si hubiera judíos campesinos allí instalados, el desalojo sería el mismo. Ese “territorio” mapuche no es virgen, ni tampoco los mapuche son ecologistas (ningún indígena ni campesino lo es, en efecto).

Explico lo último para que no se malentienda: cualquier fruto arrancado de una planta en medio de los Andes, efectivamente ya es una “producción” aplicada a la naturaleza. En Santiago, en tiempos prehispánicos, ya había una verdadera producción de la naturaleza en la cosecha misma de algarroba. Criar guanacos (promovido por la comunidad, por las Ongs, la iglesia o por voluntad propia) ya es vender fuerza de trabajo, porque los mapuche no deciden el precio del cuero o de los insumos que utilizan para criar guanacos. Igual que un taxista, que no decide el precio del combustible, ni el precio de una válvula. Por eso es obrero, no es “trabajador independiente”.

Permítanme algunas aclaraciones, porque hay otro tipo de “separatismo” muy perjudicial que surge cada vez que reprimen a los mapuche: es la “desmarcación argentina” que hacen los sectores (hoy minoritarios) del nacionalismo de derecha: seineldinistas y ese tipo de sectores que hablan de “araucanos” para desmarcarlos del colectivo nacional. Su posición se ampara meramente en un criterio que afecta a la supuesta “argentinidad”, porque a los mapuche se los arroja al otro lado: siempre son usurpadores estratégicos que Chile pretende para la Patagonia.

Por contrapartida, hay otras caras de ese esencialismo identitario, que la antropología denomina como esencialismo estratégico: es muy intensamente practicado por los mapuche y otros pueblos que se expresan con más radicalización en sus propuestas de autonomismo respecto del Estado (el mapa que comprende el Wallmapu es evidencia de eso). Sucede también cuando cualquier pueblo indígena manifiesta que estuvo allí desde siempre, sin ningún tipo de contactos ni de contactos con el “blanco”. No existen “pueblos” guardados en sí mismos: aún el pueblo ubicado en lo más profundo del Amazonas, siempre estuvo en relaciones de contacto con otros grupos sociales. Siempre. Toda comunidad ha sido transformada de acuerdo con los procesos históricos que le tocó vivir. Si los argentinos no son lo mismo en 1816 que en 2017 ¿por qué tendrían que serlo los mapuche o los qom? ¿Dónde guardo, entonces, la obligada estadía de Félix Díaz en el servicio militar obligatorio en la década del 70? ¿Dónde guardo la feroz explotación durante más de 60 años del ingenio San Martín de Tabacal a los pueblos toba, wichí, nivacle, convertidos de ese modo en obreros? ¿Por qué pensamos exóticamente que todos los indígenas siempre estuvieron encerrados en la selva o en los Andes, y que recién salieron a la vida pública con el kirchnerismo? Entender la propia historicidad de los pueblos nativos, no es solo un gesto de respeto hacia sus reclamos por el territorio: también permite entender qué hizo el capitalismo con ellos. Pregunto de otro modo ¿cuál es nuestra propia idea acerca de los indígenas, de su historia, de sus contactos interétnicos, de sus articulaciones (a veces conflictivas, a veces no) con los dispositivos y agentes estatales, sobre todo cuando nos “indignamos” –es decir, nos acordamos porque mediáticamente se nos aparecen de vuelta en nuestras vidas- porque los reprimen?

La solución no es el autonomismo. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, también Trump asumió una postura muy esencialista acerca de la identidad estadounidense: autonomismo full time. La solución no es una “nación autónoma” para los mapuche, porque dentro del sistema social donde vivimos, el Wallmapu (territorio que compone la nación mapuche) se convertiría en una red extendida de cooperativistas sociales que terminaría fagocitado por -y servido en bandeja para- el mercado de capitales (como dijo una vez un amigo experto en economía social: economía social sin socialismo, es una política sin salida). Por eso el problema no es mapuche/nacionalistas, mapuche/Macri (o solo mapuche/Benneton), sino que los mapuche también son tan obreros como el taxista urbano que recorre la ciudad de El Bolsón, en Chubut. La pregunta que toca la fibras “morales” de algunos es ¿por qué suena hiriente decir que un indígena que también es un obrero?

¿Qué reserva moral creemos que detenta un grupo de personas, por el hecho de mantener una vinculación simbólica y espiritual con su territorio? ¿Acaso son los indígenas y campesinos quienes deberían “salvarnos” de la debacle civilizatoria? Cambiemos esta última frase por otra que es más precisa y menos dramática: lo que hay es una crisis permanente del capitalismo. ¿Qué sujeto histórico, entonces, debe salvarnos de esa crisis? ¿Por qué el “buen indio” de Rousseau sigue actualizándose y no nos deja mirar los procesos objetivos que están aniquilando a las comunidades nativas, aunque ese análisis sea incómodo a nosotros, y también a ellos mismos? ¿La represión a indígenas es síntoma de “odio” étnico, o es profundización de las ganancias del capital?

Profundizo un poco sobre nuestra moralidad sobre lo indígena: ¿Qué sucedería si, en Santiago del Estero, los campesinos e indígenas ganaran la batalla por su territorio, y descubrieran que hay petróleo suficiente para el todo el siglo, oculto debajo del monte santiagueño? ¿Y si deciden explotar con empresas multinacionales ese recurso y hacerse millonarios, como el pueblo Seminole que compró el Hard Rock Café por más de 900 millones de dólares, gracias a su capital petrolero? Las investigaciones de John y Jeanne Comaroff son muy útiles al respecto. Los Seminole estaban vestidos con sus atuendos típicos cuando firmaron en 2007 la compra de la megacadena de restaurantes. ¿Esto los hace más o menos indígenas? ¿Qué significa, entonces, ser indígena o campesino, en este sistema social en que vivimos? En Argentina, siempre es muy sorprendente enterarse de que en EE.UU. hay indígenas millonarios. La discusión no es, entonces, sobre la represión estatal a un colectivo social determinado, tampoco sobre identidades, sino sobre el comportamiento actual de los dispositivos del capital. Realmente no importa si los Seminole se siguen auto-adscribiendo como indígenas: el punto es que ahora son burgueses que explotan a otros, seguramente también a sus propios “hermanos”.

En Santiago del Estero, está sucediendo con algunos pobladores autoadscriptos como indígenas, que instalan nuevos cercos usurpando terreno de sus vecinos, argumentando que es “tierra sagrada”. Con cierto capital político que los cubre, actúan como usurpadores locales, en connivencia con agencias estatales de agricultura. Se trata, en realidad, de nuevos pequeños burgueses con pequeños márgenes de ganancia respecto de su situación anterior. Pero no son todos así. Hay, por ejemplo, una comunidad entera que ha decidido organizarse por sí misma, revalorando topónimos quichuas en desuso en su zona; tampoco dejan dejar entrar a becarios, hippies, militantes y técnicos agropecuarios, y sobre todo, tratan de conservar (como pueden) parcelas de bosque que para ellos es sagrado. Echando, por supuesto, a usurpadores externos. Pero no subsisten de la miel y la algarroba que cosechan, sino de ingresos extraprediales de los cuales no pueden liberarse (como el trabajo golondrina) con más de cuarenta años de ciclo migratorio. En síntesis: han decidido obligadamente a “cerrarse” o guardarse. Una digna estrategia, pero no sé cuánto tiempo podrán durar en esa condición.

En Argentina, así como casi todos son obreros empobrecidos, también hubo numerosos indígenas afines al gobierno anterior, trabajando en dependencias estatales y operando políticamente en sus territorios. Aclaro: eso no es ni malo ni bueno, sino una forma de subsistencia, y una forma específica de relacionarse con el Estado. Como ya enseñó la antropología reciente, la gente creativamente hace política como puede con lo que tiene. El llamado “clientelismo” tampoco es tal, si se trata de conseguir recursos, de relacionarse y de lograr adhesiones que son muy necesarias para sostener ese marco simbólico (lo indígena) y hacerlo creíble al interior de su propia vida social. Se llama “militar” por algo, por qué no. Alguno podría decir que eso es mero instrumentalismo, es decir, que alguien “actúe” como indígena para conseguir recursos del estado. Pero esa crítica siempre la aplicamos a otros y no problematizamos nuestra propia situación ¿acaso no necesito del Estado para satisfacer mis necesidades culturales? Supongamos que siento la “necesidad” de ir al festival de la Salamanca: si no fuera por la clase empobrecida que paga $ 250 la entrada, pero sobre todo, el gran sostén estatal para el festival, las “fans” no podrían deleitarse con Abel Pintos.

Pero volviendo al relacionamiento de los agentes burocráticos indígenas con el Estado (¿acaso me fui de tema, o estoy quizás hablando de lo mismo? Hagan sus apuestas), decía, ese relacionamiento no debería ser la única forma de actuar con el Estado. Con Macri, muchos lectores vislumbran con más nitidez –ahora- esas relaciones conflictivas con “el gobierno” ¿Acaso antes no deberían haberlo percibido también de un modo similar? Hay otras “formas” de relacionamiento estatal conflictivo: sindicalismo combativo y no transa, por ejemplo. Piqueteros que no aceptaron ningún acuerdo social, por ejemplo. Docentes que saldrán en marzo luchando no solo por su salario, sino por las paritarias suprimidas por decreto, por ejemplo. Indígenas reprimidos por intentos de desalojo, por ejemplo. Gatillo fácil y los tantos Luciano Arruga, por ejemplo. La expresidenta calificando de “asesinos” a los petroleros de Las Heras, procesados por un crimen que no cometieron en 2006, por ejemplo.

Leo las notas que hicieron últimamente en Página 12. Festejo que ahora se publiquen  notas sobre los mapuche y la represión sufrida. Antes, solamente gracias a la lucha del periodista Dario Aranda era posible que Pagina 12 publicara sobre el daño de los agrotóxicos o las represiones anteriores a indígenas. Pregunten a Aranda cómo vive un trabajador de un diario “progresista”, siempre presionado, luchando contra la burocracia sindical que no le permite reclamar ni un peso en su (muy) precarizado sueldo o informalidad, y a quien le viven “recortando” contenidos de sus notas sobre la soja, sobre los Qom o sobre los asambleístas de Andalgalá. Recordemos que hasta hace dos años, Félix Díaz no era visto como perteneciente a una comunidad reprimida por el Estado, sino que era reducido a un opositor al kirchnerismo porque le hacía “el juego a la derecha”. ¿Qué es ser indígena? Entonces ¿solo son indígenas quienes son kirchneristas? ¿Dónde queda, entonces, mi respeto hacia su identidad?

Acordamos absolutamente en condenar la represión. Condenamos la acción reciente, porque es violenta de por sí al afectar vidas humanas. El problema es otro: es cómo entender este conflicto específico en un marco mayor. Se trata de afinar el debate.

Fuera de la condena a la represión (en la que todos estamos de acuerdo) ¿qué es lo que se debe entender como un marco más general? Porque el conflicto no es solamente Benneton Vs. los Mapuche. Insisto en que esa es la parte visible del conflicto. Supongamos que Benneton se fuera de la Patagonia ¿qué seguiría después? El conflicto no se terminaría. En Santiago del Estero, por ejemplo, no entender el carácter de clase que une a docentes en lucha, campesinos por otro lado, economías “sociales” barriales por el otro, significa que hay un discurso separatista que no permite caracterizar correctamente las “capas” de la misma clase. Por eso se insiste en que ciertas políticas basadas en ciertas “identidades” solo fragmentan (cada vez más) la organización de la clase. Y así  seguirá, hasta que la mayoría seamos (cada vez más) población sobrante y haya una minoría híper explotada en trabajos “formales”. Por ejemplo, la docencia santiagueña de los últimos 20 años es reflejo de esa intensificación de la explotación, es decir, su precarización los ubica perfectamente dentro de la población sobrante, no de la población que le genera ganancias al capital. Agreguemos otras capas como los trabajadores de salud, los cientos de contratados en el ámbito judicial, los empleados de comercio, y otros trabajos más “indignantes” como el empleo doméstico informal, el trabajo golondrina o el cartoneo. Pero agreguemos a esta lista otros roles “obreros” invisibilizados e hiperexplotados, como ser –hoy- madre soltera.

Alguien podría argumentar que la cuestión gremial “docente” que se vino desarrollando durante 2016, por ejemplo, en Santiago y Tierra del Fuego, también termina balcanizando (también sería separatismo) las luchas. Pero ocurre algo más preciso: en todo caso esta cuestión gremial se acerca más a la caracterización de “capas obreras” que el reclamo del campesinado, de los Tonocotés o de otros colectivos que reclaman la tierra, vivida como territorio. No me olvido de las reivindicaciones en nuestro pasado reciente en Santiago: hace apenas 14 años, MOCASE acompañaba a la multisectorial de trabajadores, y muchos sectores no vinculados acompañaban el reclamo del crimen de Leyla y Patricia. Hoy, en Santiago del Estero, nada de eso sucede. Las redes sociales aportaron lo suyo a la  balcanización, mucho más en beneficio de los gobiernos.

Tampoco se trata de “convencer” a nadie, porque la realidad misma es evidencia: ¿cuántas personas realmente podrían vivir solamente de sus cabritas y de juntar algarroba, sin un plan estatal o un programa de fomento? ¿Cómo sobrevive una familia de la localidad de Anga (dpto. Salavina, Santiago del Estero) por fuera del plan social, el trabajo golondrina y las “changas” rurales? Simplemente se mueren. En el espectro nacional. ¿Qué significa ser indígena, si más del 75% de toda su población ya vive en las grandes ciudades con los peores trabajos que la ubican dentro de la población sobrante? Como bien describe Roberto Muñoz en sus investigaciones, esto significa caracterizarlos como clase obrera empobrecida. Porque vivan en el “campo” no significa que (hoy) puedan vivir de él. La “defensa” de la “cultura” indígena que realizamos los colectivos urbanos, deberíamos tener en cuenta este pequeño detalle: sin subsistencia, la gente se muere, y las culturas y las lenguas desaparecen en consecuencia. Soy docente en cátedras que abordan relaciones culturales y educativas (es decir, no soy docente en sociología marxista ni soy economista “heterodoxo”), pero siempre se aclara a los estudiantes que ciertas “herramientas” educativas emancipadoras se tornan insostenibles insostenibles si no hay una real reinvindicación a la vida humana, en primer lugar a la subsistencia, y en segundo (o tercer) lugar a la culturas y lenguas.

Cómo desearía que pudiéramos vivir plenamente de los recursos que nos brinda el monte santiagueño (como manifestó el músico Raly Barrionuevo en su alegato contra los empresarios cordobeses). Pero no se puede. Ocurre un problemita que no es tenido en cuenta: no estamos en el período prehispánico, ni en la época de la economía de recolección de la algarroba del siglo XVIII, ni antes de la deforestación del XX. El abuso del imaginario folklórico no nos deja ver este panorama a todas luces evidente: que es fundamental el acompañamiento para mantener la vida de campesinos e indígenas, aunque su “modo” de vida no pueda ser sostenido porque, repito, el sistema productivo en ese medio natural ya es insuficiente en grado máximo. La vida humana, hoy, en pleno “monte” santiagueño, es imposible si no subsiste con planes estatales, migración estacional y otros trabajos muy precarizados. Al Supay se le viene acercando, cada vez más, el memorándum del cese de su contrato. Como dijo un maestro de Figueroa: “miren, ahí están las verdaderas Telesitas, trabajando de promotoras en la peatonal”. Ya no me alcanza con la celebración del “monte” en las nuevas letras de los conjuntos folklóricos que actúan en el festival de la Salamanca.

Hablo constantemente con amigas y amigos que participan fuertemente de las políticas estatales de economía social y que promocionan (muy laboriosamente) el ideal de la soberanía alimentaria. Una amiga me argumentaba que el trabajo golondrina no es un tema prioritario para las luchas de los campesinos con quienes ella trabaja. Este tema se “queda corto” desde la perspectiva de las propias “identidades” (ser campesino), pero en realidad lo es más desde la situación económica real. El trabajo migrante no es significativo a la economía provincial porque su aporte al PBG provincial es directamente nulo. El PBG provincial arrojaba en 2007 un 49% de soja en la provincia. Imaginemos lo que sucedió y cómo aumentó ese PB hasta 2016, solamente en Santiago del Estero. Recordemos que ese tremendo volumen “físico” de soja (el PBG es el volumen físico que produce un territorio) fue la contraparte de un acta de reparación histórica: se trataba de un acuerdo financiero entre nación y provincia, firmado en 2005. Los santiagueños recibimos obras públicas, muchas: el autódromo de Termas, las torres de los ministerios, la terminal, rutas nuevas. Pero como contraparte, Santiago debía (y deberá) aportar a la Nación 2 millones de hectáreas de soja hasta el año 2020, de acuerdo con el Plan Agroalimentario 2010-2020 (recordemos que fue política del kirchnerismo, no del malvado Macri, que la continúa religiosamente). Hasta agosto de 2015, solo en territorio santiagueño había pocos menos de 1 millón y medio de hectáreas de soja, es decir que el objetivo del Plan Agroalimentario se estaba cumpliendo.

Obviamente estoy de acuerdo con el ideal de soberanía alimentaria, pero hay un pequeño inconveniente: es insostenible. Claro que debe ser defendido. Debería ser sostenible, pero lo será solamente en otro sistema social: si digo “socialismo” (como si fuera automático) seré marcado como “trosco” y dejarán de leer esta nota (lo que sucedió con el FIT en las elecciones presidenciales de 2015, cuyos candidatos eludieron temerosamente la palabra “socialismo” para poder captar votos del peronismo reformista). Todas las políticas de agricultura familiar vinieron sostenidas, paradójicamente, por el financiamiento estatal producto de la renta agraria, es decir, el 70% de soja que representó todo el PBI nacional en 2014. Todas las transferencias monetarias, subsidios y programas (entre ellos, los que sostienen a la agricultura familiar) vienen de la renta de la soja. Por eso es doloroso decir que en este momento –y antes también- la agricultura familiar es insostenible. Es necesaria, la trato de sostener desde los recursos que dispongo, y acompaño a todos los amigos que ponen sus energías para que sea posible. Pero la agricultura familiar y la soberanía alimentaria –siempre- se encuentran en un estado de “peligro”. Si no las ayuda el Estado, se caen. El autonomismo jamás fue creíble porque el Estado siempre sostiene estos procesos. Cuando hay crisis graves, renacen las formas de economía social de urgencia (pasó en 2001) pero después este proceso vuelve bajo la forma de trabajo precarizado. Preguntemos, por ejemplo, a cualquier técnico agropecuario si se siente a gusto con el contrato basura al que está sujeto, contrato adquirido en el gobierno kirchnerista, que a su vez permitió el cese de ese contrato –los despidos- en el gobierno macrista. Yo no he inventado lo siguiente, solo reproduzco la idea de un amigo que es técnico agropecuario: economía social sin socialismo, es política sin salida. Si la economía social no está sostenida en una propuesta política que no caiga en el reformismo, esa economía social deviene precarización (que es lo que pasó estos años). ¿Por qué ahora, por ejemplo, hay actualmente una asignación importante de recursos al programa Pro-Huerta? Sencillamente porque Juliana Awada ordenó sembrar huerta orgánica en el techo de la Casa Rosada, y eso motivó la atención de la burguesía en la moda “orgánica” o vegana, lo cual redundó en aumento de recursos al programa Pro-Huerta. Bien sano.

Ya sabemos que muchas veces “ecología” es mala palabra. Sentir la pachamama no es solamente participar exóticamente de su celebración cada inicio de Agosto. Hoy en día la pachamama –lo que represente- exige una postura muy informada acerca del devenir ecológico, que no se reduce a una bicisenda en la ciudad, o a separar las bolsas en orgánicos e inorgánicos, o a aprender a hacer empanadas de quinoa. Debemos poner toda nuestra energía en aprender una sociología de lo complejo, un materialismo dialéctico que pide a gritos ser analizado en cada conflicto, y una perspectiva ecosocialista mucho más compleja que una celebración espiritual a la tierra. Debo aclarar que los acompaño, los entiendo, los promuevo. Pero con esta nota, estoy tratando de reflexionar lo que decido acompañar.

Cuando planteo un análisis sobre los mapuche, los campesinos o los pueblos “nativos” en general, es para entenderlos en un nivel de “derechos” mucho más amplio que el de sus identidades: es decir, trabajadores, obreros, población sobrante. Tan sobrantes como lo son un docente santiagueño o un trabajador de la salud de Formosa. Entender un grupo como sector social, es también un gesto de respeto hacia su cualidad como personas. Porque, en primer lugar, los quiero vivos. Vivos para que puedan desarrollar sus cualidades humanas, culturales, lingüísticas, científicas (sí, también quiero tonocotés, qom y campesinos que sean científicos -¿quién no?- que revuelvan CONICET planteando nuevas epistemologías, y que luchen con los demás científicos por un convenio colectivo de trabajo). No los quiero mendigando planes estatales, los quiero organizados tomando el Estado y acompañando activamente a las otras luchas junto a los otros trabajadores. Entender la importancia de esta categoría de análisis (para nada debe ser reducida al trabajo “golondrina”, o al desempleado) es muy importante. Significa entender las verdaderas condiciones mediante las cuales ellos pueden, precisamente –y para beneplácito de los amantes de lo autóctono- reproducir “su cultura” y “su lengua” (según la triste caracterización del famoso artículo 75 de la Constitución nacional de 1994).

Circula, entonces, un prejuicio sobre los pueblos indígenas: nunca son asociadas las palabras “indígena” y “trabajador”. No se trata de reducir todo al carácter económico, sino de entender cómo se articulan los elementos en un contexto dado, sin miradas apriorísticas. Una forma, usualmente la que permite ordenar el análisis, es mirar a las personas dentro de alguna relación social que les permita no morirse; de ahí, después, la “cultura” y lo que quieran. Entender de qué viven efectivamente (ahora, en 2017, no en el año 1500) y cómo hacen para subsistir, qué dispositivos de convivencia o de conflicto desarrollan con el Estado, solo puede ser entendido cuando se los caracterice por el tipo (o las diversas modalidades) de explotación al que están sujetos. Estén en medio de los Andes o manejen un taxi en Neuquén, tengan cabritos en Atamisqui o cirujeen cartón en Rosario. Me llevó mucho tiempo entender que, bajo un sistema socialista, quedaría mucho tiempo libre para reproducir/ampliar los horizontes culturales, inclusive todas las culturas nativas.

Recuerdo dos casos, que si bien son distintos, pueden decir algo acerca del argumento de esta nota. Caso 1: las últimas investigaciones sociolingüísticas en Chile, dan cuenta de un “renacer” mapuche en las grandes ciudades, sobre todo en ciudades como Santiago y Rancagua. Un porcentaje muy alto de pobladores mapuche logran reemerger en sus barrios, organizando colectivos, enseñando mapuzungun (su lengua), y los niños de vecinos wingka (no mapuche) aprenden esta lengua indígena por la intensa socialización generada en el barrio. Ahora bien, estos sectores mapuche -urbanizados dese hace más de tres décadas- son trabajadores asalariados, son subempleados o son obreros con altísimos niveles de precarización. Pero son, en primer lugar, trabajadores. Caso 2: es un ejemplo local, más santiagueño imposible: el Alero Quichua. Todos sus integrantes eran trabajadores con cierto nivel de movilidad social: Sixto Palavecino era peluquero, Felipe Corpos era empleado de comercio, Vicente Salto (creo que) era policía, Domingo Bravo era maestro jubilado, y me faltaría saber de qué trabajaba Julio Ayunta y otros integrantes que se fueron sumando. Sixto (como inmenso músico bilingüe que fue) pudo haber compuesto la chacarera “Nostalgias campesinas”; pero en términos objetivos, él ya no lo era o nunca lo fue (aun habiendo vivido en su Barrancas añorado de la infancia). ¿Qué quiero decir con esto? Que ese “renacer” folklórico y las visibilizaciones públicas de la lengua quichua, habrían sido imposibles si sus integrantes no hubieran tenido trabajo. En términos objetivos, ninguno era un “campesino”. En esa época, Santiago del Estero asistía en los años 60 a una escueta -pero sostenida- política desarrollista que contemplaba el proyecto “Río Dulce”, la consolidación de nuevas carreras universitarias, entre otros proyectos que mostraban una articulación entre el contexto provincial y (en general) la política económica nacional. Con la caída de la industria forestal, también era el inicio de la (fundamental e inevitable) coparticipación nacional, con la cual la provincia viene –desde hace más de 5 décadas- sosteniéndose con más de 90 % de dinero que proviene de nación. Cerrando este “caso”, podría describir el inapreciable saber “del monte” que actualmente poseen algunos amigos; pero les resulta imposible (biológicamente hablando) vivir plenamente de ese saber, porque su vida depende de vender su fuerza de trabajo bajo diversas modalidades locales.

No entender estas dimensiones económicas y ecológicas de las prácticas culturales, es relegar estas últimas a un pobre análisis. “Defendemos” a los indígenas y campesinos, pero nunca llegamos entender por qué su vida social se encuentra en crisis, que no se reduce a un conflicto con un usurpador o un terrateniente. Nos llama la atención lo exótico del mapuzungun cuando lo escuchamos en Canal Encuentro, pero nunca nos preguntamos por las condiciones de existencia de los hablantes de dicha lengua. Podrían ser otros pueblos nativos y otras lenguas, pero el marco del problema es el mismo.

No entender un conflicto menor dentro del marco mayor, también es una forma de negarlo, de suprimirlo, y de pasarle rápidamente la hoja, en la espera (nuestra espera militante) de una nueva “indignación” moral acerca de nuevas represiones estatales y privadas, desalojos, explotaciones laborales y otras acciones violentas.

 

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