Pasaron ocho meses desde la suspensión del juicio por la Megacausa III en Santiago para poder retomar nuevamente las audiencias. El pasado 18 de mayo, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero inició nuevamente el juicio por delitos de lesa humanidad que, por primera vez, sienta en el banquillo a civiles cómplices durante la última dictadura cívico-militar. En el medio, también están siendo juzgados ex militares y policías.
El juicio se había iniciado en agosto del año pasado, pero fue suspendido en septiembre por distintos planteos judiciales por parte de los abogados defensores de los imputados. Sumado a eso, dos de los 14 imputados fallecieron en medio del juicio: el ex juez Arturo Liendo Roca y Cayetano Fiorini. Cerca de fin de año, la Cámara Federal de Casación Penal decidió apartar a los tres jueces que integraban el TOF, haciendo lugar a los recursos de los abogados defensores. Una resolución de esa cámara finalmente determinó que José Pérez Villalobo, Juan Ramos Padilla y Cecilia Noli no podían continuar siendo jueces en el marco de esa causa.
La atención se colocaba sobre los dos ex jueces: Olmedo y Liendo Roca. Fallecido Liendo Roca, solo Olmedo espera una condena. El Tribunal Oral Federal de Tucumán lo había procesado por considerarlo, junto a Liendo Roca, como “piedra basal de la impunidad” respecto al desempeño que mantuvieron como jueces. A fines de agosto del año pasado, Olmedo tuvo que declarar ante el tribunal por su actuación como juez durante esos años.
Con su cabeza contra la pared, sus manos apretando los papeles que sostenía y la mirada fija en ningún lado, el ex juez aguardaba el momento de su declaración. Conversaba con su abogado, se paraba, volvía a sentarse, leía algunos papeles, tomaba café en algún intervalo y pasaba su mano por detrás de su cabeza en señal de disgusto. Cerca del mediodía, sentado en una silla, con el micrófono enfrente y la mirada hacia el tribunal, Olmedo se negó a pronunciar palabra alguna. Frente a la pregunta de uno de los jueces, evitó cualquier referencia sobre su accionar judicial en los años previos a 1991.
Sobre las últimas horas de audiencia, Roberto Díaz, ex policía que había estado prófugo, afirmó que durante el transcurso del juicio iba a explicar “toda la verdad” sobre el asesinato del abogado Abdala Auad y que iba a dar precisiones sobre el paradero de su cuerpo ya que él no tenía por qué mantener ningún “pacto de silencio”.
La decisión de desplazar a los tres jueces y suspender la Megacausa fue firmada por los jueces Gustavo Hornos (hijo de un ex militar y con antecedentes en suspensión de juicios de lesa humanidad), Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani (denunciado por privación de la libertad). Casación decidió aceptar las recusaciones de la defensa porque consideró que los argumentos sobre la falta de imparcialidad de los magistrados era justificada. El lunes 3 de octubre se había llevado adelante una audiencia en la cámara con la participación de los abogados defensores para analizar la situación. El fallo salió unas horas después.
Los jueces más cuestionados eran Noli y Villalobos por una supuesta pertenencia al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante la década del 70. Desde esa base, familiares de los imputados cuestionaron al tribunal e iniciaron una campaña desde las redes sociales para una suspensión de un juicio que ya tenía una demora de más de 10 años. En esa misma línea, medios como La Nación, Clarín e Infobae evitaban crónicas del juicio, aunque si daban lugar a esas críticas y a los planteos de los abogados defensores sobre los “problemas de salud” de quienes estaban sentados en el banquillo. En el fallo firmado por Borinsky, Hornos y Gemignani incluso se citan links de La Nación y otros medios como Tiempo Judicial para fundamentar algunos tramos.
Por parte de la defensa de los imputados, los abogados Arnaldo Ahumada y Facundo Maggio eran quienes encabezaban los reclamos contra el TOF. Para ellos, no existían condiciones necesarias de “imparcialidad” para llevar adelante el proceso y que los margistrados carecían de “objetividad” por tener una militancia marcada respecto a los derechos humanos. Incluso, se dijo que la Megacausa era un “juicio procesal”. Desde la querella y el Ministerio Público Fiscal, se mencionó que las recusaciones a los jueces ya se habían resuelto en cuatro ocasiones por la Cámara de Casación (después esa misma cámara modificó su opinión). La fiscal Indiana Garzón se había pronunciado recordando que incluso se había llegado al extremo de que “cada vez que se nombraba a un juez, automáticamente se lo recusaba” y que los jueces Noli, Villalobo y Padilla surgían en base a recusaciones anteriores.
El desplazamiento llegó luego de un grupo de testigos prestara declaración en una de las audiencias.
Nuevos jueces nuevo juicio
Luego de las demoras y la polémica por las recusaciones a los tres jueces anteriores, en este 2017 la expectativa estuvo fijada en la conformación de un nuevo tribunal para poder continuar con el juicio. El 4 de mayo pasado, finalmente, se llevó adelante la audiencia preliminar y se estableció el 18 de mayo como fecha de inicio de las nuevas audiencias para la Megacausa III. Los nuevos jueces designados son Carlos Julio Lascano, Domingo José Batule y Abel Fleming.
Dos de los tres jueces designados tienen antecedentes por haber estado ligados a represores en forma directa o indirecta, por haber actuado por acción u omisión en ciertos momentos y por haber sido denunciados.
Domingo Batule se desempeñaba como Fiscal Federal de la provincia de Jujuy. En 2014 tuvo una aparición fugaz en los medios nacionales cuando fue acusado de haber protegido a algunos jueces para evitar la detención del represor Alejandro Osvaldo Marjanov, en el marco de una causa que se llevaba adelante por delitos de lesa humanidad. Durante ese año, Batule tuvo que enfrentar su juicio político cuando la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró que había actuado contra los criterios del Ministerio Público Fiscal para proteger al represor y a los jueces. La procuradora dijo en ese momento que la investigación de Batule había sido “paupérrima” y desde la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas de Derechos Humanos, Jorge Auat presentó una denuncia formal contra el fiscal por su mal desempeño. Al final, Batule quedó absuelto al mes siguiente por parte del mismo tribunal que unos meses después también absolvió al polémico fiscal José María Campagnoli.
En 2014, mientras Batule enfrentaba su juicio político, Abel Fleming era denunciado en Salta. El ex diputado de la Unión Cívica Radical y abogado, José Fernando Chamorro, señaló a varios magistrados salteños por haber sido cómplices de la última dictadura cívico-militar. Entre esa lista de nombres aparecía Fleming quién en 1982 había ingresado a la División de Investigaciones Científicas de la Policía de la provincia. Según Chamorro, Fleming “fue felicitado en reiteradas oportunidades por el jefe de Policía, que era un militar, por sus habilidades para infiltrarse, vale decir que era un espía que teníamos en medio de los abogados y en medio de la población”. Fleming negó las acusaciones, reconoció que trabajó en la policía en 1982, que incluso ese dato aparecía en su currículum y le respondió a Chamorro que “con eso no se jode”.
En el caso de Lascano, fue Ministro de Seguridad en el gobierno de José Manuel De la Sota en 1999 y además se desempeñó como Juez de la Cámara Federal de Córdoba. No hay muchas apariciones públicas de él, tiene un perfil bajo, aunque sus alumnos dentro de la universidad lo reconocen por haber escrito varios libros sobre derecho penal. Para estudiantes y colegas, Lascano es un «grran tratadista».
Mientras se llevaba adelante la primera audiencia el 18 de mayo, un hecho opacó la jornada y generó rechazos por parte de periodistas y un comunicado desde la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ex -presos políticos de Santiago del Estero.
Al ingresar al Tribunal Oral Federal, en el hall principal, personal de gendarmería se encarga de pedir, en forma protocolar, documentos de identidad a quienes ingresan a las audiencias para armar una lista. Quienes ingresan a la audiencia como público se ubican en el primer piso, del lado izquierdo si son familiares de víctimas o personas en general que acompañan a las víctimas y del lado derecho si son familiares de los imputados o personas que deciden asistir para acompañarlos. En el segundo piso, se ubica la prensa. En el hall principal, cuando anotan a quienes ingresan, se coloca entre paréntesis a que medio pertenece cada periodista o fotógrafo.
Fotografías: Facebook de Eduardo Emilio Rapetti Salik
Durante la audiencia del 18, la defensora pública oficial, Silvia Abalovich, ordenó – a los gritos – retirar documentos de los trabajadores de prensa en el lugar para realizar nuevamente la identificación que se efectúa en la entrada. Una de las fotógrafas que se encontraba en el lugar era Luciana Cano, quién trabaja tomando imágenes para la Asociación y para la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Abalovich tomó su celular y mientras acomodaba el DNI de Luciana sobre la mesa, comenzó a tomar fotografías. Uno de los trabajadores de prensa tomó una fotografía del momento e hizo público el hecho a través de las redes sociales. Abalovich, había sido designada en su cargo luego de un acuerdo del Congreso de la Nación en noviembre de 2014 y finalmente tomó juramento en el cargo a fines de enero de 2015 a los 63 años. Desde su comunicado, la Asociación de Derechos Humanos expresó que “el proceder de esta defensora” en referencia a lo acontecido con Luciana Cano, “constituye un evidente abuso de poder, al tomarse atribuciones que no tiene, y sólo le corresponden al Tribunal Oral Federal”.
Las audiencias por la Megacausa III continúan cada jueves a partir de las 9:30. Dos días antes del inicio de las audiencias se confirmó a Gabriela Elisa Catalano como la cuarta jueza a integrar el tribunal en carácter de suplente.
Objeto: aborda los hechos que tuvieron como víctimas a 38 personas, que padecieron delitos de violación de su domicilio, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios y, en un caso, abuso sexual.
Fecha de inicio: 18 de mayo de 2017.
Imputados: 12 (Santiago Olmedo de Arzuaga, Muza Asar Curi, Miguel Tomás Garbi, Jorge Alberto D’Amico, Ramiro López Veloso, Juan Bustamante, Eduardo Baudano, Pedro Ledesma, Dido Isauro Andrada, Roberto Díaz Cura, Ramón Warfi Herrera y Raúl Humberto Silva).
Cantidad de víctimas: 38.
Tribunal: Domingo Batule, Carlos Lascano y Abel Fleming.
Fiscales: Indiana Garzón, Carlos Gonella y Federico Carniel.