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Art Hazelwood

Por Matías Lorenzo Pisarello*.

En los últimos años el aspecto más convocante sobre “la seguridad” ha remitido casi exclusivamente a aquel que la vincula y circunscribe a la cuestión de la criminalidad, cayendo en un círculo vicioso de más delito, más justicia penal, penas más drásticas y también más prevención directa (defensa personal armada, custodias, y más policías), sin lograr reducir la actividad criminal, ni salir de ese círculo vicioso.

Desde diferentes áreas gubernamentales, provinciales y nacionales, se reconoce la cuestión del incremento de la violencia y, dentro de ésta, de aquella vinculada al aumento de la actividad delictiva, haciéndose especial referencia en la peligrosidad de algunos grupos y zonas de alto riesgo.

Para determinar las zonas donde actúan esos grupos “peligrosos”, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Tucumán informó en agosto del año 2016 la implementación de un “revolucionario” programa para reducir la inseguridad que implicaba marcar en un mapa con un punto rojo el lugar y tipo de delito cometido para luego colapsar la zona con agentes policiales. Esa solución, al parecer desconocida para los funcionarios tucumanos data de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se consolidó la recopilación de datos por parte del Estado para detectar y ocuparse de los problemas sociales que de a poco se fue extendiendo también a los estudios y estadísticas sobre delincuencia.

En la Argentina de fines de siglo XIX, tanto la producción de estudios sobre delincuencia como la conformación de las oficinas estatales en materia estadística, abrieron las puertas a la recopilación periódica y con cierta exhaustividad de información “oficial”. Es decir que el “revolucionario” plan de lucha anunciado contra la delincuencia no es ni más ni menos que el relanzamiento del viejo y conocido mapa del delito, que en los últimos años demostró tener las mismas limitaciones que en su nacimiento: falta de denuncias por parte de los ciudadanos por desconfianza en las instituciones y precarios recursos técnicos para llevar a cabo los procesamientos de datos e informes.

En este sentido podemos afirmar que la estadística que construye hoy la Policía no hace más que ayudar a consolidar el modelo de criminalidad perseguido por las agencias de control social en un proceso de retroalimentación permanente: el Estado direcciona su labor de control hacia ciertas conductas y personas que son las que protagonizan los registros estadísticos de sus propias agencias utilizando como única arma para reducir índices de delincuencia la disuasión y represión del delito.

Cuando el Estado soluciona sus problemas reprimiendo, olvidando atacar las causas de los problemas con políticas públicas sociales universales y cuando ataca las consecuencias que derivan de determinados problemas, que se escapan de las “manos” del estado, con prácticas concretas y focalizadas, significa que estamos ante una situación preocupante.

Atacar las consecuencias significa asumir los riesgos inevitables, pero actuar de manera situacional, sin una preocupación social, con la sola finalidad de minimizar los riesgos creados por aquellos colectivos de personas identificados como peligrosos o productores de riesgo no debe ser una solución. Ésta estrategia, utilizada por el Estado desde ya hace muchos años, ha permitido ocultar el verdadero avasallamiento por parte de sus políticas públicas sobre las “otras seguridades” de los ciudadanos.

 

La ley de contravenciones policiales como herramienta de control social

En Tucumán, hasta fines de los 90 se mantuvo, como resabio de la última dictadura cívico militar, el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Policía de Tucumán Nº 3656, (1970), que establecía entre las atribuciones de la policía la facultad de detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios de vida en circunstancias que lo justifiquen o cuando se nieguen a ser identificadas. Esta ley establecía además que la demora o detención del causante no podía prolongarse más del tiempo indispensable para su identificación, averiguación del domicilio, conducta o medios de vida, sin exceder el plazo de 24 horas. Esta fue la principal herramienta utilizada por la Policía para detener en forma discrecional y sin las debidas garantías de los/as detenidos/as.

Con el correr del tiempo este artículo de la ley orgánica de la policía sufrió algunas modificaciones. Se reemplazó el “detener” por “demorar”,  se redujo el plazo de demora a 12 horas, se incorporó la obligación de dar aviso inmediato a la mesa de atención permanente del Poder Judicial por parte de la Policía, indicando los motivos y la autoridad policial que dispuso la demora, se permitió la comunicación inmediata con un familiar o persona de confianza a fin de informar de su situación y se estableció que las personas demoradas no podrían ser alojadas junto a detenidos por delitos o contravenciones.

A pesar de que las modificaciones mencionadas aparentaban un avance en el reconocimiento de derechos y garantías de la ciudadanía, lo cierto es que esas detenciones ilegales mutaron al campo de la “legalidad” con un mayor uso de la ley (5140) de contravenciones policiales. Con esa ley, la policía tucumana puede detener a cualquier personas que considere esté cometiendo una falta contravencional y privarla de libertad por 48 horas sin ningún tipo de control judicial, sin asesoría jurídica ni derecho a contradecir las pruebas en su contra.

Según datos recolectados por la organización ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) el 90,5 % de los casos contravencionales que llegan a instancia judicial (y seguramente de los que no llegan) son por infracción al artículo 19 inc. 4. Es decir por gritos agresivos o alteración del orden y la tranquilidad pública. Del mismo estudio surge que en el 98,9 % de los casos los testigos del hecho por el cual se realizó una detención contravencional son policías. Sí, los mismos policías que detienen, son quienes se ofrecen como garantía de que ellos mimos realizaron bien su trabajo. Al parecer el debido proceso es una palabra desconocida en estos casos. Ni que hablar de la asistencia letrada: en el 100 % de los casos no existió asesoramiento legal alguno y lo que es peor aún, demuestra el estado de indefensión de la persona detenida, en el 100 % de los casos se reconoce en sede policial haber cometido la infracción contravencional.

El 5 de Octubre del 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó “el procedimiento contravencional (de Tucumán)… no está en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo, y ha lesionado en el caso la inviolabilidad de la defensa en juicio y el derecho a la libertad”. En mayo de 2014 la Corte Suprema de la provincia de Tucumán, ratificó esa declaración de inconstitucionalidad de la ley de contravenciones policiales. Sin embargo a la fecha, sigue siendo utilizada para detener personas con el pretexto de que la inconstitucionalidad corresponde a un caso concreto y por lo tanto no obliga al Poder Ejecutivo a modificarla.

Esta ley ha servido, en diferentes momentos de la historia de la provincia, y sigue sirviendo en la actualidad, como un instrumento de estigmatización de ciertos sectores de la sociedad con quienes la institución policial se vincula fijando una relación caracterizada por la fuerza y la discrecionalidad. De esta manera se despliega una relación desigual y arbitraria, naturalizada por las partes y que además va más allá de las facultades y límites que la propia norma establece.

Las contravenciones policiales son utilizadas como la solución a un problema al cual el Estado no sabe cómo enfrentar, y delega en la policía esta función.

La política pública de seguridad, no puede basarse en la negación de derechos y garantías y mucho menos se debe creer que estos constituyen un obstáculo para obtener seguridad. El respeto a los derechos humanos es una condición de toda política de seguridad y no un obstáculo para alcanzar sus objetivos. No puede pretenderse entonces, considerar como solución a los problemas de seguridad ciudadana la persecución y detención de determinados grupos de personas o la saturación de algunas zonas con agentes policiales olvidando así, aplicar políticas integrales que tiendan a favorecer la integración de la población, evitando la marginalidad y la exclusión.

 

*Coordinador área Seguridad y Derechos Humanos
  ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA
en Derechos Humanos y Estudios Sociales)

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