Por Anita Bouzón Vittar
El conflicto mapuche es tan antiguo como el pueblo y tiene su raíz en la intolerancia profunda del hombre blanco que vino a conquistar nuestras tierras. Casi un siglo después de haber comenzado la violación sistemática de sus derechos, me encuentro con la espantosa desazón de que nada hemos aprendido y peor aún, nada sabemos. Un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.
Volvamos en el tiempo. En nuestras luchas por la independencia de la corona española, los nativos (preexistentes a los criollos) integraron numerosas tropas y ejércitos. De hecho, en su libro “La argentina de los caciques”, el antropólogo Sarasola, cuenta que San Martin, al cruzar de los Andes, se detuvo en Mendoza a pedirle autorización de paso a los lonkos (lideres) y estos no solo se lo permitieron, sino que se prestaron de guías para el General.
A pesar de la actitud colaborativa de los nativos (incluso hasta poco antes iniciada la Campaña al Desierto de Roca) no tuvieron ninguna representación en la Declaración de Independencia, y a partir de 1826 se forjó un proyecto de país que no los tuvo en cuenta. Argentina se dividía en dos: los criollos, por un lado, y todo lo que quedó fuera de ese territorio se lo llamó desierto, a pesar de que se estima que antes de llegados los españoles, habitaban dos millones de nativos. El originario no era, no existía, no habitaba.
Desde la iniciativa de Rivadavia de limpiar a los ranqueles (pueblo que habitaba el territorio hasta Alsina y Roca, las mal llamadas “expediciones al desierto” tuvieron una sola premisa: extender los límites del territorio, estableciendo así, no solo una división territorial de las “dos argentinas” sino también mutilando a los indígenas como legítimos hijos de nuestra patria. Los indios no eran más que bestias salvajes, desprovistas de toda humanidad y, como si fuera poco, tampoco eran considerados habitantes/ciudadanos de la patria que se gestaba.
“No debieran nuestros escritores insistir sobre la crueldad de los españoles sobre nuestros salvajes de América. Ahora como entonces nuestros enemigos de raza, de color, de civilización. Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos, sin poderlo remediar, una profunda repugnancia”, dijo Sarmiento en alguna ocasión.
Nunca se necesitó más excusa para aniquilar al originario, que su “salvajismo”, nadie quiso que el indio, con sus malas y salvajes costumbres interrumpiera el proceso que el hombre- blanco, europeo y católico -gestaba. Cuando escucho tildar de violentos y salvajes a los indios, me cuesta no cuestionar al emisor: ¿no es acaso salvaje despojarles sus tierras y reducirlos a la pobreza por más de un siglo? ¿No es salvaje masacrar, detener y hasta desaparecer a un grupo de personas reclamando por sus derechos? La desigualdad de derechos es violenta. El abuso de poder con el que reprimieron a los nativos es violencia. La resistencia de los pueblos originarios no lo es.
De una lectura rápida por la historia podemos refutar, al menos, la intención del gobierno de tildar de disparatado el pedido de secesión o, mejor dicho, la declaración de la Ministra de Seguridad afirmando que el pueblo mapuche está integrado a la república y de ninguna manera puede constituirse como otra independiente. Decir que los pueblos originarios están incluidos e integrados, que gozan de todos los derechos como cualquier ciudadano, es decir que Santiago Maldonado no desapareció: negar lo evidente.
El aparato institucional está previsto para nunca resolver las deudas ancestrales con nuestros nativos. La “usurpación” mapuche a las tierras del italiano Benetton, técnicamente es el pedido de lo que es suyo y les fue arrebatado: tras luchas y masacres, las tierras que se apropió el Estado, fueron vendidas en su gran parte a terratenientes, extranjeros y locales, para su explotación. La ley 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocuparon las comunidades indígenas originarias del país. La ley vino a saldar en 2010 una deuda ancestral del Estado con las comunidades, y fijó un plazo de tres años para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas realice el relevamiento catastral de las tierras ocupadas. Este plazo fue prorrogado por la ley 26.554 hasta el 23 de noviembre de 2013, y luego por la ley 26.894 hasta el 23 de noviembre de 2017.
La prórroga constante provoca que el relevamiento sea difuso y genera conflictos y tensiones entre los “propietarios” y los nativos como repetitivamente viene sucediendo hace algunos años. Los pueblos originarios deben ser reconocidos, no solo en su identidad y para la foto de campaña de algún político, sino también en el derecho sobre sus tierras. Ahora remediar el error cuesta doble: indemnización o expropiación por parte del Estado al propietario, y de una vez y por todas, devolverles a los nativos lo que es suyo.
La respuesta del Gobierno Nacional ha sido clara: silencio, represión, -y botones de la felicidad y alegría, claro- con un discurso que con sus actos fallidos deja entrever la intención de no actuar al respecto más que para “asegurar el bienestar de los demás ciudadanos ante la violencia mapuche”. Los medios, aunque no todos, por su parte, contribuyeron a la idea colectiva del “indio malo, sucio, vago y salvaje”, opuesta al “indio bueno” (numerosos ejemplos al estilo Clarín) que se resignó y ahora trabaja para ganarse el día o consiguió ante repetidísimas denuncias y pedidos a los organismos correspondientes, algún par de metros inútiles en donde vivir. Instalar una nueva grieta, en donde la otredad siempre se niega y reduce sus parámetros de existencia si -y solo si- se adecúa a los propios.
Nada hemos aprendido. No cambiamos nada.