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Por Juan Paz

La Cobertura Universal de Salud (CUS) es la nueva forma de cobertura sanitaria que impulsa el gobierno nacional como continuación al plan SUMAR que instaló el kirchnerismo. Ya comenzó a implementarse en la ciudad de Mendoza y próximamente hará sentir su peso en Santiago del Estero. ¿De qué se tratará esta nueva política sanitaria en la provincia?


El génesis de la CUS

En el año 1978, en Alma Ata (URSS), la organización mundial de la salud (OMS) estableció la estrategia de la atención primaria de la salud (APS) para alcanzar el objetivo de “Salud para todos en el 2000” basado en los 60 años de experiencia del sistema de salud soviético. Esta estrategia trataba de generalizar las bases de la planificación sanitaria soviética que consistían en la participación comunitaria, la prevención y la promoción de la salud.

Llegado el año 2000, el mundo capitalista no había alcanzado la meta de “Salud para Todos”, sobre todo en aquellos países vulnerables y en vías de desarrollo. Esto llevó a reformular las metas sanitarias, definiendo a Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que consistían en 8 objetivos que debían disminuir año a año: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2) lograr enseñanza primaria universal, 3) promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, 4) reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, 5) mejorar la salud materna, 6) combatir el HIV, 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y 8) fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

Estos tampoco pudieron cumplirse satisfactoriamente ya que todavía el mundo desecha 1.300 millones de toneladas de comida por año, las escuelas se caen a pedazos y se reducen los presupuestos para la educación y la salud. La mayoría de los estados son patriarcales y clericales, donde las desigualdades entre hombres y mujeres son profundas. Todo esto sumado al negocio lucrativo de la industria farmacéutica con las enfermedades (incluido el HIV), y a la contaminación ambiental liderada por Monsanto y las Mega minerías que impactaron e impactan directamente sobre la salud de la población, condujeron a no alcanzar estos objetivos.

En octubre del 2014 el comité regional de la OMS para las Américas propuso por resolución CD53/5 las estrategias para el acceso universal a la salud y a la cobertura universal de salud, fundamentando que en muchos países de América los habitantes no tienen un acceso a la salud. Lo cual no es el caso de la Argentina, ya que en nuestro país existe un sistema público de salud que garantiza la universalidad del acceso a la salud.

En este documento se establece 4 líneas estratégicas para las políticas sanitarias: Ampliar el acceso equitativo a los servicios de salud; fortalecer a las autoridades de salud; aumentar y mejorar el financiamiento para avanzar en la eliminación del pago directo de los servicios de salud; y el fortalecimiento intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud. A partir del 2015, los ODM fueron reemplazados por Los Objetivos del Desarrollo Sustentable, y se enuncia a la Cobertura Única de Salud (CUS) como uno de ellos.

 

Túneles bajo la grieta

Aprobada la CUS como estrategia a nivel mundial, en la argentina tuvo su expresión como Plan SUMAR durante los años kirchneristas donde fue impulsada por Manzur y Gollan como extensión del Plan Nacer, financiado por el BID. Este plan se convirtió en un disfraz estadístico para más de 15 millones de personas que accedían a los hospitales públicos por carecer de obras sociales o seguros privados de salud. Esto no solo llevó a “aumentar la cobertura social” para mostrarse como un gobierno que hace bien las tareas encomendadas por la OMS, sino también al beneficio económico del subsector privado mediante el pago de las prestaciones.

El estado argentino, durante el gobierno del FPV, por medio de esta nueva cobertura de salud, se convertía en un comprador de servicios de salud a la medicina privada, por lo que promovió el crecimiento económico de las clínicas y sanatorios. El estado compró (y compra) tecnología diagnostica y tratamientos de altos costos cuando los hospitales públicos carecen de esos recursos. Según el informe oficial de registro de gestión publicado en junio de este año, el plan SUMAR desembolsó más de 5.000 millones de pesos, de los cuales las regiones del Centro y el NOA fueron las mayores beneficiadas. No existen datos oficiales sobre el control hacia las empresas prestadoras de salud para evitar posibles sobre facturaciones, sin embargo durante este periodo se vio el crecimiento de la infraestructura de las clínicas proveedoras. Los empresarios de la salud también la levantaron con pala y eso no fue magia.

Con el decreto 908 aprobado y publicado en agosto del año pasado, el gobierno de Mauricio Macri anunciaba a la Cobertura Universal de Salud como una nueva forma de reorganización del financiamiento de la salud. En acuerdo general con los ministros de salud de las provincias donde gobierna el FPV se decretó que por única vez se destinaban 8.000 millones de pesos financiar la CUS, de los 27.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución con que compraron la pasividad de la CGT. Esto permitirá una “compra de servicios de salud” por el monto de $553 pesos para cada una de las 15 millones de personas que se atienden en los hospitales públicos, para ello estos “beneficiarios” tendrán una credencial para acceder a su historia clínica.

Esta medida no solo es contrapuesta a los lineamientos estratégicos de la resolución CD53/5 de la OMS, sino que conducirá al deterioro de la salud pública y a aumentar las ganancias de la medicina privada. Debido a que no será necesario equipar a los hospitales públicos con tecnología apropiada o tener recursos humanos calificados, sino bastará con que la medicina privada los tenga para que la población los pague de forma indirecta mediante los impuestos o de forma directa cuando el beneficiario de la CUS se quede sin margen en su tarjeta.

 

Santiago´s Healt Care System

El sistema de salud de Santiago del Estero también tiene un subsistema público, privado y de obras sociales que se fueron configurando en paralelo a las diferentes reformas sanitarias que se llevaron a cabo en todo el país, y que merecen párrafos particulares.

El ministerio de salud de la nación publicó los indicadores básicos Argentina 2016 con el apoyo de la organización panamericana de la salud (OPS), esta publicación recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diferentes fuentes oficiales. En Santiago del Estero, la esperanza de vida al nacer es de 77,8 años, más baja que el promedio del país. El 22,7% de la población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas, el segundo indicador más alto del NOA. El 25% de la población no tiene agua corriente y sólo el 22% de la población tiene cloacas. En la provincia la mitad de los establecimientos con internación pertenecen al sector público.

El 56% de la población no tiene cobertura de salud mediante obra social, este es uno de los aspectos que demuestra la elevada precarización laboral en la provincia. La situación de los trabajadores de la salud en Santiago también se encuentra deteriorada. Los médicos tienen un salario entre 15.000 y 18.000 pesos dependiendo de la antigüedad o si son docentes. El personal de obstetricia cobra 12.000 pesos, los de enfermería tienen salarios de 9.000 pesos y los contratos de locación alcanzan los 6.000 pesos. Salarios que varían entre la indigencia y la pobreza.

En Santiago del Estero aproximadamente el 60% de la fuerza laboral empleada formalmente pertenecen al estado, y su cobertura social es el IOSEP (instituto de la obra social de los empleados públicos). Actualmente se encuentra intervenido por el gobierno local cumpliendo un rol de financiador del estado, descontando casi el 5% mensual del salario de los empleados, eso llevó al deterioro de la obra social, ya que los beneficiarios deben pagar un “plus” en la atención médica, por estudios complementarios, y por internaciones o intervenciones quirúrgicas.

En la ciudad se muestra un desarrollo importante del patrimonio de las clínicas privadas durante la última década. Entre los más grandes se encuentran el sanatorio 9 de Julio, la clínica Yunes, sanatorio San Francisco, clínica Del Sol, centro de Diálisis. Con respecto a las empresas de diagnóstico por imágenes como TACSE, DMI y el  Instituto del Diagnóstico fueron los que más crecieron en el marco regulatorio de la oferta y la demanda del “mercado de salud”. Un aporte importante para el crecimiento de estos últimos fue la carencia de métodos imagenológicos en el sector público, como la resonancia magnética y equipos de hemodinamia, lo que lleva a la “compra” de estas prestaciones por parte del estado.

A pesar de los elementos estructurales adversos, Santiago del Estero, tiene buenas tasas de morbimortalidad. La mortalidad infantil es de 10 cada 1000 nacidos vivos y que desciende año a año al igual que las tasas de mortalidad perinatal, de nacidos con bajo peso y la mortalidad materna. Es difícil establecer la confiabilidad de los datos publicados ya que no existen otras publicaciones. Lo real es que la aplicación de la CUS en la provincia, conducirá a una profundización del deterioro de la funcionalidad del sistema provincial de salud, en donde los enfermos deberán pagar más para curar sus dolencias. Tal vez esta nueva política sanitaria encuentre un motivo de existencia en la posverdad que impulsa el macrismo desde sus buenos alumnos del frente cívico exorcizados de los malos espíritus kirchneristas.

 

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