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Por Lautaro Sayago

Bajo la presidencia de Mauricio Macri, que lleva vigente la mitad de su mandato, se está llevando adelante, este último mes, la tan esperada para algunos, y tan agobiante para otros, “Reforma Laboral”. Con objetivos claros y marcados, esta reforma busca encontrar en el país y en el mercado laboral un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de la economía y el arribo de nuevas inversiones que depositen su cuota de confianza en el país, a raíz de bajar el costo laboral.

Como era de esperar, los principales sindicatos que elevan la lucha de la clase trabajadora rechazaron fuertemente, semanas pasadas, a este intento de reforma, pero cambiando totalmente el paradigma, en esta última semana, la cúpula más alta de representantes de los trabajadores, el denominado triunvirato que maneja los hilos de la central sindical, llegó a un acuerdo con el ministro Triaca y el proyecto llegará al congreso.

Existen dos posiciones antagónicas que sitúan, por un lado, a la reforma laboral como necesaria debido a que el plano laboral en Argentina se encuentra obsoleto y mal regulado y, por otro, los que la rechazan debido a que representa un retroceso con respecto a la lucha que encabezaron históricamente las clases obreras por sus derechos laborales.  Para poder analizarla del mejor modo posible tenemos que situarnos en los distintos artículos que componen el proyecto, los que fueron consensuados por la cúpula de la CGT.

De ese modo, encontramos al “banco de horas”. Se trata del artículo 49, que propone una flexibilización a través de la eliminación del pago del plus a partir de realizar el trabajo en días feriados y horas extras, limitando y contemplando a la indemnización de acuerdo con el sueldo básico. El artículo 41, llamado paradójicamente “principio de solidaridad”, reformulado para facilitar que las empresas puedan contratar servicios de personal externo, sin que los responsabilice como un trabajador contratado por tiempo indeterminado.

Un saldo netamente positivo se lleva el artículo 28, que se basa en el blanqueo de trabajadores que realizan su trabajo de manera informal. Se calcula que hay un millón de trabajadores que se encuentran en condiciones de informalidad (o en negro) en el mercado laboral. La idea es permitir que las empresas no tengan penalidades, abriendo el paso para integrar a un número amplio de trabajadores a la plataforma formal. La reforma, en los papeles, facilita el trámite y baja los costos para que las empresas puedan contratar personal externo por tiempo indefinido. Sin embargo, ese régimen no podrá aplicarse cuando se trata de personal de limpieza, servicios médicos, cocina, informática o seguridad, planteando un escenario en el que será factible una profundización de la precarización laboral.

Es difícil de entender cómo la CGT días antes rechazaba ciegamente la reforma y ahora, luego de una pequeña y simple negociación consensuaron distintos puntos desfavoreciendo totalmente al polo que se deben defender, pese a que Héctor Daer, uno de los dirigentes de la central sindical declaró que está a salvo la integridad del derecho laboral.

En este momento, en diferentes partes del mundo, se están llevando a cabo este tipo de reformas. Podemos situar el ejemplo de Francia que, bajo la tutela de Macron, su presidente, intenta promover una experiencia similar. En ese caso, hubo una fuerte resistencia del pueblo y las centrales obreras que encabezaron disturbios porque consideran que esta reforma es muy desfavorable para los trabajadores. Las manifestaciones se tornaron sumamente tensas y dieron lugar a brotes de violencia.

Volviendo al plano que nos compete, como habitantes del suelo argentino, están los que resisten, los que aún no vieron a sus intereses difuminados por vaya a saber qué cosa. Entre los dirigentes sindicales que se oponen fervorosamente a esta ley de ordenamiento o reforma laboral, como quiera llamársele, es Pablo Moyana, secretario general del gremio de camioneros, quien declaró al Diario Perfil: “Se equivocó el Ministerio de Trabajo (al anunciar un acuerdo), vamos a exigir de acá hasta que se trate en el Senado que se eliminen todos los artículos perjudiciales para el trabajador y el día que se trate nos vamos a movilizar”.

También otro dirigente fue muy lapidario con sus declaraciones, hablamos de Hugo Yasky, de la CTA-T, quien consideró en un comunicado que “esto significa una traición de aquellos que hablan en el día de la lealtad de los trabajadores y de la patria”, pero después “en las sombras de los despachos oficiales firman contra los genuinos intereses de sus representados”.

Podemos identificar una multisectorial que rechazan esta reforma en distintos aspectos, desde gobernadores como Rodríguez Saa hasta intendencias como la de La Matanza, cooperativas y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

En conclusión, la reforma laboral es un proyecto que ya va camino al congreso, siendo avalada por los sectores más altos del sindicalismo argentino. Tras el gran apoyo popular obtenido por el oficialismo en las elecciones de octubre, pareciera que no quedan más resquicios que puedan dificultar el accionar del gobierno de ahora en más.

Un avance estrepitoso contra los trabajadores a favor de las empresas. Estas reformas empleadas en Brasil tampoco tuvieron un impacto positivo. Empresas que explotan empleados de ahora en más detrás de un plexo normativo que las contiene no tienen ningún obstáculo para poder acrecentar y maximizar sus bienes gananciales a costilla de la fuerza de trabajo de sus trabajadores. Se esperan grandes movilizaciones de parte del polo obrero, que obstaculicen de esta forma la ley de ordenamiento hasta su llegada al congreso. Sólo queda en tela de juicio a mano de congresistas el futuro de las relaciones entre las patronales y su plantel de trabajadores. Veremos, si logra concretarse, de qué manera puede llegar a impactar en el mercado y si de una vez por todas vemos llegar brotes verdes de inversiones que logren solventar el gasto público.

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