Ignacio Ratier y Matías Torezani.
El sábado 25 de junio, Subida de Línea viajó a la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, para cubrir el primer encuentro federal organizado por la Coalición por una Comunicación Democrática: “Medios, comunicación y tecnología para la inclusión económica y cultural”. Allí se presentaron los nuevos 21 puntos con los que se intentará disputar la elaboración del anteproyecto de la nueva ley de comunicaciones “convergentes”, hoy en manos de una comisión redactora designada por el Poder Ejecutivo.
El encuentro estuvo estructurado en cinco mesas panel distribuidas en en las que discutieron propuestas y se tocaron diferentes temas que atraviesan a la futura ley: la cuestión de la convergencia; la sostenibilidad de los medios populares; los nuevos 21 puntos; las condiciones laborales de los trabajadores mediáticos; la discriminación en la producción y distribución de contenido; la problemática de género; la participación de las cooperativas en las telecomunicaciones; el papel de los pueblos originarios. A continuación, un recorrido por lo más destacado de esta histórica jornada.
La conformación de las mesas -y la asistencia en general- estuvo caracterizada por la diversidad de sus expositores; representantes de universidades, funcionarios públicos de distintas provincias y expresiones partidarias, sindicalistas, cuadros técnicos de la comunicación, representantes de cooperativas, de pueblos originarios y de organizaciones ocupadas de la cuestión, relataron sus experiencias, trayectorias, visiones coyunturales y propuestas a tener en cuenta para la elaboración de la nueva ley de comunicaciones.
Apertura
La organización fue posible gracias al apoyo de la Defensoría del Público, el trabajo de la Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa (CPE) y el apoyo del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales de Información y de datos (SATSAID). Así lo resaltó Néstor Piccone, miembro de la coalición, al comienzo del discurso que cedió el paso al desarrollo de las mesas. Los encuentros federales responden a un cambio de metodología luego de los foros que se realizaron en las provincias en los últimos años. “Ante el cambio de Gobierno teníamos que refundar la coalición”, dijo Piccone, que luego destacó la participación de funcionarios públicos de diferentes colores políticos..
Las modificaciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Ley Argentina Digital, a partir del DNU 267/15 del gobierno de Mauricio Macri, suscitaron respuestas inmediatas en el tercer sector. Por ese motivo se presentaron los nuevos 21 puntos elaborados con la intención de disputar las bases del anteproyecto que la comisión designada por el PEN presentará en abril del próximo año.
El ex intendente de Santa Rosa y actual diputado nacional por la UCR, Francisco Torroba, recordado por votar en contra del DNU que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital, y el diputado provincial pampeano por el Frente Para la Victoria, Eduardo Tindiglia se encargaron de los discursos realizados a modo de antesala de las exposiciones.
Continuidades y novedades en los nuevos 21 puntos
Desde el momento en el que la comisión redactora comenzó a funcionar, muchos de los actores que protagonizaron la producción de la ley 26.522 pusieron en marcha una nueva de discusión que tiene en cuenta las premisas impuestas por el gobierno nacional y las debilidades de la primera ley. “Elaborar nuestro propio proyecto, llevar los artículos en los que coincidamos a todos los bloques parlamentarios”, propuso Piccone. Pues los nuevos 21 puntos mantienen los principios básicos del espíritu de la ley 26.522: la comunicación como un derecho humano, el federalismo, la diversidad en la producción de contenidos y en la propiedad de los medios, la pluralidad de voces y la libertad de expresión según los estándares del derecho internacional. Agregando, además, la legislación de internet, de la prensa gráfica y la distribución de la pauta publicitaria oficial, por mencionar algunos de los puntos más relevantes.
“El paradigma del Estado es ‘todo esto es un negocio’, vamos a ver cómo defendemos a los chiquitos”, expresó Damián Loreti, redactor de la LSCA. Pues existe una contraposición de concepciones, “para la OMC la comunicación es un bien transable, después estamos los que creemos que es un bien cultural y que debe ser regulada”, como dijo Gustavo Bellingeri, Secretario del Sindicato Argentino de TV.
El fetiche de la convergencia
La convergencia se ha convertido en fetiche para el Gobierno nacional. “¿Qué es ley de convergencia?” se pregunta Loreti, y luego contesta: “nadie sabe”. “Hay operaciones convergentes y no convergencia. En los 21 puntos hay cosas que no van a discutir porque no saben qué es la convergencia”, continúa. El DNU 267 atropella los estándares internacionales de la CIDH, implicando una regresividad normativa. La excusa de cambiemos fue “la necesidad de una ley convergente”, definiendo, de ese modo, el decreto como “una ley de transición”, aunque como ya se ha dicho en varias ocasiones, sus efectos estructurales son permanentes.
“El desafío es dar un salto superador hacia el mundo de la convergencia tecnológica. Para eso necesitamos una política articulada”, dice Luis Lázzaro, otro de los redactores de la LSCA. Sin embargo, Pablo Antonini (FARCO) expresa un ítem crucial de los nuevos 21 puntos: “debemos avanzar en la idea de internet como un derecho humano. La pauta oficial debe ser pensada para la sostenibilidad de los medios del tercer sector. La convergencia no cambia los principios básicos, en todo caso agrega nuevas dimensiones. No nos dejemos engañar por los que dicen que la discusión hay que empezarla de cero”. En esa misma dirección, el mismo Antonini y Loreti manifiestan su preocupación por el resguardo de los datos privados ante la avanzada de monstruos como Facebook, como un punto clave a tratar.
“Coincido con la intención de elaborar una ley de convergencia, pero la convergencia está desde que las telecomunicaciones irrumpieron en los medios de comunicación. El texto original incluía a las telecomunicaciones, pero en el Congreso lo sacaron”, afirmó oportunamente Guillermo de Fais (CTA, Entel, Telefónica). Finalmente, también se discutió la falsa neutralidad de la red y la utopía democratizadora que sobrevuela en las discusiones al respecto. “Tenemos un entorno digital mucho más concentrado todavía”, explicó Diego Rossi (Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA).
La sostenibilidad de los medios
Las modificaciones impuestas por el 267 afectan sobremanera al tercer sector, aun cuando los artículos que reconocen su existencia y garantizan un tercio del espectro no han sido cambiados. “Luchamos por marcos regulatorios que garanticen la comunicación como un derecho humano. Sobre la situación del sector: el impacto es muy grande, lo que no fue tocado por los DNU está en el freezer, por ejemplo los FOMECA”, dijo Antonini. Sobre ésta situación, uno de los puntos más resaltados fue el absurdo cambio implementado por el DNU, según el cual el cable ya no es definido como servicio cultural, sino como teléfono. A partir de ello, la recaudación impositiva baja considerablemente, dejando desprotegidos los FOMECA o el financiamiento de las radios universitarias, por ejemplo. “Necesitamos que los medios populares generen fuentes laborales. La pauta oficial debe ser pensada para la sostenibilidad de los medios del tercer sector”, agregó luego el representante de FARCO.
El complicado momento que atraviesan las radios universitarias también fue parte de la discusión. “El Estado debe garantizar el funcionamiento de las radios universitarias, que son muy diversas; tienen distintos presupuestos, cantidad de empleados, relaciones de dependencia, etc. El fondo para las radios universitarias, al igual que los FOMECA, está parado”, dijo Diego Ibarra (Asociación de Radios Universitarias de Argentina).
Los trabajadores de los medios en este contexto
El sector de los trabajadores de los medios de comunicación es uno de los más golpeados en estos últimos seis meses.
“Los trabajadores públicos y privados estamos atravesando una problemática, hay más de 2500 despedidos. Las condiciones salariales y los contextos de trabajos son también condiciones de la libertad de expresión. Son indisolubles”, dijo Flavio Frangolini (FATPREN).
Por su parte, Miguel Rodríguez Villafañe, jurista cordobés, exigió que se revisen las cuestiones referidas a la protección del sector ante las transferencias de las licencias: “que se informe a los trabajadores de los medios cuando las empresas en las que trabajan cambien de propietarios, que no se pueda transferir licencias si no se está al día con los salarios de los trabajadores, y que se asegure la reserva de frecuencias de radio para el 33% sin fines de lucro”.
Comunicación e inclusión
Mónica Bianchi (ex diputada) expresó su descontento ante la progresiva obliteración del lenguaje de señas en los canales de televisión. “Que las personas con discapacidad dejen de ser invisibles para la sociedad, para los medios y para los cargos públicos. No todos los hipoacúsicos leen los labios, algunos manejan lenguaje de señas”, dijo. Ella misma, hipoacúsica, explicó las diferencias entre la audiodescripción literal y la audiodescripción con español simple, en relación a los que tienen o no discapacidad intelectual y los problemas de interpretación que enfrentan ante los subtitulados muchas veces erróneos.
La alusión a la problemática de género estuvo en manos de Miriam Bobadilla (Red Internacional de medios con perspectiva de género) y de Mónica Molina (Red Parc por una Comunicación no Sexista).
“Continúan los problemas de brecha salarial, las mujeres cobran salarios menores por igual trabajo. Nosotras somos la mitad de la humanidad y eso no está reflejado en los medios”, dijo Miriam.
Mónica, por su parte, señaló que la red “trabajó en el artículo 3, donde quedó planteada la promoción del tratamiento igualitario”, agregando que “puede haber medios chicos, pero igual de misóginos y machistas que los más grandes”. Finalizó con un escalofriante dato: “las mujeres son propietarias del 1% de la tierra en el mundo, imaginen lo importante que es para nosotras tomar la palabra”.
Laura Mendez (Consejo de Comunicación Audiovisual Argentina) fue la encargada de representar a la gran masa de población indígena que habita el país. Recordó que por intermedio de la Red de Comunicación Indígena se hizo efectiva la participación del sector en la elaboración de la LSCA. Luego hizo hincapié en la importancia de tener “un marco de legalidad en el que los pueblos originarios puedan tener medios de comunicación”. Sus principales críticas se dirigieron a la pérdida de representatividad en el COFECA luego de su disolución y de la creación de ENACOM, y también al enfriamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y del FOMECA.
“Queremos una comunicación con identidad, que se incorporen nuestras palabras a través de las TIC. En el país quedan 16 idiomas originarios y sobrevive la memoria oral. El desafío es la comunicación con identidad. A veces sólo se utiliza lo indígena para lo cultural y lo pintoresco. Queremos defender la producción de contenidos propios. Hay una mirada sesgada: el indígena como fuente, que sólo puede ser entrevistado”, dijo Laura.
Lo que viene
Al finalizar la jornada se realizó la lectura del documento del encuentro (ver Declaración), luego aprobada por unanimidad. Los representantes de la delegación Santiago del Estero-Tucumán, Ernesto Picco y Pedro Arturo Gómez, tuvieron la oportunidad de realizar sus aportes. El próximo jueves 30, de 15 a 18 hs, se realizará una reunión en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en Olaechea y Mendoza. Asistirá Néstor Piccone de la CCD, Paula Castello de la Defensoría del Público. Allí continuarán las discusiones enfocadas en el contexto provincial. La invitación está dirigida a las organizaciones sociales, las productoras audiovisuales, los comunicadores populares de radio y televisión, y a cualquier interesado en la cuestión. El viernes 1 de julio sucederá lo propio en Tucumán.
Referencias