#Edición6

Notas sobre los contornos de la violencia institucional en Santiago del Estero

11 Minutos de lectura

 Por Celeste Schnyder  y Paulo Margaria 

  1. consideraciones generales sobre la violencia

Violencia es un fenómeno que reconoce una estructura sumamente compleja: es relacional lo que supone decir que su ocurrencia se comprende en el marco de la interacción dentro de marcos de conflictividad y antagonismo; se manifiesta en formas físicas y simbólicas; tiene una escala estructural porque está en la base de procesos como la conformación del estado – nación y el derecho, el mantenimiento de patrones de poder como el colonialismo, el capitalismo, el patriarcado pero también tiene una escala microsocial; las formas en que se ejerce y percibe la violencia varían de acuerdo a la coyuntura histórica-política. La violencia ha sido parte de procesos emancipatorios pero también de procesos autoritarios, dictatoriales y totalitarios. A todo esto debemos añadir que si bien la violencia tiene una realidad positiva, de castigo y de daño en el plano de la materialidad y de la corporalidad, ella articula procesos simbólicos de naturalización y normalización que hacen que desde un punto de vista del pensamiento las personas y las comunidades no siempre reconozcan o problematicen la violencia bajo este término (Michaud, 1978; Bourdieu 1996 ). Por todo esto podemos decir que existen más desacuerdos que acuerdos sobre el contenido de una definición. Esto tiene que ver con que la violencia, tal como lo señala Omar Acha, no es un referente empírico y objetivo independiente de los discursos y externo al pensamiento, sino por el contrario es un significante históricamente condicionado.

Como categoría conceptual agrupa distintas significaciones pero además tiene una carga valorativa asociada a consideraciones sobre su legitimidad y legalidad. Los discursos políticos que dieron sentido a la transición hacia la democracia en Argentina ubicaron a la violencia como un instrumento propio de regímenes militares y de organizaciones subversivas, una expresión anti-política y anti-democrática. Como señala Omar Acha (2010) “la noción de “violencia” en política, la “violencia política”, ha circulado desde 1983 como un significante decisivo en la memoria social y en la investigación universitaria de lo que genéricamente se denomina “los setenta”. Aunque ya desde los años sesenta existió una crítica de la violencia, fue con el retorno al sistema democrático que adquirió la categoría de ideología masiva o sentido común. Salvo en algunos sectores delimitados, la violencia fue vista desde entonces como un elemento indeseable y un obstáculo para la vida democrática”.

El uso de la categoría activa a su vez una dimensión emocional y política en tanto es empleada para desacreditar comportamientos y actores. Incluso algunos intelectuales de diversas disciplinas han manifestado su rechazo a tratar la violencia como un fenómeno pasible de ser explicado en tanto ese conocimiento podría erigirse en un argumento justificatorio de los responsables de procesos represivos. En este contexto, cualquier debate en torno a la violencia realizado en abstracto -es decir, sin una descripción de los procesos que la constituyen, los actores que la ejercen, los sentidos que la articulan- corre el riesgo de quedar encerrado en justificaciones o rechazos en detrimento de la comprensión.

 

  1. la violencia es una práctica social.

Una práctica puede definirse como disposiciones durables y orientadoras de la acción que el agente ha interiorizado en el transcurso de su historia, desde la posición que ocupa en el campo social, que se ponen en juego en la vida cotidiana (Bourdieu, 1991). Al definir la violencia como una práctica buscamos señalarla como un comportamiento socialmente aprendido y construido para corrernos así de los enfoques que la sitúan como mera reacción individual, instintiva, primitiva e incivilizada.

Vivimos en sociedades organizadas sobre patrones de poder que engendran violencias. Neoliberalismo, patriarcado, racismo articulan prácticas violentas que estallan día a día. Zaffaroni nos viene advirtiendo sobre esto: no es casual que América Latina ostente uno de los coeficientes de Gini más altos del mundo junto con tasas de criminalidad también elevadas. En sociedades organizadas en base a la desigualdad las violencias, más que hechos extraordinarios, son parte de patrones de comportamiento arraigados en la cultura y sostenidos por complejos procesos de legitimación. Patrones de construcción de relaciones de poder, de regulación y resolución de conflictos, de expresión identitaria, por ejemplo. Entonces la violencia no es solo la acción de un individuo quien, llegado el caso, es el que debe asumir la responsabilidad legal; es una práctica aprendida y legitimada por “los modos de hacer” que dan forma a las relaciones en nuestras sociedades.

 

  1. la violencia represiva y la violencia institucional

Violencia es un concepto que adquiere su especificidad acompañado de otro sustantivo o adjetivo: violencia represiva, violencia política, violencia económica, violencia de género, violencia delictiva, violencia estructural, violencia colectiva y así podríamos seguir hasta confirmar que ella está presente en todos los ámbitos de la actividad humana.

Aquí nos interesa esa violencia en la que está presente el Estado a través de sus agentes. Nos interpela por nuestra historia política. Porque nuestra democracia está construida sobre un amplio consenso social en torno a un “nunca más”, entre otras cosas, a la violencia estatal y a la fundación de un Estado que se pretende garante de derechos.

La violencia, en términos generales, podría definirse como un acto de coerción cuyo objetivo es producir un daño sobre alguien o hacerlo actuar contra su voluntad empleando la fuerza física o la intimidación (Crettiez, 2009). Debemos distinguirla de conceptos asociados como la fuerza y la represión. La fuerza designa aquella violencia ejercida por agencias estatales que es considerada legítima en tanto se ajuste a las condiciones y límites establecidos por la legalidad. “Lo distintivo de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia” (Weber [1919] 2007:2).

La represión en cambio designa la implementación de un conjunto de mecanismos coactivos por parte del estado (cualquiera sea su contenido de clase), sus aparatos o agentes vinculados a él para eliminar o debilitar la acción disruptiva de diversos actores sociales y políticos y que supone hechos de  ilegalidad y / o clandestinidad  (Aguila, 2013).

¿Dónde situamos a la violencia institucional? de acuerdo a Perelman y Tufró, autores del informe del CELS “Violencia Institucional” (mayo, 2017), esta categoría emergió en los años 80 como una construcción colectiva entre movimiento de derechos humanos, de víctimas de violencia policial y de la investigación académica. Inicialmente agrupó problemáticas asociadas al accionar abusivo / letal de agentes policiales y penitenciarios considerado diferente -mas no sin relación- al terrorismo de estado. Desde esta perspectiva han sido comúnmente consideradas formas de violencia institucional: “la discriminación por parte de los policías, el sometimiento a un proceso penal en el marco de una “causa armada”, el golpe de una tonfa policial en el ingreso a un  estadio de fútbol, las detenciones arbitrarias, la extorsión policial para habilitar usos del espacio público (ej. la venta, el consumo de sustancias prohibidas, el trabajo sexual), las heridas causadas por el uso de armas, las ejecuciones y la tortura (…) Existen formas de violencia de menor intensidad pero de carácter sistemático, como algunas prácticas de hostigamiento policial a jóvenes pobres que incluyen insultos, “verdugueo”, imposibilidad de circular, requisas sin orden judicial, etc. Estas prácticas también son consideradas formas de violencia institucional por el modo en que afectan la vida cotidiana de estos jóvenes y porque en muchos casos constituyen la puerta de entrada a relaciones de abuso sostenidas en el tiempo, que escalan hasta derivar en hechos muy graves como torturas y muertes (p.10).

En los años 90 los usos de esta categoría se fueron ampliando para señalar la responsabilidad, directa e indirecta, de otros agentes estatales al compás de los compromisos asumidos por el Estado Argentino en función de la adhesión al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El informe propone cuatro grupos de formas de participación estatal indirecta en hechos de violencia: Tercerización o delegación de la violencia; Participación estatal por denegación de acceso a un servicio; Participación indirecta-activa y necesaria de agentes del Estado; Responsabilidad por ausencia estatal y/o exclusión social.

 

  1. los contornos de la violencia en Santiago del Estero

Es sabido que el estado ejerce su poder punitivo de manera desigual en los diversos sectores sociales y que su rostro violento se manifiesta de forma selectiva y con mayor virulencia sobre determinados sujetos sociales.

Juventudes de barrios marginales viven expuestas a la posibilidad de la punición temprana como adultos y al hostigamiento cotidiano por parte de agentes policiales; comunidades campesinas desplazadas de forma violenta de sus tierras por grupos parapoliciales al ritmo de la expansión del agronegocio; espionaje y coerción policial sobre organizaciones sociales y ciudadanos que demandan en el espacio público por distintos derechos; tratos degradantes dentro de instituciones de encierro, configuran algunos de los territorios, sujetos y conflictos en relación a los cuales los agentes policiales y penitenciarios despliegan prácticas violentas de distinta intensidad.

No existen estadísticas y datos que nos permitan componer un diagnóstico sobre la magnitud de esta problemática, pero una mirada al tejido social nos permite avizorar que la violencia es una preocupación sentida dentro de nuestra comunidad.

La creación de la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos en la esfera del Obispado de Santiago del Estero (1995); el proceso de organización impulsada por víctimas y familiares de violencia policial como Madres del Dolor y Madres del Pacará ; la formación de colectivos profesionales que acompañan las demandas de justicia como Práctica Alternativa del Derecho (PRADE); y más recientemente la constitución de una Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional (2015) ponen de relieve que la violencia no pasa desapercibida, que forma parte de una agenda social y que pugna por instalar su abordaje en el ámbito de las políticas públicas.

El Informe de Situación de los Derechos  Humanos (2003) señaló que, de las 225 denuncias recibidas entre 1999 y 2003 por la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos, un 36 % involucraba a la policía y un 25% al PJ. Los casos denunciados correspondían en un 27 % a apremios ilegales, torturas, violencia policial y penitenciaria, un 19 % al abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios público, un 17% a discriminación, un 14% a impunidad, inseguridad jurídica y personal, inacción policial y judicial, un 11% a asesinatos y desapariciones, un 9% a persecuciones políticas, gremiales, policial, amenazas y un 2% a privación ilegítima de la libertad.

Lejos de constituir una cuestión de estricto interés de las víctimas y sus familiares, esta problemática ha impactado y reconfigurado dramáticamente el campo político local al punto de ser empleada como fundamento de una intervención Federal (IF), y de haber sido tema de agenda política durante dicha IF y los primeros años del gobierno post IF.

Por un lado, reconfiguró el campo político local porque ha sido parte de los fundamentos para la Intervención Federal de 2004 que coronó la crisis política institucional del gobierno del PJ Juarista. Crisis que, entre otros procesos, fue un emergente de la protesta de organizaciones sociales y políticas en torno a los crímenes de dos mujeres en los que tuvieron diferentes grados de participación funcionarios políticos y policiales del gobierno juarista. La adhesión de organizaciones sociales y ciudadanos que tuvo el reclamo de justicia de los familiares de Patricia Villalba y Leyla Bashier radicó en parte en que el llamado “caso Dársena” pudo ser significado como “caso paradigmático” del accionar represivo de una alianza entre jefes político-policial que dominaba la estructura del estado hace “50 años”.

Por tanto se podía reconocer una línea de continuidad entre la violencia institucional del presente y la violencia represiva de la década del 70. Al punto que Carlos Juárez fue el primer gobernador procesado por su responsabilidad en el terrorismo de estado durante su mandato 73-76 en el marco de la causa 9002 abierta en la justicia federal en el 2004.

 

Para la IF “restaurar el pleno estado de derecho en la provincia” y avanzar hacia un escenario posjuarista suponía, entre otros aspectos, la re-estructuración de una policía dentro de “los marcos de respeto a los derechos humanos y de servicio a la sociedad en la que debe desarrollar su tarea la Policía”. Con ese objetivo fue removida la cúpula policial, intervenida la institución por Gendarmería Nacional y desactivado el DIP, pero la principal acción desarrollada fue la sanción de una nueva ley orgánica policial. Siguiendo lineamientos nacionales, la nueva ley proponía un modelo de policiamiento comunitario, “respetuosa de la ley, respetuosa del derecho y fundamentalmente respetuosa de la gente” (Gobernador Interventor Pablo Lanusse, Nuevo Diario, 16/12/04). Por razones que no desarrollaremos aquí, la IF no reglamentó la nueva ley.

Por otro lado el nuevo gobierno provincial del Frente Cívico emprendió un proceso caracterizado por sus funcionarios como reforma luego del acuartelamiento protagonizado por la policía provincial en septiembre de 2006 atribuido a los jefes de la “vieja policía” que habían sido sumariados o exonerados de la fuerza. “Vieja policía» caracterizada como una fuerza politizada y portadora de una cultura institucional militarizada y autoritaria que debía ser reemplazada por una  “nueva policía” basada en el “perfeccionamiento constante, la fuerte presencia preventiva y el trabajo comunitario desde una perspectiva proactiva en materia de seguridad” (Jefe de Policía, Nuevo Diario, 26/08/12). Dichas modificaciones estuvieron centradas en la formación/capacitación de los agentes, la descentralización territorial de unidades con finalidad preventiva, y diseño de modalidades de intervención preventiva. Estas modificaciones fueron acompañadas por la inversión en la modernización de su equipamiento y ampliación de su infraestructura de oficinas y móviles. No obstante estas acciones no han impedido ni detenido el suceso de nuevos casos conmocionantes que tienen como responsables sospechosos agentes policiales y penitenciarios.

La violencia institucional es un emergente de los patrones de poder que articulan las jerarquías sociales a partir de las cuales el poder punitivo es ejercido con distinta intensidad. Mientras que estas prácticas abusivas son excepcionales o de menor intensidad en personas de clase medias y altas, para las personas de los barrios pobres, especialmente los adolescentes, se intensifican a veces hasta los límites de la letalidad. Sobre este sustrato, reforzado por las doctrinas que moldearon las políticas de seguridad en el país, se fueron construyendo saberes policiales y costumbres institucionales, “modos de hacer”, que no serán desmontadas por la mera democratización de su normativa (aunque este elemento es fundamental). La violencia institucional es una cuestión que trasciende lo policial y lo judicial en la medida que se legitima y afirma en las representaciones estigmatizantes que permiten la negativización y la intervención violenta sobre determinadas otredades. Una perspectiva integral supone problematizar el poder de policía del Estado dentro de contextos políticos específicos así como los procesos simbólicos que dotan de legitimadad social a la violencia.

Por último, si hoy la violencia institucional tiene un grado de visibilidad en la provincia y de interpelación al Estado es en gran medida mérito del esfuerzo que hasta aquí vienen sosteniendo las víctimas, sus familiares, organismos y las organizaciones sociales que acompañan la demanda por justicia y por el respeto de los derechos humanos.

Ilustración original. Gracias , Diego Emiliano

Bibliografia

Acha  Omar (2010), “Dilemas de una violentología argentina: tiempos generacionales e ideologías en el debate sobre la historia reciente”, Ponencia presentada a las Vº Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, UNGS

Aguila Gabriela (2013), “La represión en la historia reciente argentina: perspectivas de abordaje, conceptualizaciones y matrices explicativas”, en Contenciosa, Año I, nro. 1.

Bourdieu Pierre 1996 (1993), “Espíritus de Estado” publicado en Revista Sociedad. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales-UBA, N°8, pp.5-29.

Crettiez Xavier (2008), Las formas de la violencia. Buenos Aires: Waldhuter.

Michaud Yves, 1989 [1978], Violencia y política. Una reflexión post-marxista acerca del campo social moderno. Buenos Aires: Sudamericana.

Perelman Marcela y  Tufró Manuel (2017), .Violencia institucional. Tensiones actuales de una categoría política central. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Tiscornia Sofía (2008), Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. El caso Walter Bulacio. – 1a ed. – Buenos Aires : Del Puerto/CELS.

Weber Max, 2007, (1919), “La política como vocación” en El político y el científico. Buenos Aires: Altamira.


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