Columna Edición #13 Nacionales Política

Lo que nos falta

31 mayo, 2018

Lo que nos falta

Por Anita Bouzón Vittar.

Que no se debe legislar sobre el cuerpo de la mujer, eso está claro. Que el aborto igual se práctica, pero las muertes son siempre pobres y clandestinas. Que el secreto profesional de los médicos es exclusivo de los casos de renombre y doble apellido, con paga gorda de por medio, pero en cuanto el lugar sea un hospital público, la denuncia es inmediata y la violación al derecho del secreto profesional es inevitable.

A sabiendas de todas estas violaciones, una de las objeciones principales contra la despenalización del aborto es que, en los casos ¿importantes? el aborto es legal. En nuestro Código Penal, en su artículo 86, se disponen los casos en los que el aborto es no punible, es decir, las excepciones al castigo. Estas son: en los casos de peligro para la vida o de la salud de la mujer, en situaciones de violación, o de “atentado al pudor de mujer demente o idiota”. La ley data del año 1921.

Más de noventa años después, en 2012, la Corte Suprema se pronuncia con el fallo “F.A.L” sobre el aborto por violación y resuelve que las mujeres violadas, sean “normales o insanas” (de acuerdo con el fallo), pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, eximiendo de castigo al médico que practique la intervención. Según el fallo, sólo es necesario una declaración jurada que deje constancia del delito del que fue víctima la persona que quiera interrumpir el embarazo.

En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) pretendiendo seguir los lineamientos del fallo de la Corte y se dispone de carácter obligatorio en cuanto a su aplicación en todo el territorio argentino.

¿Resultado? Sólo nueve de veinticuatro jurisdicciones tienen protocolos de acción ante abortos no punibles. Otras ocho dictaron protocolos que dificultan el acceso a los abortos más que facilitarlos y otras nueve (entre las cuales se encuentra Santiago del Estero) no hicieron nada al respecto.

¿Legal?

Todo lo contrario, la historia del aborto en nuestro país está manchada de sangre, de judicialización de casos de aborto no punible, criminalización y discriminación de las mujeres en urgencias obstetricias, abortos realizados sin anestesia, y niñas forzadas a una maternidad –bastante- temprana.

Respecto esto cabe aclarar que no es lo mismo legalizar que despenalizar: lo primero supone un cambio profundo; lo segundo es lo que se hizo en nuestro país.  (El artículo 85 del CP describe al aborto como un delito, el artículo siguiente dispone las excepciones).

Y no tuvo buenos resultados. No vamos a apelar a las estadísticas, porque los números alejan, pero las historias humanizan. Los datos:

En 2012, a pocos meses del fallo de la Corte, en la Ciudad de Buenos Aires se le negó el acceso a un aborto a una mujer de 32 años víctima de trata que, posteriormente la Corte anuló.

En 2013, en Tucumán y Salta, los servicios de salud y los tribunales negaron el acceso a este derecho a tres niñas menores de edad en casos de violación.

En 2015, en Chubut, diez mujeres (junto con un grupo de psicólogos y médicos) denunciaron al Hospital Materno Infantil por torturas en la realización y tramitación de abortos legales. Fueron hostigadas por el personal, retrasándoles la tramitación por semanas, les realizaron abortos quirúrgicos sin anestesia. Sin contar, claro, con la sanción formal e informal de parte del hospital a los médicos y psicólogos que autorizan el aborto dentro del marco de la ley.

Hace unos meses nomás se liberó a Belén, que estuvo presa dos años de forma preventiva por ingresar al Hospital con un aborto espontáneo y ser acusada por los médicos de haber desechado el feto en el baño de la institución. Podríamos seguir. La lista es larga y dolorosa.

 

Qué nos falta (además de empatía)

Así como estamos, nuestra legislación no contempla la inviabilidad fetal. Es decir, si en cualquier término del embarazo el diagnóstico establece la imposibilidad de vida fuera del útero las mujeres no pueden abortar de manera legal, segura y gratuita. No tenemos ese derecho. Debemos portar el feto nueve meses para esperar dar a luz un bebé sin vida. O, bien, someternos a un proceso judicial. Injusto.

Fue el caso de una joven en la provincia de Tucumán donde se le negó el acceso seguro por parte de los dos hospitales con maternidad de la provincia por presentar un diagnóstico de feto anencefálico y anacraneano a las 15 semanas de embarazo.

Ahora bien, ¿por qué legalizar y no despenalizar caso por caso particular cuando sea necesario?

Porque nuestras experiencias son marco teórico suficiente como para concluir en los efectos negativos que tiene la penalización del aborto. Es decir, que el aborto sea un delito dificulta la viabilidad de los abortos en los casos que la ley ampara.

La ilegalidad de los actos configura una esfera oscura, temible de actos que se mueven siempre al margen y la idea de que se prohíbe lo que está “mal”. Es la excusa de los médicos como objetores de conciencia y los religiosos. Son los afiches pegados en la pared del hospital Materno Infantil en Trelew, Chubut, “escrachando” a los médicos que dieron el ok al avance de diez casos de abortos legales.

Es la excusa del Estado para no hacerse cargo de las muertes de miles de mujeres que no pueden pagar un aborto clandestino con la seguridad mínima requerida. Es el desconocimiento legal de cuándo es punible y cuando no. Es, a veces, la imposibilidad de determinar con precisión la causal de salud (que avala la ley) y el miedo de cometer irregularidades.

Sobran los motivos. Legalizar supone un marco de regulación que asegure en todos los casos un aborto gratuito, seguro y legal que reduzca la cifra de mortalidad materna y los embarazos no deseados. Un manojo de políticas públicas que asegure, en primer lugar, canales de información abiertos de educación sexual, métodos anticonceptivos, charlas informativas en colegios, comunas, centros vecinales, organizaciones. Educación sexual para decidir.

Garantizar el acceso a la anticoncepción y la inclusión de anticonceptivos de última generación entre los fármacos financiados por la Seguridad Social. Anticonceptivos para no abortar.

Aborto legal para no morir.

 

Argentina en el mundo: en qué lugar estamos

Lo que en nuestro país se presenta como un debate “novedoso” lleva sus buenos años resuelto en algunos otros lugares del globo: países que hace décadas tienen el aborto legal como derecho sin condición más que la de tiempo de gestación. Es el grupo más numeroso: más de 60 países donde la interrupción del embarazo es voluntaria y asistida por el Estado. El pionero fue la Unión Soviética, más tarde se sumaron Checoslovaquia, Polonia, Hungría y Bulgaria.

En nuestro continente el primero en hacerlo fue Cuba, pero en la actualidad Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Uruguay también cuentan con la legislación pertinente.

Le siguen los países de restricción leve, donde la interrupción del embarazo está permitida en caso de inviabilidad fetal, violación, riesgo de la salud de la mujer y factores socioeconómicos como Japón, donde la tasa de abortos se redujo considerablemente. De 1.170.143 en 1955 a 176.388 en 2015. Casi un millón de abortos menos.

La legislación de nuestro país se le parece solo a la de cinco países: Bolivia, Brasil, Camerún, Sudán del Sur y algunos Estados de México. Formamos parte del grupo en donde las restricciones son intermedias, lo que se deriva en la despenalización de casos muy particulares.

¿Entonces?

-Sólo algunos Estados en los que la presencia de la Iglesia católica es muy fuerte tienen la prohibición total del aborto (El Salvador, Nicaragua y República Dominicana en nuestro subcontinente, además de Malta y el Vaticano).

-Los países con mayor desarrollo económico tienden a legalizar el aborto (de las diez primeras economías mundiales, sólo en Brasil existen prohibiciones).

-O se legaliza y se considera una prestación pública o se penaliza la práctica: no existe despenalización completa sin legalizarlo tal y como se propone en la Cámara de Diputados.

 

El aborto es un derecho que le debemos a nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. Legislemos desde la evidencia y las referencias. Por un debate informado. Por una sociedad más justa. Por aborto legal, seguro y gratuito.