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Carlos Juárez es el límite ético

29 julio, 2018

Carlos Juárez es el límite ético

La polémica no tan pública sobre un reconocimiento al ex-gobernador santiagueño.

Por Eduardo Espeche.

La decisión del Concejo Deliberante de la capital de Santiago de nominar “gobernador Carlos Arturo Juárez” a un espacio público de la ciudad desató una polémica, no ya en los medios tradicionales (salvo en Radio Nacional, que difundió la sesión y las repercusiones que aquí se consignan), sino en las redes sociales, pero que aun así se tradujo en acciones concretas de repudio.

El martes 10 de julio emergió sorpresivamente el homenaje a Carlos Arturo Juárez -a petición del bloque del Partido Justicialista- en el temario de la última sesión antes del receso invernal. Los ediles autores de la iniciativa, Sofía Ramírez y Daniel Palazzi, más su compañero de bloque Jorge Chazarreta, fundamentaron el proyecto de dar el nombre del cinco veces gobernador al paseo de la platabanda de la avenida Los Pioneros (de Lugones hasta Correa), en el barrio El Vinalar. Pero cuando se esperaba un debate, la iniciativa fue aprobada por unanimidad (aunque se ausentaron tres opositores: Italo Cioccolani y Graciela Orbuj del PRO, y Antonio Casagrande, de Cruzada Santiagueña). Hubo discursos sin muchos matices en los que se destacó su figura política, pero se soslayaron las gravísimas acusaciones por crímenes de lesa humanidad en su segunda gestión de 1973 a 1976, por las que se le abrieron causas, sin que llegara a ser juzgado hasta su muerte a los 93 años, el 2 de julio de 2010.

Los concejales también sancionaron erigir un busto de Juárez (en el cruce de Los Pioneros y Corvalán), y entregar una placa conmemorativa a la viuda de Juárez, Mercedes Marina Aragonés, quien fue desalojada del último gobierno juarista (2002-2004) por el interventor federal Pablo Lanusse, tras el escándalo por el doble crimen de La Dársena.

La novedad del homenaje se difundió sobre todo en las redes sociales y rápidamente la asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia difundió un repudio que tres días después se presentó por escrito en el Deliberante, que por encontrarse de receso postergó su análisis para la reanudación de la actividad parlamentaria.

En concreto, lo que se cuestionó no es la trayectoria política de Juárez, legitimada por el voto popular -aunque no por ello exenta de controversias-, pero sí la represión ilegal durante su segundo mandato en los años 70, cuando en plena democracia fueron asesinadas 14 personas y varias decenas más secuestradas y torturadas, sobre todo opositores internos del Partido Justicialista. Entre ellos el concejal Emilio Abdala, que fue secuestrado por los esbirros de Musa Azar de la misma oficina del entonces ministro de Gobierno Robin Zaiek, presuntamente entregado a los militares y que hasta la actualidad continúa desaparecido. En aquellos años turbulentos Juárez recibió, con su esposa ya convertida en funcionaria, a la expresidente Estela Martínez de Perón y al siniestro ministro de Bienestar Social José López Rega, líder de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Esa presunta alianza represiva con López Rega y el operativo Independencia motorizó -hace pocos años- un pedido a la justicia federal para que imputara y citara a indagatoria a Martínez de Perón, que no prosperó.  

Musa Azar, el ex director de Informaciones Policiales (la Side local), reconoció en la causa Juana Aliendro y otros que Juárez era presionado por Antonio Bussi, en pleno operativo Independencia en Tucumán, para que intensificara la represión en Santiago del Estero, no obstante lo cual gozaba de autonomía. Y que por ello le “tiró varios muertos”, como Francisco Toconás, que fue arrojado en 1975 desde un helicóptero en Pozo Hondo, u otro detenido al que dejaron con explosivos atados a su cuerpo en el Parque Aguirre, que logró salvarse, pero fue recapturado y desaparecido. O también el secuestro de su piloto Gustavo Urtubey y de su hija, entonces menor de edad.

En 2007, Juárez fue el primer gobernador democrático procesado como autor mediato de secuestros, torturas y homicidios calificados, junto con su esposa, con menor responsabilidad. Sin embargo, diversos planteos de su defensa dilataron el proceso hasta su fallecimiento, en 2010, por lo que evitó ser juzgado y probablemente condenado.

El juarismo ya sin líder, terminó mudándose a las filas de Bases Peronistas y sumándose al Frente Cívico, según explica el investigador Ernesto Picco (1), lo que aporta para entender estos intentos vindicatorios:

“El pragmatismo de los militantes huérfanos de liderazgo los llevó a incorporarse al nuevo oficialismo zamorista. Pero debe advertirse que ha pasado poco tiempo: desperdigados en los barrios, la administración pública y algunos cargos de gobierno, perdura el recuerdo, el respeto y tal vez la añoranza por el viejo líder.

A mediados de 2010, una multitudinaria caravana acompañó la pompa fúnebre de Carlos Juárez, que se encontraba aislado de la política hacía ya más de un lustro. La integraban dirigentes del PJ, de la CGT, de Bases Peronistas, reconocidos kirchneristas, funcionarios de gobierno, dirigentes barriales y vecinos de a pie (Cordero y Campos 2011).

Durante esa jornada, la caravana recorrió la ciudad entonando la marcha peronista y varios de los cánticos populares que la militancia juarista había creado para su caudillo. En un acto hasta entonces inédito, los juaristas que habían permanecido seis años camuflados hacia adentro del Frente Cívico o el kirchnerizado Partido Justicialista, protagonizaron una efímera, pero contundente reivindicación simbólica del juarismo. Inmediatamente después, volvieron a sus actividades de rutina en las filas del kirchnerismo y el zamorismo”.

Quizás por esos argumentos, un funcionario del gobierno al ser consultado admitió su disgusto con la ordenanza aprobada por los concejales, pero declinó pronunciarse sobre ella por considerar que “divide fuerzas”.

Esa nostalgia por el líder desaparecido tuvo otros hitos recientemente. En junio de 2016 el senador nacional oficialista, Gerardo Montenegro, logró que la Cámara Alta aprobara un proyecto de su autoría y homenajeara al ex gobernador y senador, a 6 años de su muerte. Sin embargo, esa reivindicación no despertó cuestionamientos públicos. Montenegro, en su alocución, sólo mencionó sobre la espinosa gestión de Juárez en los `70 que “el 7 de octubre del año 1973, y tras triunfar ante el candidato apoyado por Héctor Cámpora, asumió su segundo mandato como gobernador, continuando con las obras públicas para mi provincia, en lo que se destaca la creación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Este período terminó abruptamente con el golpe de Estado del ’76, y nuestro gobernador tuvo que exiliarse en México y luego en España” (2).

Además, el 2 de julio de este año, un grupo de juaristas, entre ellos el concejal Palazzi, le tributaron una ceremonia por el aniversario de su muerte, en el cementerio privado donde se encuentra sepultado.

La Sesión

Pero veamos cuáles fueron los argumentos de los concejales para aprobar el reconocimiento a Juárez (3).

El edil Daniel Palazzi (PJ), coautor del proyecto junto a su compañera de bancada Sofía Ramírez, afirmó que “Juárez fue un gobernante que llevó a la cúspide al peronismo de Santiago del Estero. Los que militamos y trabajamos cerca de él, vemos con orgullo este reconocimiento, junto con los compañeros de los distintos bloques que de alguna u otra manera reconocen lo que el doctor supo hacer por su provincia. Algunos pueden estar de acuerdo o no con su gestión, pero para nosotros él fue, es y será el más grande que tuvo la historia del Peronismo en Santiago del Estero”.  

Palazzi dejó en claro que contó con el respaldo de las máximas autoridades de su partido: “No quiero dejar pasar por alto el apoyo de nuestro presidente del PJ, José Emilio Neder, de la Junta Departamental, Gerardo Montenegro y el secretario Carlos Silva Neder y a todas las agrupaciones y compañeros que se hicieron eco”.

Ramírez agradeció al cuerpo el acompañamiento para distinguir “a un caudillo como fue el Dr. Juárez, con errores y virtudes, pero creo que todos los gobernadores que llegaron con el voto popular necesitan ser reconocidos, sean del peronismo o de otro color político. Hoy nos toca reconocer al Dr. Juárez como un caudillo del peronismo, ya que llegó a ser gobernador muy joven y llegó a ocupar ese cargo cinco veces”.

Por su parte, el edil Jorge Chazarreta (PJ) recordó que Juárez vestía “ropa Calvin Klein y sus característicos anteojos oscuros” en una visita a la recién conformada Juventud de Suncho Corral, y destacó “el saludo de la gente a su paso, algo que es propio de un líder”. También reflexionó que la nominación de un paseo público “es un homenaje que algunos llamarán chico, pero no nos interesa eso, sino el reconocimiento a la figura que está latente y presente todos los días en la militancia. Por h o por b, siempre lo nombramos a Carlos Juárez, como a (Juan Domingo) Perón. Y bueno, algo habrán hecho estos líderes”.

Lelio Manzanarez (FC) rememoró que durante los últimos gobiernos de Juárez se inició en la militancia opositora, pero, no obstante, aclaró que “debemos ser respetuosos de una persona que fue elegida democráticamente en muchas oportunidades, en diferentes cargos y que creo que a la democracia le hace bien este respeto (…), entendiendo que no siempre el que piensa distinto es un enemigo, sino al contrario”.

René Loto (UCR) de igual forma explicitó sus diferencias ideológicas con Juárez, pero sostuvo que “hay que destacar que fue un verdadero líder político. Dio muestras acabadas de su capacidad y siempre voy a recordar cuando desde la nada se postuló a gobernador. Y cuando todo el mundo pensaba que eran escasas sus posibilidades demostró sus cualidades de líder y venció al candidato de la intervención federal. Eso terminó de consolidarlo como líder” (en alusión a Juan Manuel Bertolino, quien fue delfín del interventor Juan Schiaretti, pero fue derrotado por Juárez en abril de 1995).

El presidente del cuerpo, Juan Manuel Beltramino (FC), recordó que trabajó en uno de los gobiernos de Juárez como técnico en la elaboración del presupuesto, pero aclaró que “sin ser militante justicialista, nunca me llamó la atención por no participar en algún acto, aunque yo le había dicho que era un técnico que trabajaba para la provincia y no lo hacía políticamente. Siempre me respetó. Luego fui tenaz opositor en la Cámara de Diputados y jamás fui observado ni discutido por los legisladores que lo representaban. Y creo que fue la única vez que ordenó a su bloque traer un proyecto mío y hacer que lo aprobaran, pese a ser opositor. Luego estuve en la gestión de Mario Bonacina (ex intendente capitalino), totalmente opuesta, y tuve varias entrevistas, enfrentamientos e intercambio de palabras, pero con respeto mutuo”.

Y finalizó: “La historia, cuando pasa el tiempo, va decantando las pasiones y llega el momento en el que hay que reconocer a aquellos que por algo fueron elegidos alguna vez, con errores o aciertos”.

El repudio

El viernes 13 de julio, representantes de organismos de DDHH como la asociación por la Verdad, la Memoria y la Justicia y demás organismos de DDHH, Ex Presos Políticos, Hijos, APDH, entre otras personalidades reconocidas en el ámbito de derechos humanos, presentaron una nota de repudio a la ordenanza reivindicaroria de Juárez en el mismo Concejo Deliberante.

El abogado Pedro Orieta, querellante en causas federales, explicó que “en este caso, presentamos una nota de repudio por la sanción de la ordenanza mediante la cual se le hace un reconocimiento a Juárez, colocándole su nombre a un espacio público. Nosotros focalizamos nuestro planteo en la violación de DDHH en la comisión de delitos de lesa humanidad, sin cuestionar la condición de ex gobernador ni su elección por parte del pueblo o su gestión.

Consideramos que un espacio público no puede tener el nombre de una persona que fue implicada en delitos de lesa humanidad, si bien es cierto no fue condenada, era investigada al momento de su muerte. Estaba acusado por la desaparición del concejal Abdala o la detención de Moreno (Noemí Raquel, que perdió su embarazo por golpizas y torturas), o de militantes del PJ que eran de la facción de Francisco López Bustos y algunos otros de la Juventud Peronista. Nos parece sumamente grave porque es un claro retroceso a las políticas de DDHH que se vienen ejecutando desde el Estado provincial. Es un desconcierto que lo haya aprobado el parlamento municipal, sin tener en cuenta la situación de los desaparecidos, ex presos políticos y la tramitación de estas causas, y además de documentación escrita”.

El letrado calificó a Juárez como “sujeto nefasto de la historia política de Santiago del Estero” porque durante sus gobiernos mantuvo a Musa Azar, jefe del Departamento Informaciones Policiales en los 70 y en los 90, o al ex militar Jorge D´Amico como secretario de Seguridad, ambos condenados luego por crímenes de lesa humanidad.

“Si la sociedad santiagueña está en un proceso de reconstrucción de un nuevo entramado político del cual el Estado provincial se hace eco y acompaña, no exento de contradicciones como toda gestión, no entendemos cómo el Estado municipal desoye esta línea política que se viene ejecutando y hace caso omiso a los reclamos y a la memoria de los desaparecidos al colocar el nombre a un espacio público de un investigado por genocidio y la comisión de delitos de lesa humanidad. Es un espacio común, ni siquiera se les consultó a los vecinos que tendrán que convivir con ese nombre vinculado a delitos de lesa humanidad y genocidio. No es un espacio partidario. Si el PJ necesita reivindicarlo, es una decisión de ese partido y no lo vamos a cuestionar, pero sí que la municipalidad haga un reconocimiento a una persona investigada por la comisión del delito de genocidio, como lo fue Juárez”.

“Si la sociedad santiagueña está en un proceso de reconstrucción de un nuevo entramado político del cual el Estado provincial se hace eco y acompaña, no exento de contradicciones como toda gestión, no entendemos cómo el Estado municipal desoye esta línea política”

Orieta señaló que el pensamiento vivo de Juárez, condensado en su libro “La hora crucial en Argentina” (4), fue citado en los alegatos del juicio Aliendro, cuando reflexiona sobre el Proceso:

“Dentro del ciego enjuiciamiento inexorable, todo lo que contribuye a vertebrar el sistema recusado, en cuanto a las instituciones, legislación, organización, estructura y dirigencia, debe ser allanado y sustituido sin contemplaciones, a cualquier precio. El fin justificará los medios, sin distinción alguna, para lograrlo hay que pagar cualquier precio, aun la cuota de sangre si fuese necesaria y hasta de sangre inocente. Quizás, hasta se piense que no sea superflua si sirve para acrecentar el pavor. Quizás hasta se crea que puede ser un holocausto ejemplificador indispensable”.  

Para Orieta, el documento no deja lugar a dudas: “Estas son las palabras de Carlos Juárez sobre los años 70. Esto es Juárez y lo que denunciamos y se logró investigar. Incluso está plasmado en las sentencias judiciales que se tramitaron en Santiago y Tucumán. La vigencia del terrorismo de Estado en la provincia no solamente a partir del 76, sino antes: comenzamos a ver detenciones ilegales a partir del año 74. La modificación de la estructura del poder judicial federal a principios del 75, con la designación del juez (Santiago) Grand, que en su momento fue candidato por la lista de Juárez a legislador nacional. Y quien es responsable de la participación en la desaparición y el exterminio de muchos compañeros y compañeras”.   

El querellante sostiene que el homenaje de un gobierno municipal a Juárez es un mensaje nocivo para la sociedad y no se debe dejar pasar.

“¿Por qué decimos genocidio y nos preocupan sobremanera estos gestos políticos e institucionales? Porque de alguna manera es lo que denomina Daniel Ferenstein la práctica social genocida. El genocidio en los años 70, el exterminio de un grupo social determinado no solamente tuvo la finalidad de encarcelar, torturar y desaparecer esas personas, sino también tuvo como finalidad el disciplinamiento social que sigue repercutiendo en nuestra actualidad. Y el Concejo Deliberante de la capital viene a abonar esta tesitura. No es otra cosa que la invisibilización: no hacerse cargo de la discusión del sujeto genocida y de los responsables implica continuar con una práctica social. Es necesario que los organismos del Estado nos hagamos cargo en cada uno de sus espacios y responsabilidades. Empezar a cuestionar y preguntarnos, porque si no, seguimos contribuyendo de alguna manera a que siga generando efectos esa práctica genocida de los años 70”.

Por último, el abogado querellante Hector Carabajal, hijo del fotógrafo y militante del PJ desaparecido, Héctor Rubén Carabajal, coincidió en la preocupación porque “la iniciativa que aprobaron los concejales implica un grave desconocimiento de quién fue Juárez, además de lo público y notorio de sus gobiernos, porque en las causas de lesa humanidad estuvo procesado antes de morir por la desaparición del concejal Emilio “Chongo” Abdala, desde la propia casa de gobierno. No llegó a juicio porque una comisión médica lo declaró senil y falleció, sin que se pudiera avanzar con la investigación judicial. Esto es lo que pasó con muchos de los responsables directos de los crímenes de lesa humanidad que, por la edad o el tiempo en el que pudieron ser juzgados los crímenes, lograron esa impunidad biológica, al escapar de la justicia por la edad o, en este caso, por la muerte. Murió inocente, pero no fue inocente”.

Carabajal precisó que en la causa Aliendro, en la que se juzgó la desaparición del concejal Abdala y los detenidos-desaparecidos en su gobierno, se logró establecer en una sentencia -que tiene autoridad de cosa juzgada pues fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación-, una doble articulación en la represión de Santiago del Estero: “Estuvo dirigida hacia la lucha contra la subversión –como la llamaban en ese momento, con la eliminación de los opositores políticos- y también para suprimir las disidencias políticas del juarismo. Muchos de los sobrevivientes que sufrieron cárcel o los desaparecidos eran opositores, como el caso de la fracción de López Bustos, (Guillermo) Rudy Miguel, mi propio padre, las detenciones de Arias, de la Juventud Peronista, y muchos otros que fueron rivales en las elecciones de 1973. Se logró determinar que fueron crímenes de lesa humanidad y que la responsabilidad llegaba hasta Musa Azar, (Luciano) Menéndez, etc. Y, si Juárez hubiera estado vivo al momento del juicio, hubiera sido condenado”.

Carabajal opinó que es muy grave honrar su memoria después de conocidos estos hechos en los juicios que tuvieron una amplia difusión: “Es un grave desconocimiento de los concejales que votaron esta iniciativa, porque este juicio fue en 2010. Si se puso antes su nombre a algún lugar público, está bien, porque no se conocía o no se habían establecido con sentencia firme estos hechos. Hoy me parece una afrenta a las víctimas del terrorismo de Estado y, en definitiva, a la Memoria, la Verdad y la Justicia, y a la sociedad toda”.

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La figura de Juárez despierta polémica aún después de su muerte, no sólo por su estilo de gobierno, sino principalmente por su rol en la desaparición, torturas y asesinatos de opositores en su mandato previo al Golpe, por los que no llegó a ser juzgado. Varios de sus subordinados sí fueron condenados por esos mismos hechos, lo que hace suponer que difícilmente escapara a la responsabilidad por esos crímenes. Pero es una hipótesis contrafáctica, porque su muerte clausuró la posibilidad de su enjuiciamiento. Más allá de la discusión -no menor- de un espacio público que lleve su nombre, está en juego una reivindicación interpretada como un límite ético para superar una matriz autoritaria, que reprimió a opositores externos y especialmente se ensañó contra disidentes de su propio partido, como quedó probado en el fallo Aliendro (5). En esa sentencia se concluye que existió un patrón represivo en todos los gobiernos juaristas, de persecución y espionaje, cuyo antecedente más remoto data de 1952, apenas cuando comenzaba su extensa carrera.  

Notas

  1. Picco, Ernesto, en su artículo “Acerca del peronismo subnacional, el juarismo y otras variaciones locales: alianzas y disputas internas en Santiago del Estero entre 1946 y 2010”, publicado en la revista Trabajo y Sociedad, Número 21, 2013. Ver: http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/21%20PICCO%20peronismo%20juarismo.pdf
  2. Arena política del 16/06/16 http://arenapoliticasde.blogspot.com/2016/06/el-senado-adhiere-y-rinde-homenaje-al.html
  3. En la página oficial del Concejo Deliberante de Santiago del Estero puede leerse un resumen de la sesión http://www.cdsde.com.ar/2018/07/10/nominan-dr-carlos-arturo-juarez-a-paseo-del-barrio-el-vinalar/. Aunque se ofrece acceso a un video de la sesión a través de un enlace a la página prensasantiago.com.ar, el ingreso resultó restringido (última consulta el 27/07/18).
  4. Juárez, Carlos Arturo: “La hora crucial en Argentina”, pág. 68, Editorial Peña Lilo, 1982.
  5. Ver fallo completo Juana Aliendro y otros en: https://www.google.com/search?source=hp&ei=TLxcW728EsqXwASI4I3IBA&q=fallo+Aliendro+%2B+santiago+del+estero&oq=fallo+Aliendro+%2B+santiago+del+estero&gs_l=psy-ab.3…1255.7547.0.8002.37.36.0.0.0.0.170.3162.25j8.33.0….0…1c.1.64.psy-ab..4.27.2548.0..0j35i39k1j0i131k1j0i10k1j0i3k1j0i13k1j33i160k1j33i21k1.0.mq0uyGdA68Y