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Ser provincia en una crisis

9 octubre, 2018

Ser provincia en una crisis

Por Ignacio Ratier e Imanol Augusto.

Argentina se abrió cuando el mundo se cerraba. En poco tiempo perdimos credibilidad, el bajo nivel de endeudamiento y la posterior toma desmedida de deuda -mal invertida- produjo el cierre de persianas. Fuimos al FMI, decían, para sostener el gradualismo, y la corrida cambiaria dio el tiro de gracia. El Banco Central consultó al mercado y éste contestó que los pronósticos para este año no son buenos: casi un 45% de inflación y caída del 2,5% del PBI. ¿Y las inversiones? El Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación dice que la lluvia de inversiones, finalmente, fue un leve rocío: entre diciembre de 2015 y agosto de 2018, sólo entre un 5 y 6% de los anuncios de inversiones en petróleo, gas y minería fueron concretados. Para completar el cuadro, el presupuesto 2019 adelanta la profundización del ajuste.

 

Cambiemos maneja las cajas más grandes: Nación, CABA y Provincia de Buenos Aires. Esa concentración de poder político y económico tiene su correlato con el mainstream del análisis periodístico, que enfoca su mirada en un radio que no excede el Conurbano y Ciudad. Ni la muerte de José Manuel de la Sota pudo quebrar la lógica, entonces todo osciló entre el homenaje más o menos sentido, el requiem y la revisión de antecedentes. En un contexto de crisis inminente -recesión económica y severos ajustes- es necesario buscar en el fondo del placard el espíritu federal, y preguntarnos cómo están preparadas las provincias para pasar el verano más frío en mucho tiempo.

En diálogo con Subida de Línea, Martín Kalos explicó las implicancias del presupuesto que votará el Congreso. Por un lado, toda reducción de gastos implica un golpe a las provincias, si tenemos en cuenta que los fondos nacionales siempre se destinan a determinados territorios subnacionales, salvo excepciones como ciertas zonas marítimas, dice el economista. En ese sentido, la reducción prevista en gasto de capital afectará a la obra pública: menos viviendas, menos empleo, menos ingresos y consumo en poblaciones de todo el país.

El otro punto sensible es el de los recortes a las transferencias que el PEN hace a las provincias y municipios. Uno de los golpes más duros fue la eliminación del Fondo Federal Solidario (FOFESO), que provenía del 30% de los montos efectivamente recaudados en concepto de derechos de exportación de las exportaciones de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja, y eran repartidos entre las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A eso se suman recortes en gastos corrientes para salud, transporte, educación y tarifas sociales. En ese escenario, las provincias quedan entre la espada y la pared, ya que la estabilidad política depende en buena medida de contar con esos respaldos. Por lo tanto, se ven obligadas a redirigir recursos de, por ejemplo, obras comenzadas (rutas, hospitales) y ajustar sus respectivos presupuestos en rubros sensibles. “Las consecuencias directas son provincias con menos recursos y menos actividad económica, se suma también la cuestión de que van a recaudar menos (por ingresos brutos, por coparticipación). En ese panorama, el ajuste es muy fuerte en las provincias”, dice Kalos.

 

“Las consecuencias directas son provincias con menos recursos y menos actividad económica, se suma también la cuestión de que van a recaudar menos (por ingresos brutos, por coparticipación). En ese panorama, el ajuste es muy fuerte en las provincias”

 

Las protestas son moneda corriente en Buenos Aires, los cortes diarios producen malestar y dibujan una situación que, poco a poco, se va saliendo de control. En el caso de Santiago del Estero, sólo en el último mes, en la ciudad, se han realizado paros, marchas, ollas populares y cortes que canalizaron los reclamos de diferentes actores sociales: docentes y no docentes universitarios, organizaciones políticas como Barrios de Pie, la CCC y la CTEP, la Red de Organizaciones Contra la Violencia Institucional, trabajadores estatales despedidos, docentes del nivel primario y el nivel medio, entre otros.

 

Fotografía: Valeria Escalada.

 

Cada vez que hay un paro, el gobierno nacional saca la calculadora y dice cuánto le cuesta al país un día sin trabajo. Bajo la consigna de que el que tiene que sacrificarse es el otro, de alguna manera, se admite lo innegable: los trabajadores producen riqueza. En un breve ensayo titulado Pronunciarás mi nombre en vano, María Moreno recuerda que Martínez Estrada decía que Argentina, para salir de sus tragedias, debía encontrar el mapa de la cárcel donde estamos confinados y luego matar al gendarme. El problema, decía, es que no hay mapa y, tal vez, ni siquiera hay gendarmes. En ese mismo texto, la escritora recuerda algunas palabras del discurso de la poeta Diana Bellesi en la apertura del FILBA 2012: “Son los trabajadores los que acompañan los proyectos que impulsan el trabajo como una fuente genuina de crecimiento y riqueza dentro del país. Sin embargo, en cuanto empiezan a reclamar una participación amplia en esa riqueza, se convierten, rápidamente, en el peligro que acecha la estabilidad de aquello que han ayudado a construir”.

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Los gobernadores juegan su juego, aparecen en escena de formas más o menos discretas. Se prestan para la foto u ofrecen su ausencia; declaran o se cuidan, negocian, ceden, extraen beneficios o sufren pérdidas; pero siempre cuidan el rancho para que las consecuencias de la tormenta sean leves. El tironeo en la puja de intereses es el modo en que los líderes están obligados a existir políticamente. Si la Argentina es un país permeable al contexto global, las provincias, cada una con lo suyo, padecen el mismo cuadro con respecto a Nación.

El encargado de articular y lograr acuerdos con ellos es Rogelio Frigerio, quien el sábado 29 de septiembre twitteó que es importante el acompañamiento de las provincias en la definición de un presupuesto equilibrado. Frigerio, nieto del mítico Tapir, figura clave del desarrollismo frondizista y la etapa previa a la era Magnetto en Clarín, ha sido uno de los que mejor ha hecho los deberes asignados por el macrismo. Actor crucial en la construcción de acuerdos con las provincias opositoras, ha sabido ganarse el respeto de contrarios y el desprecio de la UCR que, puertas adentro, lo acusa de escupir el asado.

 

“Caminar por la fábrica, dice el entrevistado, es deprimente, el silencio se ha apoderado del lugar. Todo está parado y apenas hay algunas luces encendidas. La mano de obra directa está percibiendo un salario menor, puesto que deben ir cuatro días menos al mes. Cada uno hace lo que puede, hay administrativos haciendo tareas de limpieza, o sino realizamos capacitaciones dentro de la empresa”

 

Sólo en el centro de la capital santiagueña, este año, cerraron 40 comercios y 300 personas quedaron sin trabajo. Subida de Línea dialogó con un trabajador de la empresa textil Coteminas S.A, una de a las plantas más grandes de la provincia. La situación es dramática, en los últimos meses despidieron más de 300 trabajadores. Hoy quedan poco más que 630. Se calcula que hay stock para los próximos cuatro meses, razón por la que debieron frenar la producción. Caminar por la fábrica, dice el entrevistado, es deprimente, el silencio se ha apoderado del lugar. Todo está parado y apenas hay algunas luces encendidas. La mano de obra directa está percibiendo un salario menor, puesto que deben ir cuatro días menos al mes. “Cada uno hace lo que puede, hay administrativos haciendo tareas de limpieza, o sino realizamos capacitaciones dentro de la empresa”.

Dentro del variopinto panorama, Santiago del Estero es una de esas provincias con relativa estabilidad: hay salud fiscal y desendeudamiento. Provincias como Salta, Corrientes o Catamarca tomaron créditos antes de la corrida cambiaria y comprometieron su futuro. En situación estable, en materia fiscal, además, están La Pampa, San Luis, Santa Fé, Córdoba y Formosa. Sin embargo, al margen de Córdoba, que hace un aporte productivo significativo, el recorte en transferencias expone a las provincias a una situación muy delicada. Un golpe a los presupuestos amenaza con profundizar el índice de pobreza.

Desde el Gobierno santiagueño, señalan que tomarán una medida anticíclica para paliar la situación, que consiste en seguir incorporando a los registros a trabajadores de la construcción. Actualmente, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), hay más de 8 mil personas registradas, diez veces más que en el año 2005. El objetivo es que el año que viene ese número ascienda a 10 mil, para lo cual habrá que mantener activa la obra pública.

Obra pública, subsidios al transporte, tarifa social (más de 100 mil santiagueños se benefician de ella), Fondo Sojero y reestructuración de la deuda son los temas que más preocupan al gobierno provincial. La negociación en el Congreso será dura, las adhesiones de los gobernadores al pacto fiscal, conseguidas por Frigerio, no compromete directamente a los diputados, que tratarán de perder lo menos posible, teniendo en cuenta que es el poder político el que está en juego.

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Crisis no es sinónimo de catástrofe y 2018/2019 no es lo mismo que 2001. Sin embargo, es una situación delicada. El desastre que llevó a la renuncia de De la Rúa tenía similitudes y diferencias con la coyuntura actual. En aquel tiempo, veníamos de una recesión prolongada, con la bomba de la convertibilidad en las manos. Los niveles de endeudamiento eran significativamente más bajos que los de ahora y la estructura bancaria del país era mucho más frágil. Hoy estamos en recesión, con altísimos niveles inflacionarios y un déficit fiscal alimentado por la pérdida en la capacidad de recaudación del Estado y los intereses en deuda que llaman al fantasma del default. Hoy en día hay bancos más fuertes y una estructura de contención social que prorroga el rebalse. Por los actores en el poder y otras semejanzas, es inevitable la comparación, pero, como sostiene Julián Zícari, la crisis actual es otra cosa, y la pregunta es la misma de siempre: ¿quién paga los costos?