Derechos Humanos Edición 21 Ensayo Santiago del Estero

Controlar y recaudar. Transas, policías y jóvenes en un barrio popular en Santiago del Estero, Argentina.

28 mayo, 2019

Controlar y recaudar. Transas, policías y jóvenes en un barrio popular en Santiago del Estero, Argentina.

Por Federico Medina.

En la edición pasada de Subida de Línea nos hemos ocupado de la descripción y análisis de la venta de drogas minorista en un barrio popular de la provincia de Santiago del Estero, en un artículo que llevó el título de “Negocios y algo más. Dinámica de la venta minorista de drogas en un barrio popular de Santiago del Estero”. Allí me detuve a reflexionar acerca de los alcances del vínculo que entrelaza a “transas”, policías y jóvenes, mostrando una relación que desborda lo meramente comercial y hace posible ciertas formas de control social, ejercitadas entre “transas” y policías, sobre los jóvenes.  

En esta nueva entrega voy a completar ese análisis poniendo la lupa sobre ese “algo más” que sugiere el título elaborado en el anterior artículo. Para ponernos en órbita, la venta minorista de drogas requiere de tres componentes claves para concretarse: quien la vende en el barrio (“el transa”, vecino del barrio), quien la compra (el joven, vecino del barrio), y el policía o agente estatal que cobra para ello un canon conocido como “peaje”. En esa relación, hemos narrado cómo no solo la actuación policial se cumple mediante el cobro del “peaje”, sino que además se vincula con los “transas” para ejecutar todo tipo de formas de control social y violencia sobre los jóvenes.

Entonces, me voy a referir a diferentes prácticas de coacción/violencia que acontecen con frecuencia en este escenario y que han sido constantemente motivo de denuncias y reclamos de las madres de estos jóvenes. Con esto, pretendo reforzar la idea de que analizar el entramado de relaciones que caracteriza a esta práctica social solo desde una mirada economicista no permite iluminar otro tipo de relaciones que caracterizan a mecanismos de control y castigo social sobre jóvenes. En esta narración, cuando describimos y analizamos a estas prácticas, una pregunta atravesó toda la pesquisa: ¿las violencias ejecutadas por los “transas” sobre los jóvenes configuran procesos de “consolidación de clientes o formas de control social”?  Veamos un poco de qué se tratan estas prácticas para intentar responder esta pregunta.

Salir a robar o salir a robar

Una de esas prácticas es la coacción sobre jóvenes para que ejecuten robos y hurtos en otros barrios y, a partir de eso, asegurar nuevas compras de droga en cada “punto de venta”. En concreto, estas prácticas son descriptas por los jóvenes, sus madres y activistas en derechos humanos que trabajan en el barrio, como prácticas de “salidas obligadas para robar afuera del barrio” con el control de los “transas”, quienes se aseguran de trasladar y dejar a jóvenes en otros barrios alejados para ejecutar robos. Para hacerlo, la policía se ocupa de “liberar el territorio” donde se ejecutará el robo. Luego de robar, los jóvenes son obligados a utilizar la mercancía para comprar drogas al transa que promovió el delito.

Al respecto, las entrevistas elaboradas han reforzado la caracterización triangular de la práctica descripta, donde nuevamente los roles cumplidos por transas, policías y jóvenes se presentan como componentes fundamentales para cumplir con los robos fuera del barrio. Estas prácticas, a su vez, se montan sobre esa misma red de complicidad por medio de la cual la policía es plenamente conocedora de que las operaciones de venta de droga minorista, por lo general, se cumplen con la entrega de los objetos robados. Inclusive, como destaqué en el artículo anterior, los transas informan a la policía del stock disponible y éstos ponen precios a los objetos de las víctimas de esos robos.

La práctica de los “robos obligados” demanda, para concretarse, la conjunción tanto de la posibilidad de “liberar territorios” u “omisión de investigación” por parte de las fuerzas policiales, como las formas de coacción que ejecutan directamente los transas sobre los jóvenes. Un triángulo que nos exige pensar en diferentes relaciones de jerarquía y subordinación montadas unas sobre otras: la de “transas” sobre jóvenes, quienes, privándolos de libertad y aprovechando la situación de consumo problemático, los presionan para que salgan a robar. Pero también la de policías sobre transas, exigiéndoles que esto se concrete y controlando que el territorio se libere, así como el producido de la venta también impacte en el bolsillo de los agentes policiales involucrados.

Detenidos en la casa de un transa

Otra de las prácticas de violencia que han denunciado las madres de jóvenes con problemas de adicción son las llamadas “demoras” o “secuestros” en los “puntos de venta”, una suerte de “detenciones privadas” por la limitación a la libertad que implican, así como por la condición de vecino del barrio que la impone. Se trata de situaciones en las que los jóvenes “desaparecen” por dos o tres días sin que sus familiares tomen conocimiento de su paradero. Una vez transcurrido ese tiempo “reaparecen totalmente pasados de la droga” y aduciendo haber sido encerrados en los “puntos de venta”. Tras recuperarse, relatan los abusos y la coacción al consumo que sufrieron durante el encierro.

Con una óptica economicista, las detenciones privadas solo podían ser entendidas como procesos de consolidación de clientela: es decir, los chicos eran obligados a mantenerse encerrados en “puntos de venta” a los efectos de “asegurarlos como clientes” y consolidar un proceso de adicción a las drogas ya iniciado con anterioridad. El “móvil” de ese “delito” era estrictamente económico. Pero, hurgando un poco más a fondo, abandoné esa idea. Había mucho más en las relaciones entre transas y policías que la mera ganancia que se lleva cada uno. Si los jóvenes se mantienen encerrados en “puntos de venta”, los “transas” se aseguran no solo el consumo y la condición de “cliente”, sino la posibilidad de imponer, en acuerdo con la policía, la obligación de salir a robar para ello.

Ilustración: Antonio Castiñeira.

Con nosotros no te metas

Pedro había cometido “el más grave de los errores” al elegir la casa de un “transa” para robar. Se trataba de, como le llaman en el barrio, “la mayor de las ofensas”. Habitué del lugar, se había confiado de conocer los movimientos y horarios de mayor actividad. Su madre decía que los odiaba tanto y a la vez los necesitaba, que él venía pensando que en algún momento se animaría a entrar a robar ahí. Un día, en un “pico de necesidad de cocaína”, decidió ingresar por la parte de atrás de la casa. Pensaba llevarse una buena cantidad de dinero, tres armas y solo un par de bolsitas de cocaínas. Al intentar salir, el propósito se frustró y fue sorprendido por un “matón” del “transa” que logró atraparlo. Inmediatamente, llegó un móvil de la policía y se lo llevó detenido. Por ese episodio, Pedro pasaría demorado en una comisaría cercana solo por unas horas.

La venganza de los “transas” no iba a hacerse esperar. Y fue feroz. Inclusive hasta uno de ellos filmó con su celular las súplicas de Pedro para que dejaran de torturarlo. Estaba envuelto en sangre, en posición fetal, mientras dos personas lo pateaban y golpeaban en la cara con el puño, mientras lo amenazaban. El reproche era claro: no tenía que atreverse nuevamente a cruzar esa barrera. “Con nosotros no”, le decían.

Ese video, no se sabe cómo, llegó a manos de dos referentes barriales que trabajan en contra de la violencia policial, quienes me permitieron verlo. Allí pude mirar en un registro de cuatro minutos la intensidad de los golpes y los sentidos de las amenazas que recibió Pedro.

Pese a contar con este medio de prueba, al final la madre del joven y activistas decidieron no hacer la denuncia. En la balanza de esa decisión tuvo un peso gravitante el temor a las represalias por parte de los “transas”, debido a ese “alto poder” que les permite atacar sin ningún tipo de límites a los jóvenes del barrio, bajo determinadas situaciones. En este caso, la red de impunidad que asegura el “alto poder” ubica al denunciante en una posición de suma vulnerabilidad y por eso desistieron de hacer la denuncia. Luego de este hecho, Pedro contó las armas que tenían en el “punto de venta”: “Que haya visto en ese momento y que levanté eran una 9 de policía, una Itaca y un 38. Pero siempre tienen mucho más”

Este tipo de violencia, por lo general, tiene lugar en dos casos. Una de ellas es el cobro coactivo de deudas contraídas por los jóvenes con los “transas”. En estos casos lo que opera es el “apriete” o amenaza si la deuda no es cancelada. Esto, cuentan, existe solo porque unos pocos “transas” “fían la merca”, es decir, entregan gratis con obligación de cancelarla a los pocos días. Y cuando la deuda no se cancela a tiempo aparece el primer ejercicio de violencia, el “apriete”.

La segunda de ellas es de la que me ocupo en este apartado con mayor detenimiento. Las venganzas involucran ejercicios ilimitados de violencia sobre jóvenes que “se han atrevido a meterse con un transa” generalmente por el intento de robo. La ubicación geográfica del barrio (en uno de los límites de la ciudad y lindero con zona montuosa semi rural) permite que hacia esos límites puedan ser llevados los jóvenes para ser atacados. Otra de las formas, como pudimos apreciar en el video grabado, es en el interior de los “puntos de venta”. Empero, pese a lo que pudiera pensarse en un primer momento, la violencia de los transas contra los jóvenes en la vía pública y ante la mirada testigo de los vecinos y familiares, también ocurre de manera corriente.

Cierre

Como apuntaba, las prácticas de violencia y coacciones descriptas abren un universo de sentidos que trasciende por completo el simple vínculo comercial entre “transas”, policías y jóvenes. La idea propuesta demanda pensar el accionar de los “transas”, también, como engranajes de una forma de control e imposición de violencia usualmente ubicada en las esferas netamente estatales. Y, a partir de ello, pensar desde otra perspectiva el rol de quien en apariencia solo es un vecino del barrio que “ahora vende droga” y se halla sujetado al poder policial, pero al mismo tiempo ejecuta formas de violencia sobre jóvenes del barrio.

La violencia, la policial y la que realizan los transas, se parecen un poco. Aun cuando existan notorias diferencias con relación a la condición del agente que las ejecuta, la violencia policial comporta un ejercicio del monopolio de la violencia simbólica legítima y la violencia o tortura del “transa” no, lo cierto es que puede pensarse un punto de conexión entre ambas. La violencia ejercitada por el “transa” o sus “matones”, al practicarse con la visibilidad de la violencia policial, reconoce un “sentido colectivamente atribuido” por el cual construye lo que Nils Christie llama “la necesidad percibida de imponer dolor para lograr el control social”. Se “reparte dolor” para ejecutar control, con la investidura del estado en un caso, sin ella en el otro.

Finalmente, el rasgo de “obligadas” o “coactivas” que presentan estas expresiones de la violencia social no pretenden de ningún modo desconocer la capacidad de agencia de jóvenes del barrio constantemente denunciados por delitos y significados socialmente en ese entorno como “peligrosos, delincuentes e irrecuperables”. Por el contrario, la idea es analizar esa capacidad de agencia a luz de ese entramado de relaciones que los ubica con márgenes de acción muy limitados entre su situación personal de gran vulnerabilidad social, marcada en la enorme mayoría de los casos por profundos cuadros de adicción a las drogas, sujeción y sometimiento a transas y policías, y finalmente la condición de portadores de todo ese repertorio de caracteres negativos que los asocian al crimen y las drogas.