Por Equipo de Estudios Socio-Jurídicos en Derechos Humanos ( INDES/ FHCSyS/ CONICET-UNSE).
Una vez más los y las ciudadanas de Santiago del Estero debemos lamentar una nueva víctima de la violencia policial. Un disparo ejecutado por un efectivo policial durante un procedimiento de allanamiento a un domicilio, sin orden judicial, terminó con la vida de Silvia Maldonado, adolescente de tan solo 17 años, que dejó a un bebé de apenas un mes y un niño de 2 años sin su mamá.
Todavía resuena en la provincia la sentencia del juicio por el asesinato de Ramón Vázquez en 2013, detenido sin orden judicial, torturado y asesinado en la Comisaría décima de la ciudad Capital. Por el crimen fueron condenados en febrero de 2019 nueve efectivos policiales, cuatro de ellos a perpetua, en un juicio que fue histórico y cuyo fallo fue ejemplificador. La demanda de justicia sostenida por los familiares y acompañada por un tejido social de organizaciones sociales y de derechos humanos, comprometidas en la lucha contra la impunidad, hizo posible la concreción del juicio. Dando cuenta de que la violencia institucional es una problemática social sentida en nuestra comunidad y un tema prioritario de nuestra agenda social.
La agenda política no ha sido del todo indiferente. El gobierno terminó de implementar en diciembre de 2016 la reforma procesal-penal que fortaleció el rol del Ministerio Público Fiscal en la persecución penal de los hechos delictivos, bajo la expectativa de controlar la arbitrariedad y discrecionalidad con la que la policía suele actuar en las calles de los barrios populares. Ha impulsado, con la participación protagónica de la Secretaría de Derechos Humanos, en conjunto con distintas organizaciones e instituciones, un proyecto de ley para la creación de un Mecanismo Provincial contra la Tortura, en sintonía con el mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. A la fecha, se trata de un proyecto que aún espera por su tratamiento en el parlamento provincial.
Pese a estos avances en la misma comisaría décima se produjo el asesinato de Darío Pérez en septiembre de 2018, en pleno desarrollo del juicio por el asesinato de Ramón Vázquez. El reciente asesinato de Silvia Maldonado, por mencionar casos recientes de notoriedad pública, deja expuesto que atravesamos una situación de suma gravedad.
¿Por qué siguen repitiéndose muertes por el uso letal y/o abusivo de la fuerza? ¿Por qué las reformas normativas no logran impactar en una disminución de la brutalidad en el accionar policial y en una gestión de la seguridad con enfoque de derechos?
Consideramos que la investigación y la condena judicial de los efectivos responsables son una medida necesaria y un deber del estado, pero resultan insuficientes para combatir estas prácticas y las condiciones sociales, institucionales y políticas que las hacen posibles. La atribución de las responsabilidades penales individuales de efectivos de la Comisaria quinta, repetimos, es un deber y un derecho de los familiares de las víctimas. Pero preocupa que sea empleada para sustentar la teoría de la manzana podrida que permite a la institución policial remover o exonerar del cargo a quienes cometen “excesos”, porque de esa manera evita que los “malos policías” contagien a los profesionales, al tiempo que se salvaguarda a sí misma de cualquier proceso de revisión o escrutinio público.
La reproducción permanente de estas prácticas y cierta aceptación social que, lamentablemente, estos hechos suscitan en determinados sectores de la opinión pública pone de relieve que estamos ante un fenómeno de carácter sistémico. Sistémico en tanto esas prácticas abusivas y los usos letales de la fuerza, más que eventos extraordinarios, a esta altura pueden pensarse como un emergente o rasgo característico de una determinada gestión y organización del orden y la seguridad. Es precisamente la recurrencia la que permite comprender que se encuentre naturalizada en determinados sectores sociales el descargo de una violencia sin límites sobre determinados sujetos sociales.
Aun mas, que el asesinato de una menor de edad como Silvia, que estaba en su casa, que no había cometido delito alguno, que fue capaz de hacer uso de los derechos que la asistían para plantarse frente a la arbitrariedad al exigir una orden judicial que autorizara el ingreso policial al domicilio, no despierte empatía ni el rechazo a la injusticia habla, entre otras cosas, de cierta normalización social ante un tipo de práctica institucional que es frecuente en los barrios de la periferia, así como también en los lugares de encierro. Otro indicador de que estamos ante la presencia de un fenómeno que es recurrente, es la formación de organizaciones de familiares de víctimas que se aglutinan para demandar justicia.
¿Cuáles son las condiciones sociales, institucionales, políticas que hacen posibles estas prácticas violentas?
Sobre las condiciones sociales. Lo ominoso de la muerte violenta concita la atención y rechazo pero no debemos perder de vista que esto no sería posible sin la existencia de prácticas policiales de “menor intensidad represiva” que de forma progresiva van instalando cierta sensación de “normalidad” o “inevitabilidad” de la violencia en las intervenciones policiales. En efecto, a poco que nos sumergimos en esta problemática, podemos identificar todo un conjunto de prácticas rutinarias que, bajo la forma de hostigamiento policial, pedido de antecedentes y “demoras”, privaciones de libertad ilegales en los móviles policiales, detenciones irregulares en comisarías, amedrentamiento y persecución de jóvenes y mujeres en las calles de los barrios y sus hogares, van jalonando el desarrollo de una tecnología social de gobierno sobre determinadas poblaciones. Y que hace también a que la tolerancia hacia la violencia policial también pueda ser medida en función del destinatario de esta: si se trata de colectivos, grupos o sujetos sociales percibidos socialmente como criminales o peligrosos toda forma de violencia policial es permitida/naturalizada.
Sobre las condiciones institucionales. La policía es una función compleja. Dominique Monjardet distingue tres niveles de análisis: lo que la policía hace como institución, como profesión y como organización del trabajo. Como institución es una herramienta a disposición del ejecutivo para aplicar la fuerza cuando ésta se revela necesaria, para hacer aplicar o respetar la ley. Considerada, desde este punto de vista, su rasgo esencial es la instrumentalidad, porque no tiene fines propios ni puede darse a sí misma objetivos o prioridades. Sin embargo, como profesión la policía desarrolla intereses propios, una cultura de oficio(s), elementos de identidad y distinción sobre la base de condiciones de trabajo y empleo, a partir de sus prácticas cotidianas y por los mecanismos de sanciones y retribuciones sociales de sus actividades. Toda policía desarrolla además una dimensión de organización de trabajo a partir de cierta división funcional y jerárquica de las tareas y especialización, desarrollando mecanismos burocráticos, fuente de opacidad e inercia. Teniendo en cuenta esto, va de suyo que una política de seguridad no puede ni debe ser asunto estrictamente policial. Es la conducción política la que debe establecer un proyecto institucional que dé sentido a la organización del trabajo policial y establezca parámetros para el desenvolvimiento de la profesión acorde a un estado de derechos.
Esto nos lleva a pensar en las condiciones políticas. La última Intervención federal a la provincia tuvo como uno de sus fundamentos la necesidad de una reforma de la llamada “vieja policía” de Juárez y Musa Azar, caracterizada como politizada y represiva. Esto abrió camino a la propuesta del gobierno del Frente Cívico de implementar un modelo de seguridad basado en la prevención del delito (como contrapartida a la politización), la proximidad con la comunidad, y la profesionalización de sus agentes (también como contrapartida de la politización). Desde entonces se observa la inversión del presupuesto público en ampliación de la planta de personal, capacitación, infraestructura, tecnología. No obstante, estas medidas no han evitado el flagelo de la violencia policial, sobre el cual además no existen estadísticas oficiales y no se han arbitrado los sistemas de acceso a información pública en esta materia que permitan la elaboración de diagnósticos y de políticas públicas pertinentes. La persistencia de las prácticas de mayor y menor intensidad represiva sugiere la presencia de un “saber hacer”, construido a lo largo de su trayectoria histórica, arraigado en el desempeño de la profesión policial que, a su vez, es funcional a demandas punitivas vecinales. Pero también es instrumentada como respuesta política frente a la creciente demanda de seguridad. Y allí, la violencia policial, lejos de configurar una excepcionalidad, se presenta como una dimensión constitutiva de ese “saber hacer”. Un agravante es que en los últimos años se advierte que la política nacional de mayor endurecimiento de las penas y la convalidación de la discrecionalidad en el accionar policial promueve una intensificación de prácticas punitivas.
Exigimos urgencia en la investigación de los hechos y celeridad en el accionar de la justicia. Comprendemos que es una oportunidad propicia para generar una profunda revisión en las políticas de seguridad que contemple un abordaje multiagencial, abierto a la participación de actores de la sociedad civil; una perspectiva integral y con enfoque de derechos; la implementación de mecanismos efectivos para el acceso a la información pública respecto del desempeño policial; la proposición de vías alternativas para el abordaje no represivo de resolución de conflictos, el diseño de campañas de sensibilización y conciencia social respecto de la violencia policial, entre otros aspectos.