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Qué presenciamos cuando estamos frente a un juicio por crímenes de lesa humanidad

10 octubre, 2019

Qué presenciamos cuando estamos frente a un juicio por crímenes de lesa humanidad

Por Guillermo Martínez.

El próximo martes 15 de octubre comenzará el quinto juicio por delitos de lesa humanidad, denominado Megacausa 4.  El tribunal está integrado por los camaristas santiagueños Federico Bothamley y Abelardo Basbús, por Enrique Lilljedahl, del Tribunal Oral de La Rioja, y por Domingo Batule, del Tribunal Oral de Jujuy. Además de Musa Azar y Jorge D’amico, serán juzgados el ex policía Eduardo Baudano, el ex conscripto Carlos Pithod y los ex integrantes de la “patota militar”, miembros del ex Batallón de Ingenieros de Combate N°141, Julio Ramón Marchant, José Ernesto Arce, Ramón Bautista Cisterna y José Colinos. En este juicio se debatirá sobre los casos de las víctimas Hugo Gómez, Julio Dionisio Arias, Pedro Pablo Arias y Ana María Mrad, militante desaparecida de la Juventud Peronista

El movimiento de derechos humanos de Santiago del Estero convoca, una vez más, a la comunidad a presenciar el quinto juicio por delitos de lesa humanidad que se va realizar en esta provincia. Pero ¿por qué es importante que la sociedad civil pueda presenciar y ser parte de este acto jurídico tan particular? ¿Qué presenciamos cuando estamos frente a un juicio por crímenes de lesa humanidad? 

Las miradas etnográficas sobre los juicios penales por delitos de lesa humanidad señalan, entre otras cosas, que todo proceso judicial constituye un ritual (Giglioli, 1997 y Kaufman, 1991), y un juicio penal implica un ritual con características particulares. De este modo, dice Garland, “se celebra la solemnidad de la justicia” y se le recuerda a los participantes y al público “la separación neta existente entre la vida cotidiana y la actividad judicial” (1997, 31).  En este sentido, los juicios penales en la Argentina por las violaciones masivas a los derechos humanos pueden considerarse como la puesta en escena de un ritual vinculado a la democracia. Los juicios penales contra los represores en la actualidad, luego de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2005), podrían vincularse a rituales de consolidación de la democracia.

Por otra parte, si se  analizan los juicios penales desde la perspectiva de los estudios de memoria social herederos de Maurice Halbwachs (1950), estos juicios propician escenarios de  memoria, en los cuales acontece el ritual y constituyen un espacio en el que se hace ver y oír a un público determinado un relato veritativo sobre el pasado. También se plantea, como una pregunta abierta, la función de los juicios en tanto vehículos de la memoria, que supondría un canal o ámbito de transmisión de experiencias del pasado a las generaciones que no vivieron los acontecimientos. Por último, los juicios, una vez concluido el ritual, pueden materializarse en lugares de la memoria cuando, por ejemplo, personajes significativos son enviados a la cárcel. 

Puesta en escena

En estos juicios se pretende atribuir responsabilidades penales en relación a los crímenes cometidos en el marco del plan sistemático de exterminio, diseñado y llevado a cabo por los militares con complicidades civiles, de sectores y miembros de la Iglesia y del ambiente empresarial. La escenografía es una condición necesaria para que la acción dramática tenga lugar y, para que esto sea posible, el desarrollo de la institución judicial y de los propios juicios requiere de la existencia de un lenguaje y discurso jurídico. Como cualquier discurso, el discurso jurídico se conforma por un conjunto de reglas, técnicas y determinaciones ideológicas (Entelman, 1982). Este involucra tanto al proceso discursivo de la ciencia jurídica –el discurso producido por los juristas- como al proceso discursivo de las normas -el discurso producido por las autoridades sociales u órganos jurídicos-.  

La reconstrucción de los crímenes, realizada durante la etapa de la instrucción del sumario, se verifica de forma oral y pública en la sala de audiencia. Para esto el lugar de los testigos y peritos es central. De este modo se habilita un espacio de escucha para las víctimas-testigos, es decir, quienes vivieron en primera persona los hechos y los pueden narrar. Sin embargo, la escucha y el testimonio durante el juicio se encuentran condicionados a la obtención de la prueba jurídica requerida por el proceso. Cuando Ricouer (2000) invita a desnaturalizar el testimonio, pretende que se adviertan sus condiciones de producción en el marco de una relación de diálogo, escucha y construcción. Así, los testimonios que son encuadrados en los parámetros de la acción judicial, frente a un juez, se orientan a la producción de evidencia para el esclarecimiento del crimen y el posterior castigo de los culpables. 

La continuación del ritual, con el paso por sus diversos estadios hasta su finalización en la sentencia, es lo que da lugar a la emergencia de una “verdad oficial” sobre los hechos que fueron debatidos. Esta verdad es la que llamó Michel Foucault (1983) “verdad jurídica”. La verdad que emana del sistema jurídico es una verdad completamente racional, en tanto es producto de una lucha en el seno de una relación de conocimiento-poder. La sentencia, en efecto, tiene un valor de verdad que connota elementos morales que la justicia restituye en la escena del juicio. 

El momento de la sentencia en tanto producto jurídico final concluye el tiempo procesal. El arribo a la conclusión del ritual y el desciframiento de la verdad jurídica a través de la práctica judicial permite la asignación de responsabilidad penal por los crímenes que fueron objeto del proceso y, en consecuencia, sancionar a sus culpables y es esperable que esta verdad jurídica influya en la memoria construida durante y posteriormente al proceso judicial sobre esos hechos. 

Memoria jurídica

Sin embargo, el discurso jurídico genera desplazamientos y ocultamientos que tienden a despolitizar los acontecimientos históricos. Esto plantea Kaufman cuando sostiene que:

Las prácticas judiciales no dejan indemnes las historias que ingresan en su campo; éstas son capturadas por mecanismos clasificatorios complejos que desplazan su entendimiento hacia grupos especializados -los juristas- y que despojan a los hechos narrados del lenguaje político que los hacía accesibles al hombre común y a la generalidad de los actores sociales (1991: 6). 

En este terreno emerge una memoria particular, una “memoria jurídica”.  A lo largo del proceso judicial se interpela a la rememoración colectiva de modo de reactivar la memoria sobre los sucesos del pasado. En esta interpelación, el deber de memoria, dice Hugo Vezzetti, “adopta necesariamente un carácter reactivo, defensivo, dominado por los crímenes extremos que enfrenta y por la voluntad de resistencia en acto contra el totalitarismo o contra la amenaza de su retorno” (2009: 23) y de este modo queda a la vista la tensión entre memoria y justicia, porque la pregunta aquí es: ¿pueden los procesos judiciales ayudar al trabajo de memoria? ¿Tienen la virtud de acelerarlo o, por el contrario, es de temer que lo paralicen? ¿Bajo qué condiciones puede la justicia apaciguar o bien agudizar la memoria? 

Para responder a estas preguntas hay que indagar cómo se conforma la memoria, qué discursos la integran y qué tipo de recortes se producen en su configuración, dado que la suerte de la “memoria jurídica” se encuentra íntimamente vinculada al discurso jurídico, por ende, la memoria, corre el riesgo de ser despolitizada o de ceñirse al registro testimonial restringido a las necesidades de la prueba -sean los testimonios de sobrevivientes, familiares o peritos-. Esto es lo que Daniel Feiersteien llamó la “confiscación de la facultad de juzgar” (2015:55).  El problema radica en que, con esta confiscación de la facultad de juzgar, el testimonio en el marco judicial no permite reconstruir las relaciones sociales generadas al interior de los centros de detención, ni da lugar a recuperar lo que fueron las condiciones de vida en ese tipo de situación extrema, ni facilita adentrarse con cautela en las “zonas grises” nominadas por Primo Levi (1986).

Estas son algunas de las dificultades del proceso judicial respecto de la memoria pues, como plantea Hugo Vezzetti, el ritual judicial puede generar una “memoria capturada por los crímenes y sus ejecutores” (2002, 38). O bien, según el análisis de Hannah Arendt (1963) del juicio a Adolf Eichmann, existe el riesgo de reducir los hechos históricos al condensarlos en el accionar del acusado en casos concretos, lo que invisibiliza la trama de complejidades y responsabilidades que hicieron posibles los crímenes.  

Así, por ejemplo, la cuestión de los proyectos políticos que estuvieron en pugna en el momento de la perpetración de los crímenes se posiciona como una discusión en los márgenes del proceso penal. Una de las causas de esta exclusión radica en el sostenimiento por parte de los tribunales y de las fiscalías de calificar los crímenes con la figura penal de lesa humanidad, con la cual los delitos cometidos por los represores son entendidos como actos delictivos cometidos en perjuicio de individuos. En cambio ha habido, de parte de estos actores judiciales, una resistencia al uso de la figura penal de genocidio, a través de la cual se podría incluir en el debate oral y en la memoria jurídica conformada la consideración sobre el objetivo político de las “Juntas Militares” orientado a reconfigurar las relaciones sociales, económicas y políticas de la nación (Feierstein, 2007). Con respecto a esta cuestión vale decir que las querellas presentadas por los organismos de derechos humanos de Santiago del Estero, desde el primer juicio celebrado en la provincia en el 2010 por la causa Kamenetzky, incluye en sus alegatos la calificación de genocidio. 

La “memoria jurídica” producida en estos juicios penales presenta el desafío de ser considerada en su complejidad y con sus limitaciones. Es necesario que los sucesos narrados en los tribunales puedan ser contextualizados y puestos a andar en dinámicas que trasciendan el discurso jurídico para que puedan ser aprehendidos por el público y logren efectos positivos en la memoria colectiva. Los juicios, con sus audiencias orales y sus sentencias, generan una cantidad enorme y valiosa de materiales que podrían constituir aportes en los procesos de construcción de la memoria. Materiales que, a su vez, podrían circular y dirigirse a las nuevas generaciones a través de métodos adecuados. También la presencia en la sala, la difusión masiva por los medios masivos de comunicación y el diseño de instrumentos pedagógicos que sirvan para lograr transposición didáctica en referencia a estos contenidos merecen ser un desafío a tomarse por la política pública en materia de derechos humanos. 

Más allá de sus limitaciones y desafíos, estos juicios configuran un soporte para las memorias que se pueden configurar respecto del pasado reciente y de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por los genocidas. Es un modo de hacer justicia, basado en un ritual que encarna una forma de reparación catártica por crímenes sucedidos hace más de 40 años. Esta  “justicia” es, por un lado, una representación social en construcción y disputa, y por otro, una expresión de complejas estructuras y prácticas burocráticas, mientras que todavía sigue siendo una aspiración del movimiento de derechos humanos en la Argentina aún hoy en disputa. 

 

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Ilustración: Antonio Castiñeira