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Ma, me están matando

7 Minutos de lectura

Por Nicolás Adet Larcher

Ilustración: Antonio Castiñeira

A Mauro Coronel lo sacaron de su casa la noche del primero de mayo. Tenía veintidós años, salía a vender alfajores temprano a la mañana y volvía cuando oscurecía. Esa noche, una denuncia de su novia alertó al personal de la comisaría Décima. Los policías llegaron al barrio Santa Rosa de Lima al instante, lo tomaron del brazo y lo llevaron hasta la camioneta a los golpes. “A él lo agarran de la vereda de mi casa, muy mal. Hacen un tiro al aire y arrancan en la camioneta para llevarlo a la comisaría, yo voy por detrás” cuenta Laura, su madre.

Mauro grita. Está empapado, descalzo, viste una remera blanca y un boxer. Alguien lo filma desde el otro extremo del patio mientras se encuentra de espalda. Está esposado a un poste, dentro de la comisaría. Ahí pasará una de sus últimas noches. Sin poder moverse durante toda la madrugada, expuesto al frío de las primeras heladas otoñales. Llora, grita, pide que alguien lo suelte. Laura desde adentro de la comisaría, escucha a su hijo y graba con su teléfono: “Ma, sacame de aquí, maaa. Me están matando”. Los policías le dicen que no pasa nada. “Cuando escucho que grita, abro la puerta de una piecita. Ahí veo que lo tienen entre cinco, arrodillado y con una bolsa”. Uno de los policías intenta quitarle el teléfono, pero Laura se resiste. Le dicen que vaya a buscar ropa y comida, que su hijo va a estar bien.

A las tres de la madrugada Laura está en su casa. Volvió caminando desde la comisaría. Intenta dormir pero no puede, da vueltas en la cama. Piensa en Mauro mientras la noche avanza a cuentagotas. De golpe, escucha que un móvil de la policía estaciona afuera. Se levanta lentamente de la cama y se acerca con temor hasta la entrada. A los pocos segundos alguien toca la puerta de su casa. 

  • ¿Quién anda? – pregunta.
  • Señora, somos los policías de la Décima.
  • ¿Qué pasa? yo ya estoy acostada.
  • No haga la denuncia señora.

Con las primeras luces de la mañana, Laura junta ropa, comida y vuelve a la comisaría. Cuando llega le dicen que Mauro no está, que lo llevaron a la Escuela de Policía sobre Lavalle y Colón, a siete kilómetros de la comisaría. “Vamos hasta la escuela y tampoco estaba ahí. Estaba desaparecido”. El domingo por la mañana, una vecina del barrio le cuenta a Laura que vio cómo bajaban a su hijo de una camioneta en el Hospital Regional. Laura le manda un mensaje a Walter, el padre de Mauro. Le avisa que su hijo puede estar ahí.

Walter sube a su bicicleta y va hasta el hospital. Cuando llega le dicen que Mauro se descompensó y que policías del Liceo Policial decidieron llevarlo de urgencia. Cuando a Laura le explicaron el sábado que su hijo no estaba en la Escuela de Policía, lo siguiente que le comentaron fue que Mauro en realidad estaba en el Liceo. Walter se había pasado la mañana buscando a su hijo ahí, sin éxito. Ahora que lo vuelve a ver, Mauro tiene la cara hinchada, no puede abrir los ojos, ni puede moverse. “Pá, ellos me han pegado” le dice a Walter. 

Por las restricciones para circular a causa de la pandemia, su madre no puede ir ese mismo día al hospital. El lunes, Laura encuentra a Mauro en una de las salas. “Estaba con oxígeno, agitado y remil golpeado. Me decía ‘ma’ y vomitaba sangre. No podía hablar, se tocaba la panza”. Una médica se acerca a Laura, le dice que quiere hablar con ella. “Me preguntaba si Mauro había tenido alguna enfermedad o se había golpeado. No nunca, le digo. Ah, me dice, ‘porque le hemos hecho una radiografía y parece que tiene algo en el pulmón’. ‘¿Usted está segura de lo que me dice?’, le pregunto.”. Al día siguiente, Mauro muere y se llevan su cuerpo para hacer una autopsia. Laura intenta verlo pero no la dejan. 

****

La muerte de Mauro impactó con fuerza en las redes sociales. La Red de Organizaciones Contra la Violencia Institucional publicó un comunicado el seis de mayo bajo el título de “El Estado policial asesinó a Mauro”  detallando que, según el informe forense, Mauro “falleció por paro cardiorespiratorio debido a una falla multiorgánica” que “tenía múltiples traumatismos que le produjeron hematomas y una infección generalizada” y que además, “se observa su cuerpo lleno de moretones en la cabeza, los brazos, el abdomen y las piernas”. La comisaría Décima ya había sido escenario de otras torturas y muertes como el caso de Ramón Vázquez en 2013 (por el que fueron condenados cuatro policías a cadena perpetua) o el de Darío Pérez en 2018. Al día siguiente del comunicado del a Red, Marcelo Barbur, Ministro de Gobierno de la provincia, cruzó a la entidad afirmando que lo publicado en sus redes “carece de veracidad”, que no se trató de “una muerte por violencia, sino por un cuadro infeccioso” y explicó que la muerte de Mauro tuvo como causa médica “una neumopatía bilateral, con disfunción orgánica múltiple, con un foco infeccioso pulmonar que produjo un paro respiratorio no traumático”. El mismo informe, en palabras de Barbur, también señala que el fallecimiento de Mauro se produjo “sin ningún tipo de lesiones internas por violencia”. 

La Red ya venía denunciando distintos casos de violencia policial en los barrios populares. Desde marzo, según la Red, esos casos se habían intensificado. En abril, la organización publicó un comunicado que se preguntaba “¿Quién nos protege de los que deberían cuidarnos?”. En el texto se enumeraban una serie de testimonios que abarcaban amenazas, detenciones arbitrarias y torturas. Luego de esas y otras denuncias en las provincias, el Consejo Federal de Interior se reunió de manera extraordinaria ese mismo mes. Sabina Frederic, Ministra de Seguridad de la Nación, repudió los casos de violencia policial desatados durante la cuarentena: “Estamos en contra de esas prácticas y hemos sido muy contundentes junto a los jefes de las fuerzas federales para seguir adelante con los procedimientos administrativos y las sanciones que caben en cada una de esas circunstancias”, y elevó notas a algunas de las provincias que habían tenido situaciones de ese calibre. La única que respondió fue Chaco. Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un comunicado explicando que “la reforma y modernización de las policías provinciales es tan importante como las que deben impulsarse a nivel nacional. Del mismo modo como es importante que los gobiernos intervengan políticamente sobre los hechos de violencia policial con una mirada que no se limite a trabajar sobre el caso a caso”.

Algunos medios nacionales tomaron la noticia de la muerte de Mauro y difundieron los videos donde se lo veía esposado en el patio de la comisaría. En junio, en el marco de la desaparición de Luis Espinoza en Tucumán, el PRO emitió un comunicado condenando la violencia policial en todo el país y citaron el caso de Mauro, pero escribieron mal su nombre. Le pusieron Hugo. Durante las semanas siguientes, la noticia de Mauro no volvió a aparecer en los medios nacionales, ni a tener presencia en los medios locales. 

Donde sí apareció fue en la Cámara de Diputados de la Nación. En la última reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, el tema del día fue la “intimidación a políticos y periodistas”. Como la reunión fue con fines informativos y expositivos, el diputado provincial, Rodrigo Posse, estuvo presente de manera virtual y tuvo un cruce con el diputado nacional, Bernardo Herrera. Posse expuso la supuesta persecución que sufría por parte del gobierno provincial, pero sobre el final mencionó el caso de Mauro junto al de otras personas: “También ocurrió el caso Coronel: un chico de 22 años detenido por la policía. Estuvo en varios centros de detención, lo torturaron, lo internaron y murió; lo asesinó la policía. Eso pasa hoy en Santiago del Estero, y este último caso fue durante la cuarentena”. 

Luego del discurso de Posse, el diputado Herrera tomó la palabra: “Señor presidente: tenemos que entender una cosa. Recién escuchaba al periodista -creo que es Gabriel Hernández- que decía que siempre hay que chequear la información. Natalia (Aruguete) recién nos explicaba qué son las fake news. El diputado Posse también nos anticipó que están preparando unas fake news sobre la muerte de un muchacho de nombre Coronel en Santiago del Estero. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, se trata de un muchacho denunciado por violencia de género que luego fue detenido. La autopsia donde intervino la Justicia determinó que murió porque tenía un problema pulmonar de carácter infeccioso, una pulmonía bilateral. Entonces, señor presidente, están preparando estas fake news que tratan de limar la situación por la cual hoy atraviesa nuestra provincia que no es fácil gobernar en medio de una pandemia que castiga no sólo a la provincia de Santiago del Estero, sino a la Argentina y al mundo (…) este gobierno nace después de una intervención federal de la provincia donde se había denunciado violencia institucional en los gobiernos anteriores. Nos costó mucho esfuerzo a los santiagueños tener una nueva policía que, por ejemplo, ya no es designada con el dedo, cuyos miembros surgen de las escuelas de policía, bien formadas, con nuevos recursos, con cursos, con profesionalismo, con una nueva Secretaría de Seguridad y con nuevas políticas de carácter criminal”.

A principios de agosto, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y la organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, publicaron informes sobre la situación de la violencia policial que atravesaba al país desde marzo. Del informe de CORREPI se desprendió el dato de que 92 personas fueron asesinadas por las fuerzas policiales durante la etapa de cuarentena y de aislamiento social preventivo y obligatorio. Por su parte, Amnistía Internacional detalló que se relevaron más de 30 casos de violencia institucional en Argentina en el mismo período. En ese mismo informe, la organización de derechos humanos explicó que el 22 de julio le envío un pedido de acceso a la información pública al gobierno de Santiago del Estero. Subida de Línea se contactó con Amnistía Internacional para saber si hubo una respuesta a ese pedido de parte del gobierno. Desde la organización respondieron que no la hubo y que el plazo venció el viernes 21 de agosto. De todas formas explicaron que, en caso de ser respondida, la solicitud será publicada en la sección de pedidos de acceso a la información pública dentro de la página web de la organización. 

A la fecha, efectivos de la comisaría ya fueron denunciados por el delito de tortura agravada por la muerte de Mauro y la fiscal a cargo, Érika Leguizamón, hizo un pedido para una nueva autopsia que, por ahora, está demorada por las restricciones impuestas por el aislamiento. 

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