Por Redacción de Subida de Línea
En Santiago del Estero hay mujeres detenidas y condenadas por microtráfico de drogas, ya son trece en lo que va de 2024. Mujeres de entre 30 y 45 años que viven en casas precarias y están a cargo de al menos un hijo. Mujeres que en su mayoría no están en pareja, que no consumen drogas, que no tienen un trabajo registrado y que cubren gastos gracias a las ayudas que reciben del Estado. Mujeres que no están capacitadas para muchos oficios, que apenas tienen completa la educación primaria. En su hogar no son las únicas que venden, también lo hacen sus hijos y sus parejas. Lo hacen para subsistir, porque en la práctica no logran mejorar las condiciones de vida que tienen. La gente se acerca a comprar a las casas o ellas entregan las drogas por delivery, en motos propias o de algún familiar. Sus parejas consiguen las sustancias que luego fraccionan y venden.
Esta información se desprende del informe Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina, fruto del trabajo colaborativo de la Red Federal de Periodismo Judicial que involucró a 20 periodistas de todo el país. Esta red fue constituida en el 2023 por iniciativa del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El proyecto recibió el respaldo de la edición 2024 del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas de Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundation (OSF).
Este trabajo muestra que los poderes judiciales de Argentina carecen, en términos generales, de una comprensión clara de la situación actual y de sus objetivos futuros en lo que respecta al tratamiento de causas que involucran drogas. Es sorprendente la orfandad de datos sobre condenas por microtráfico de drogas, la infracción más común a la Ley de Estupefacientes y una de las más recurrentes en la Argentina. Esta carencia plantea una barrera invencible para discernir cómo los poderes judiciales miran a las mujeres que condenan: pareciera que aquellas no entran en el campo visual de los tribunales.
Es sorprendente la orfandad de datos sobre condenas por microtráfico de drogas
Informe de la Red de Periodismo Judicial
Santiago del Estero no es ajena a la situación que atraviesa el resto de las provincias del país, donde la mayoría carece de datos acerca de las causas relacionadas con drogas. Sin información estadística es imposible conocer cuál es la evolución de la Ley de narcomenudeo en la provincia.
En la mayoría de los distritos, 14 de 24, no hay información pública disponible sobre cuántas mujeres recibieron condenas en los últimos cinco años (2019-2023) por microtráfico de drogas. No hay información en el 58% de las jurisdicciones: Buenos Aires (PBA), Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. Hay información en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Misiones, Neuquén y Salta (17%). Hay información parcial en Catamarca, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán (25%).
El acceso a la información pública en Santiago
Periodistas que participaron de la investigación federal realizaron más de 100 pedidos de acceso a la información pública y contactaron una amplia variedad de fuentes como mujeres criminalizadas, actores de la magistratura, de los ministerios públicos, abogados, gobiernos, académicas y personas pertenecientes a la sociedad civil. Solo Salta destacó como la única provincia del NOA que cuenta con información sobre condenas por microtráfico en los últimos cinco años. Del resto del país acompañan CABA, Misiones y Neuquén.
Acceder a datos en Santiago fue complejo y así lo retrata la investigación:
Poder Judicial: La respuesta fue a través de un mail en el que se aseguraba que “los datos estadísticos solicitados pueden verse publicados en los siguientes link. A estos pueden acceder todos los ciudadanos que necesiten dicha información”. Ninguno de los enlaces enviados (sitios web de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia y del Ministerio de Justicia de la Nación) tiene los datos que se solicitaron desde la Red.
Ministerio Público Fiscal provincial: «La Secretaría General (contactada después del envío del pedido) dijo que no poseía la información solicitada: que no discriminan por género los casos ingresados y que les llevaría mucho tiempo hacerlo debido a la carga laboral diaria.»
Poder Ejecutivo: Según el informe «no dio respuesta«.
Ministerio de Desarrollo: En la mesa de entradas «se negaron a recibir el pedido ya que no contaba con un “sello” de la organización o algo que acredite la existencia de la Red Federal de Periodismo Judicial. En una segunda visita se presentó el pedido en una hoja membretada ante funcionarios del Ministerio, pero tampoco lo aceptaron”, explica el informe.
Ministerio Público de Defensa: Fue el único organismo que brindó datos certeros, «con información específica para cada una de las preguntas». El informe aclara que la información llegó una vez cerrado el plazo de trabajo de la investigación por lo que los datos no pudieron ser procesados para incorporarse.