Por Nicolás Adet Larcher
De diciembre hasta aquí, quienes trabajamos en universidades nacionales hemos perdido el 50% del poder adquisitivo de nuestro salario. Un cuadro similar al que han padecido otros sectores de la economía y por eso en apenas tres meses tenemos 3 millones de pobres nuevos. En ese lapso de tiempo la inflación ha sido de más del 60%, con aumentos considerables en rubros como alimentos, tarifas y medicamentos. En este laboratorio de congelamiento salarial y subas en el resto de los costos de vida, la situación se vuelve insostenible. Aunque el gobierno prometa que esto mejora a la brevedad, no hay ningún indicador de la macroeconomía y el bolsillo que lo refleje. Definitivamente sí la vemos.
Este 14 de marzo se está realizando un Paro Nacional en 57 universidades de todo el país. Trabajadores y trabajadoras reclaman paritarias, continuidad de becas para estudiantes, actualización del presupuesto y restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Hace tiempo que desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a rectores universitarios, se intenta tender puentes de diálogo con el gobierno nacional. El problema es que siempre se termina chocando con un mantra: “no hay plata”. En off son los propios funcionarios del gabinete nacional quienes reconocen que entienden la situación, pero que el ministro de Economía, Luis Caputo, defiende su política económica de déficit cero a toda costa. Todo se mete dentro del mismo ajuste que también incluye la eliminación de fondos para comedores y la suspensión de medicamentos para pacientes oncológicos o con enfermedades raras.
Las universidades están funcionando con el presupuesto de 2023 que se ha elaborado con números de la economía de 2021. En un contexto inflacionario del 250% interanual, se vuelve cuesta arriba ordenar los gastos solo para mantener las puertas abiertas, ya no hablamos de equipamiento, ni mejoras en montos de becas, hablamos del funcionamiento mínimo. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gobierno solo ha transferido a las universidades $144.850 millones de pesos. El CIN venía solicitando a la Secretaría de Educación un presupuesto de 2 mil millones de pesos para un funcionamiento óptimo. En enero hubo un conflicto cuando una normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) provocó demoras en el pago de salarios de docentes y no docentes de al menos 20 universidades. Como el desembolso solicitado por el CIN nunca llegó, hoy tenemos alrededor de 25 universidades en emergencia y con riesgo de no poder funcionar más allá del mes de mayo.
El caso de las becas. El rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Héctor Paz, ha mencionado recientemente que no hay respuestas acerca de la continuidad de becas nacionales, lo mismo dicen otros rectores. “En nuestra universidad hay 5 mil estudiantes que reciben la beca Progresar y no pueden renovarla”, explicó en Radio UNSE una estudiante. Al manejar el mismo presupuesto del año pasado, también se vuelve complejo aumentar el monto para las becas de la propia universidad, que es de 6 mil pesos por estudiante.
En la mañana de este jueves, docentes de la UNSE realizaron una clase abierta en el patio de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Respecto a la investigación científica, Ana Teresa Martínez (directora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social) ha remarcado en declaraciones a la radio: “Hay una intención de desarmar la producción de investigación científica dentro del país, y es lo que está pasando. La universidad siempre ha tenido un presupuesto para financiar proyectos de investigación, no hablamos de salarios, hablamos de montos para que investigadores puedan ir al campo a hacer un trabajo, comprar materiales, becas para ayudar a estudiantes a hacer su tesis. Todo eso se ha reducido a un mínimo tal que un trabajo anual para un equipo investigación de seis personas tiene un presupuesto de 20 mil pesos, ¿qué se puede hacer con 20 mil pesos? La situación es crítica.»
La convocatoria al paro general se ha adecuado a la dinámica de cada universidad. Algunas cerraron sus puertas completamente y otras decidieron funcionar con lo mínimo. Si bien el derecho a huelga está contemplado en la Constitución Nacional y los gremios protegen a docentes y no docentes que deciden parar, algunos sectores se han posicionado en contra, por acción u omisión. La protesta no es un hecho individual, lo que se reivindica es más amplio: la institución pública que posibilita un desarrollo colectivo. El cuidado de la promesa de la movilidad social ascendente, uno de los factores sociales más importantes de nuestro país. Hay un piso de derechos sostenido hace décadas con un motor gremial, social y político (como destacaba Alejandro Auat) que no es tan fácil de sortear. No son las personas, son las instituciones. El paro aducido por motivos personales quita el foco del objetivo principal: defender la educación pública y su condición libre y autárquica.
Horas antes del paro y a modo de generar ruido en el entorno, el gobierno nacional comunicó desde su ministerio de Capital Humano que ha establecido un aumento “del 70%” para las universidades nacionales”. Ese monto solo sería para gastos de funcionamiento y en términos reales es menor al 300% que solicitaban los rectores de las universidades y representantes de los gremios.
Desde su asunción el gobierno ha puesto énfasis en la reducción del déficit fiscal como una manera de sortear la crisis y reducir la inflación. Ese ajuste se ha hecho sin contemplar desequilibrios en múltiples sectores de la economía, como la industria y el empleo. Un gráfico ilustrativo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también apuntala una caída del 30% en las ventas minoristas de los comercios y ya es posible ver salones cerrados en el microcentro y restaurantes sin gente en las mesas. El superávit que ha destacado el ministerio de Economía solo ha sido posible gracias a la paralización del Estado, los recortes a las jubilaciones y la reducción presupuestaria en partidas que corresponden a educación. Es como pretender solucionar las finanzas del hogar sin comprar comida y sin pagar la luz. Eso que se concibe como ahorro, solo se trata de postergar un problema a futuro. Del total del presupuesto que maneja un gobierno, apenas el 2% va destinado a las universidades. Un porcentaje ínfimo que no representa una sangría considerable para el ahorro estatal y los planes libertarios.
Queda un largo camino para mayo, mes límite en el que el gobierno contempla un pacto con los gobernadores y una mejora del panorama económico. Hasta ese mes llega el presupuesto universitario para muchas instituciones. A este ritmo de aumentos, peleas con dirigentes y degradación del poder adquisitivo de la población (sin medir la inflación de marzo), lo único que puede mostrar el gobierno es una fe ciega en un plan económico que no ha funcionado, ni se aplica en ninguna parte del mundo. Mientras tanto los gobernadores apuestan a exhibir un tablero de unidad y sostener demandas judiciales contra medidas regresivas para la población que, hasta el momento, solo han mostrado resultados en una planilla Excel.
