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Torturas y muertes en las comisarías santiagueñas: una rémora de la Dictadura

9 octubre, 2018

Torturas y muertes en las comisarías santiagueñas: una rémora de la Dictadura

Por Eduardo Espeche.

El homicidio reciente de Darío Pérez y el juicio por el crimen de Ramón Vázquez visibilizaron la violencia extrema en las dependencias policiales de Santiago del Estero, que no se agota en esos casos. No son hechos aislados en una sola comisaría. Se trata de prácticas que se institucionalizaron históricamente y adquirieron mayor ferocidad en la última Dictadura Cívico-Militar, con Musa Azar a la cabeza, pero a las que ningún gobierno, ni las normas supranacionales o nacionales pudieron erradicar del todo desde la vuelta de la democracia.

 

Darío Ricardo Pérez era un chapista, pintor y electricista eventual de 39 años, que vivía con sus padres en calle Oncativo, del barrio General Paz. Tenía 7 hijos. El 24 de septiembre, en vísperas de su cumpleaños, fue al cementerio a visitar la tumba de su abuelo fallecido con un amigo y de allí pasó a la casa de una prima en el barrio Santa Rosa de Lima. Luego tomó su motocicleta y aparentemente fue a buscar dinero hasta un cajero automático a metros de la comisaría Décima, del cercano barrio Autonomía. Allí protagonizó un incidente en la vereda -por motivos aún confusos- y fue agredido por el cabo José Luis Gómez, el oficial ayudante Maximiliano Tévez, y los cabos primeros Jorge Jaime y Fernando Medina. A la fuerza lo introdujeron en la comisaría, donde fue brutalmente golpeado a puñetazos y puntapiés, y presuntamente asfixiado con una bolsa. Se descompensó y falleció a causa de un paro cardíaco provocado por asfixia por sofocación, según estableció la autopsia forense.

Mariano Gil, uno de los flamantes querellantes en representación de la familia de Pérez, precisó que “sabemos por el acta de defunción que sufrió múltiples traumatismos, que se le rompió uno de los pómulos de la cara, y que además habría sido asfixiado (…). Me dijeron que habría tenido quebraduras en los brazos y en las piernas, por lo que habría sido posiblemente golpeado antes de ser ‘bolseado’. Nos encontramos ante un caso en el que no se pueden descartar y se puede tener por cierto que hubo torturas que son las causantes de la muerte de Pérez (…). Este sería un mecanismo de actuación similar al que ocurrió hace 5 años, en la misma comisaría, para el caso de Vázquez” (1).

Los policías sacaron el cuerpo a la vereda y llamaron una ambulancia del servicio público de emergencias, cuyos paramédicos constataron el deceso. Se reforzó la seguridad de la seccional con efectivos de Infantería movilizados hacia ese barrio del Oeste, por temor a incidentes con familiares, pero no hubo ningún enfrentamiento. A eso de las 5 de la mañana les avisaron a sus padres. “Pérez habría llevado una vida tranquila, no bebía, no era una persona violenta y, sin embargo, se lo entregan en un cajón (a sus padres) con todos esos golpes y se les informa solamente que habría tenido una disputa con un funcionario policial” (2), sintetizó Gil.

El fiscal Martín Silva, que intervino por turno, fue removido de la investigación, que pasó a manos de su par Erika Leguizamón, que hacía pocos días había sido investida con la competencia de violencia institucional, recientemente creada. Una de las primeras medidas de Leguizamón fue ordenar silencio de radio, al cortar cualquier contacto con la prensa, después que se filtraran las identidades de los policías implicados y el adelanto de los resultados de la autopsia. En un comunicado de prensa el Ministerio Público Fiscal justificó su decisión: “porque la investigación recién comienza, resulta necesario mantener reserva” (3).

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que desde 1979 denuncia violaciones a los Derechos Humanos en Argentina, manifestó su preocupación por las muertes en comisarías de Santiago del Estero, en un pronunciamiento público. Eva Asprilla, coordinadora del área de Cárceles y Justicia, indicó con contundencia en Radio Nacional: “(Estamos) preocupados por una práctica que parece repetirse, a pesar de los años que pasaron, y a que hoy hay policías que están en el banquillo de los acusados, justamente por un caso casi idéntico al de Pérez. Esto lo que nos muestra es que no hubo ninguna política de control del gobierno para con las fuerzas policiales para evitar que se siga torturando” (4).  

El CELS seguía con inquietud el accidentado juicio por el crimen de Ramón Vázquez, cuando se encontró con la muerte de Pérez, con un modus operandi similar y en la misma comisaría. Por eso inició contactos con magistrados y funcionarios para transmitirles su alarma.

“No puede haber gente así, más en un cargo público. Tienen que tomar medidas. Yo simplemente perdí a mi hermano, pero anteriormente también hubo muertes en ese lugar. Habría que ver la forma de que no vuelva a pasar esto”, exhortó Carlos Ponce, medio hermano de la víctima (5).

La jefatura de Policía ordenó remover los jefes de la comisaría Décima, pero, como en otros casos, estos graves hechos no repercutieron en las máximas autoridades policiales ni funcionarios gubernamentales, no se pagó ningún costo político, sino que se focalizaron sólo en los autores.

 

El caso Vázquez

El albañil Vázquez fue detenido ilegalmente en su casa del barrio Bruno Volta, cercano al cementerio La Piedad, el 22 de septiembre de 2013, y murió bajo la tortura policial dentro de la Comisaría Décima del barrio Autonomía.

Este grupo de tareas inició su periplo delictivo en la madrugada, en el baile El Nochero. Allí detuvieron a cuatro personas –entre ellos una mujer- del robo a una familia de apellido Llavar, emparentada con el vicegobernador José Emilio Neder según el damnificado, de acuerdo a lo que refirió el principal acusado Carlos Nazareno Moreno en su indagatoria. Dijo que el propietario de la vivienda saqueada le confió que, aunque denunció un perjuicio de 200 mil pesos, en realidad rondaba los 700 mil. El querellante Rubén Jozami Nassif (hijo) sostuvo que “en realidad lo que querían hacer era investigar el hecho para quedarse con parte de ese dinero, por eso el móvil, por eso la saña que tuvieron con estas personas que no tenían antecedentes” (6). Además de Moreno son juzgados el segundo jefe de la comisaría Sayago, quien estaba al tanto de los procedimientos irregulares y de los apremios presuntamente, más los policías Orellana, Arce (ambos de franco), Chávez, Díaz, Villarreal y los choferes Carrizo y Barrera.

Según Moreno, se movilizó a la Brigada de la Décima tras la pista de la empleada doméstica y su pareja. Contó que su raid fue autorizado supuestamente por sus superiores y también fue puesto en conocimiento del juez natural de la causa, Miguel Moreno, y luego de la magistrada a cargo del turno, Rosa Falco. Esto fue desmentido categóricamente por ambos, en especial Falco, quien dispuso la inmediata detención de los uniformados una vez conocida la muerte del albañil.

En la investigación quedó demostrado que jamás contaron con autorización judicial para llevar adelante esos operativos, de acuerdo a lo que ratificó el propio querellante, y, es más, ni siquiera tenían jurisdicción en el hecho, que le correspondía a la Seccional Once. Moreno diría que intervinieron porque les pidieron “colaboración”.

A varios de los detenidos ilegalmente los sometieron a un sistema de torturas ya empleado en la Dictadura Militar por los subordinados de Musa Azar y ampliamente documentado en varios juicios de lesa humanidad, o incluso el Doble Crimen de La Dársena. Consiste en sentarlos y cruzar sus manos atadas por debajo de las piernas, trabadas con un palo de escoba, mientras se les aplica “submarino seco”, una bolsa plástica que los asfixia. Con ese método ilegal obtuvieron el nombre de Vázquez de los apresados Néstor y Miguel Gómez, que habían trabajado en refacciones de la vivienda de los Llavar y a quienes “ya casi los matan”, según Jozami Nassif.

Uno de los Gómez contó que los policías le preguntaban “¿dónde está ese Tordo (como apodaban a Vázquez)? ¿Dónde están las joyas, dónde está la plata? Manifiesta que lo golpearon por alrededor de 15 minutos y en ese lapso, como cinco, le ponían y le sacaban la bolsa de la cabeza y lo golpeaban” (7).

Fueron a detener a Vázquez a su casa con las primeras luces, y tuvieron que forcejear con sus familiares para sacarlo. El albañil ya había sido hostigado por estos policías de la Décima y llevado a la Fandet donde sufrió apremios ilegales, de acuerdo a Jozami Nassif, por lo que su entonces abogado Enrique Urquiza había presentado un “habeas corpus” a su favor, para que la justicia respondiera si había denuncia en su contra. Los policías desoyeron las advertencias de ese trámite vigente que impedía momentáneamente su detención, y se lo llevaron a la Décima. En la oficina de sumarios le aplicaron la misma modalidad de tortura, con tal salvajismo que se defecó y vomitó encima. Para disimular los gritos, colocaron una radio a todo volumen a una hora en la que la parte delantera de la comisaría estaba repleta de gente, por un accidente de tránsito, los familiares de los detenidos, etc.

“Le ponían bolsas de supermercado en la cabeza y comenzaban a los golpes; una vez que la persona no podía respirar se la sacaban y enseguida se la volvían a poner tratando de obtener información. Esa es la manera en que investigaba la comisaría Décima”, indicó Jozami Nassif.

“Los gritos de torturas se escucharon toda la noche”, consignó la requisitoria fiscal que apuntó que varios detenidos así lo declararon. Uno de ellos detalló que “estando los cuatro en la oficina sintió como cuando están asfixiando a una persona, al escuchar patadas y manotazos. Y Moreno decía: ‘hablá porque te vamos a matar, no sabes con quién te metes’. Se oía cuando la persona tomaba aire y luego cuando lo volvían a ahogar”.

Cuando se dieron cuenta que Vázquez no reaccionaba, comenzaron a abofetearlo, le pusieron un ventilador industrial, pero no lograron reanimarlo durante 50 minutos. La autopsia indicaría que sufrió un paro cardíaco tras broncoaspirarse (tragar su propio vómito) y que sufrió asfixia con un objeto blando y flexible, compatible con una bolsa de nylon. El informe no dejó la más mínima duda sobre la causa de muerte por torturas.

Moreno se desesperó por declarar en una de las primeras audiencias (todos se abstuvieron en el comienzo del proceso) y dio una versión sorprendente el 14 de agosto. “Esto fue muy rápido, en ningún momento le pegamos como se dijo aquí. Yo particularmente comencé a charlar con él y le dije que Néstor Isauro Gómez (otro detenido ilegalmente) había confesado todo y sólo falta saber dónde está la plata” (8). Dijo que mientras dialogaba sin lograr que el detenido colaborara, en la oficina de la Brigada de Investigaciones, un policía novato de apellido Millán “apareció con un cartucho de gas lacrimógeno y se lo abrió en la cara, provocando que se descompensara”. Ese policía, que fue sobreseído, había declarado como testigo unos días antes ratificando que al entrar al turno a las 7.00 se encontró con que sus compañeros de la Brigada interrogaban brutalmente a los detenidos. Señaló a los cuatro más complicados. Su involucramiento sonó a represalia y a búsqueda de un chivo expiatorio, por lanzar la culpa de la muerte sobre alguien que ni siquiera es juzgado, después de una investigación de 5 años.

Pero prosiguiendo la reconstrucción de los hechos, los policías se asustaron al ver a Vázquez descompensado y obligaron a otros detenidos a cargar su cuerpo en la caja del móvil, para llevarlo hasta Urgencias del hospital regional Ramón Carrillo. Ya era tarde, había fallecido. El vehículo salió con discreción y con el cadáver cubierto, para que no se enteraran los familiares que habían comenzado a congregarse en la Seccional.

En la guardia del hospital una médica de guardia constató que ya estaba sin vida, cerca de las 10 am. Los policías que lo transportaron, varios de los cuales también fueron acusados, aunque con menor responsabilidad, “se marcharon del lugar y lo dejaron como NN”, como relató su hijo Moisés Vázquez (9). Por eso la jueza ordenó el secuestro de los videos de las cámaras de seguridad para identificarlos. Su defensa adujo que no escaparon y que se encargaron de avisar a los familiares del deceso. Lo cierto es que los Vázquez se enteraron cerca de las 13.30, es decir, varias horas después.

La noticia generó indignación al percatarse del engaño y de la gravedad de su muerte, por lo que se generaron incidentes alrededor de la comisaría que fueron sofocados con el uso de la fuerza por parte de Infantería. Los medios tradicionales no reportaron los enfrentamientos que se viralizaron a través de las redes sociales.

El juicio por este caso se suspendió varias veces, lo que motivó que Gustavo Palmieri, del Comité Nacional contra la Tortura pidiera informes y también reclamara el 14 de septiembre la Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional. El tribunal dio garantías de no dejar caer el proceso.

 

Juicio por el asesinato de Vázquez. Fotografía: Ariana Irastorza.

 

Pero el caso de Vázquez no es el único. No es aislado.

 

Caso Ávila

Julio Ricardo Ávila era un lavacoches de 34 años que fue demorado el 9 de enero de 2016 por una patrulla de la Comisaría Cuarta, donde recibió una golpiza que le causó la muerte cinco días más tarde. Un comerciante se había comunicado con la policía porque Ávila estaba drogándose con pegamento en la vereda, como recuerda el querellante Rubén Jozami Nassif: “El dueño de un local, de apellido Feijoó, llamó para que lo lleven al hospital porque se sabía que era adicto, y no había cometido ningún delito. En cambio, lo llevaron a la comisaría Cuarta, donde lo tuvieron demorado todo el día y le propinaron una terrible golpiza que le provocó múltiples traumatismos en la cabeza, el tórax, entre otros lugares, por lo que lo llevaron al otro día al hospital regional, porque se sentía mal” (10).

Pero en el regional no terminó su calvario, de acuerdo a Jozami Nassif: “Avila estuvo 48 horas sin atención médica en la guardia del hospital, ya que los policías les dijeron que era un loquito, que nadie se le acercara. Recién fue auxiliado cuando unas personas lo vieron tirado, con dolores y que no se podía mover. A todo esto, la familia no sabía dónde estaba, lo buscó por todas partes, hasta que dio con su paradero. Ya era demasiado tarde cuando lo llevaron a terapia intensiva, donde le diagnosticaron que tenía perforado un pulmón, fractura de cadera, desprendimiento de la médula ósea. Por lo tanto, si es que sobrevivía iba a quedar postrado de por vida y con severos problemas mentales”.

“Mientras él podía hablar –señaló el querellante-, explicó que recibió una golpiza en la Comisaría Cuarta y no sabía exactamente quiénes eran, pero uno de ellos era apodado `Karateka’. Esto le contó a una de las enfermeras y a sus hermanos, pero después de esto falleció en el hospital”.

Como en otros casos, se trató de falsear los verdaderos motivos de la muerte, e incluso se publicó en la prensa: “La policía mintió que él había caído con su bicicleta de un puente en la avenida Lugones, lo cual no era cierto. Después se determinó, mediante la investigación, que murió por politraumatismos y, por lo tanto, de los testimonios se estableció que quien le había propinado la golpiza era Leandro Rubín, quien junto a dos policías más fueron procesados en junio de 2018”, explicó Jozami Nassif. Rubín fue procesado por torturas seguidas de muerte, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, falsificación de instrumento público agravado y encubrimiento agravado y falsedad ideológica, junto a Díaz y Gramajo.

Uno de los coimputados lo habría encubierto falsificando el libro de novedades de la comisaría, en donde omitió consignar que Julio Ávila se encontraba demorado y esto por orden del mismo jefe.

 

Otros casos

Los casos más graves, con el saldo de muertes, son los que suelen salir a la luz en los medios, no obstante, hay muchos otros que ni siquiera trascienden o merecen una atención secundaria. En agosto de 2015, un joven resultó con edema cerebral tras ser brutalmente golpeado, también en la comisaría Cuarta, y logró salvar milagrosamente su vida, tras haber estado internado en el Sanatorio Alberdi. Había sido demorado junto a cuatro amigos por una patrulla, acusados de destruir la vidriera de una panadería. Mientras se encontraba en una oficina habría roto –involuntariamente, al parecer- un artefacto y en represalia fue golpeado hasta quedar inconsciente. La jueza Falco ordenó la detención de dos guardias completas, unos 12 policías entre los que estaba incluido el segundo jefe, de apellido González, tras la denuncia de la madre del adolescente, María de los Ángeles Medina. Y como en otros casos, adulteraron el libro de guardia al sostener que la jueza había ordenado demorar a los jóvenes, según Diario Panorama del 05/08/15.

En esa misma comisaría se denunció una presunta violación masiva contra travestis que habían sido demorados, según fuentes judiciales.

En marzo de 2016 fueron imputados de apremios ilegales, torturas y lesiones graves, tres efectivos de la Seccional Doce de La Banda, identificados como Chazarreta, Serrano y Gutiérrez. El primero de ellos sería el oficial a cargo de la dependencia en el turno investigado.

En al menos cuatro detenidos se comprobaron serias lesiones producto de “golpes con bastones y rociado de gas pimienta”, pero había otros dos casos con las mismas lesiones aparentemente. De acuerdo con los testimonios recogidos por la justicia bandeña, los aprehendidos eran “bolseados” y sometidos a “torturas, desnudos en la propia seccional” (11). En el celular del policía Chazarreta habrían encontrado grabaciones de los apremios, según trascendió.

Esa misma seccional fue noticia recientemente, por una violación masiva de un detenido, por parte de otros compañeros de celda, sin que las vejaciones fueran advertidas por los custodios a escasos metros de distancia.

En la Comisaría 45, del barrio El Vinalar, policías de la misma dependencia y de Infantería reprimieron brutalmente una protesta de detenidos en 2017, de acuerdo a varios videos de una vecina que se viralizaron. En ellos se escuchan claramente los lamentos de las víctimas y los alaridos de los victimarios.  

También hubo denuncias por “trato cruel, inhumano y degradante” en el Centro Único de Detención, que funciona en el predio de la exFandet, que mereció la intervención del procurador del Servicio Penitenciario Federal, cuando varios detenidos de ese fuero elevaron quejas. Poco antes, se había iniciado una causa a varios guardias que habrían exigido sobornos y hasta favores sexuales de familiares de alojados, a cambio de un mejor trato, según publicó la prensa local.  

La procuración también actuó en el penal de mediana seguridad de Colonia Pinto, donde se registraron golpizas y hasta peleas entre presos, organizadas por guardiacárceles.

Los hermanos Ocaranza, dos de los primeros detenidos por el crimen del niño Marito Salto, en Quimilí, también denunciaron torturas policiales para que se incriminaran (12).

Y el ex fiscal de Añatuya, Álvaro Ruiz, removido tras un juicio político, denunció ante instancias nacionales que su desplazamiento obedecería a la intervención que tuvo en un caso de presuntas torturas contra un detenido. Ruiz fue expulsado y la causa de torturas cerrada por otro fiscal, pese a contar con testimonios y evidencias que ratificaban la denuncia, según Ruiz.

 

¿Una continuidad?

Volvamos a la hipótesis inicial: ¿estos casos suponen una pervivencia de prácticas represivas históricas y perfeccionadas en la última Dictadura?

 

Espectrovisión (2012). Por Iñaqui Ortega.

 

 

La tortura de prisioneros estuvo presente a lo largo de la historia de la Humanidad, pero se convierte en un sistema de confesión en los juicios de la Inquisición que incluso la trajo hasta Santiago del Estero. En el Siglo XX se perfeccionaron los métodos y sobre todo en la Guerra Fría, con la Escuela de las Américas de EEUU y la represión del ejército francés, cuyas ignominiosas enseñanzas fueron transmitidas a las fuerzas de seguridad latinoamericanas, en su entrenamiento para la represión ilegal, pero también en la rutina cotidiana de “esclarecimiento” de delitos.

Aunque la picana, los golpes y el “submarino húmedo” (ahogamiento en agua pútrida, incluso con ácido) eran los más usuales métodos de tortura, también se mencionan en los juicios de crímenes de lesa humanidad el “submarino seco” (asfixia provocada con bolsas plásticas). O la traba de la víctima esposada con un palo de escoba, para dejarlo totalmente expuesto a los golpes. Y para tapar los alaridos con la infaltable radio a todo volumen. Formas perversas y con un costo irrisorio.

En el fallo Juana Aliendro y otros sobre delitos de lesa humanidad en Santiago (13), durante el período democrático inmediatamente anterior al Golpe de 1976, los jueces sostienen que se tramitaban expedientes minuciosos de procedimientos sin orden judicial, de lo que “surge evidente la discrecionalidad de los funcionarios policiales que, bajo tormentos y torturas llevados a cabo durante los interrogatorios, arrancaban a las víctimas datos y nombres sobre las cuales justificaban las detenciones y allanamientos siguientes, en horas de la madrugada con extrema violencia y sin conocimiento de autoridad judicial alguna” (página 203).

Los jueces recuerdan que para mediados de 1975 la policía (que ya había comenzado a militarizarse progresivamente a partir de 1966), tenía como Jefe de la Superintendencia de Seguridad y delegado ante la SIDE a Musa Azar, quien había participado de distintos cursos sobre inteligencia dictados por la Escuela de las Américas, en Bs. As. y, a su vez, fue instructor de numerarios de la policía de la Provincia durante 1974.

Los recursos humanos formados en las técnicas de “lucha antisubversiva” tuvieron como consagración reglamentaria instrumentos militares como el reglamento R-E 9-51 que contemplaba la acción psicológica en su numeral 2004: “la angustia masiva y generalizada podrá derivar en terror, y eso basta para tener al público (blanco) a merced de cualquier influencia posterior (…). Por lo general este método será impulsado, acompañado y secundado por esfuerzos físicos o materiales de la misma tendencia”, lo que habilitaba expresamente entre los medios ocultos de acción psicológicas al uso de la “compulsión física, torturas en tercer grado” (R C -5-1 art. 2004 en función de ítem 3 numeral 4 de su Anexo 1)” (14).

El entrenamiento implicaba el manejo de la víctima para llevarla a un umbral insoportable de dolor, que le permitiera a sus captores confesar lo que fuese, sin que se muriera, al menos hasta que así lo dispusieran. Una víctima relata en el mismo fallo: “Esa noche en la DIP la situación fue muy caótica, sintió que otra persona estaba siendo golpeada insistentemente, las mismas voces actuaban, golpeando ferozmente a alguien, se hizo un silencio y pudo escuchar que decían “échale más agua, no reacciona”. Lo llamaron a Musa Azar, quien preguntó quién era, le respondieron Mignani. También decían “Se va. Se va, no reacciona”, entonces Musa dijo que lo llevaran al Hospital Regional, que lo ingresen como bañista que se ahogó. Ahora sabe que sobrevivió, pero en ese momento la testigo pensó que no saldría con vida” (fallo Aliendro págs. 211-212). Aquí aparece también el recurso de la falsedad ideológica en los registros burocráticos al inventar una causa de muerte para encubrir las torturas.

En la página 326 de la sentencia se señala que “la permeabilidad del sistema judicial que toleraba todas estas prácticas sistematizadas, ponía al ciudadano en un estado de total vulnerabilidad”.  

Y el tribunal recuerda que la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en cuyo artículo 1.1 se precisa que constituye una violación de las normas de derecho internacional “ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 47/133, del 18 de diciembre de 1992)”. Es un derecho de carácter supranacional y obligatorio para miembros firmantes, como Argentina. Así pues, en 2012 se sancionó la ley nacional 26.827, que contempla un mecanismo de prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, en Santiago del Estero pese al tiempo transcurrido recién este año se ingresó un proyecto de ley propia a la Legislatura, actualmente en estudio de comisión, según reveló Josefina Ignacio, miembro del Comité contra la Tortura de la Nación (15).

La investigadora de la UNSE, Celeste Schnyder, plantea justamente resistencias en las provincias en manos de élites autoritarias a una reforma de sus fuerzas policiales y plantea una continuidad en democracia de las prácticas de espionaje y represivas de la Dictadura (16). En particular, sobre Santiago del Estero, considera una continuidad de ese sistema con la designación en 1995 de dos de los ejecutores principales de los crímenes de lesa humanidad, como Musa Azar al frente de la subsecretaría de Informaciones y Jorge D’Amico en la Secretaría de Seguridad, ambos condenados varios juicios por la justicia federal, tras la caída del juarismo. Aunque ya en su tercer gobierno, Carlos Juárez había mantenido la estructura policial que le asegurara su hegemonía con un Estado de vigilancia y persecución para “el control político disciplinante”, con la incorporación de “trabajadores políticos” y la consecuente “desprofesionalización”, moderado forzosamente tras la recuperación de la democracia, porque ya no apuntaba al exterminio de la oposición interna y externa del PJ, como quedó demostrado en el fallo Aliendro sobre su segundo período.

 

              “Las numerosas denuncias contra la policía recogidas por la Secretaria Diocesana para los Derechos Humanos entre 1997 y 2004 dan cuenta de apremios ilegales, tortura y gatillo fácil. La violencia policial emerge como contrapartida de la penetración de dicha forma de regulación partidaria en la carrera policial, en un proceso que ha sido caracterizado por los propios actores policiales como de “desprofesionalización” (17).

 

Aunque el trabajo abarca hasta la intervención federal de 2004-2005, como se ve en la casuística reciente -aunque por lo general sólo lleguen a juicio los más graves por homicidios y torturas- esas prácticas represivas aún perduran y no se limitan a casos excepcionales, pese a la actualización y formación de las fuerzas policiales. Se advierte que esto amenaza las libertades civiles y las garantías individuales. Pero los gobiernos provinciales opusieron resistencias a las modificaciones en el sistema normativo nacional que avanzó, no sin contradicciones, en una separación entre defensa y seguridad, la desmilitarización, en la ilegalización de la vigilancia política y la erradicación de las torturas.

A propósito de esto, el juez federal Daniel Rafecas aportó una línea en el sentido de nuestra hipótesis, durante su presentación de su último libro “El crimen de tortura en el Estado autoritario y el Estado de Derecho” en la Universidad Nacional de Santiago del Estero:

 

              “La segunda parte del libro plantea una conexión entre aquellos crímenes y la continuidad de malos tratos y torturas en cárceles y comisarías hasta la actualidad, que hay en todo el país. Como una preocupación actual. Y lo que lleva a que la preservación de la memoria de aquellos crímenes de la dictadura también tenga actualidad en estos aspectos. Pese a que pasaron más de 30 años de la recuperación de la Democracia, lamentablemente muchas prácticas que se siguen viendo masivamente adentro de las cárceles y comisarías, son más propias de estados autoritarios que de sistemas democráticos. En mi caso y en el de muchos operadores y activistas de Derechos Humanos genera preocupación. No sé si no se puede o no se quiere, lo cierto es que es una realidad y desde lo que es el sistema penal es una tarea urgente que tenemos que acometer desde el estado de Derecho” (18).

 

No obstante, el magistrado reconoció que hubo avances con la formación de la Procuración del Servicio Penitenciario Federal; que algunas provincias pusieran en funcionamiento comités contra las torturas de Naciones Unidas; que organismos de Derechos Humanos se presenten como querellantes y que se registraran muchas condenas desde no hace más de 10 años.

A nivel local puede verse como un avance en los últimos años que la instrucción policial se haya suprimido, al igual que la figura del instructor policial en tribunales, o que el nuevo sistema penal acusatorio coloque a más fiscales para controlar las investigaciones, pero aún no se implementó la Policía Judicial. La policía provincial aún cuenta con cierta autonomía que deriva en muchos hechos graves, como los descriptos. Y en no pocos juicios salen a la luz denuncias de apremios y torturas, o instrucciones deficientes que dejan crímenes impunes, como el llamado “Doble crimen de Los Flores”, el caso Raúl Domínguez, o la represión en el Club Sarmiento que le costó la vida a Exequiel Melián, en La Banda, entre varios ejemplos.

Para finalizar, una última reflexión que dejó el juez Rafecas: “Tenemos que seguir trabajando más intensamente contra este flagelo que afecta contra la dignidad y la vida de compatriotas. Da la sensación de que muchas agencias policiales y muchos servicios penitenciarios provinciales tienen una cierta autonomía de los poderes políticos de turno. Y al Estado de Derecho y al sistema democrático le está costando penetrar y democratizar esos ámbitos (…). Creo que la cuestión más urgente, dentro del sistema penal en Argentina es intentar hacer retroceder las prácticas de torturas, malos tratos y muertes en las cárceles y comisarías de todo el país. En esto hay una cuenta pendiente de la democracia” (19).

  1. Entrevista emitida en LRA 21 Radio Nacional 28/09/18.
  2. Ídem.
  3. El Liberal 28/09/18
  4. Entrevista telefónica en Radio Nacional 28/09/18.
  5. Ídem.
  6. Entrevista a Rubén Jozami Nassif (h) en Radio Nacional, emitida el 31/07/18.
  7. Lectura de la requisitoria fiscal a cargo de la secretaria María Barbesino de Paz, el 07/08/18.
  8. Declaración del imputado Carlos Moreno en el juicio, fragmento emitido en Radio Nacional el 14/08/18.
  9. Entrevista a Moisés Vázquez, hijo de la víctima, con Irina Hauser en Nacional Folklórica 06/10/18.
  10. Entrevista emitida en Radio Nacional el 05/09/18.
  11. Publicado en El Liberal 11/03/16 y 12/03/16.
  12. Ver El Liberal 09/06/16.
  13. Ver fallo completo.
  14. Ídem.
  15. Ver Nuevo Diario 09/05/18.
  16. Schnyder (2013) “La política bajo sospecha. Regularidades y reformulaciones de la vigilancia política en Argentina: la policía de Santiago del Estero”. Publicado en revista Nuevo Mundo Mundos nuevos, 11/06/15.   
  17. Schnyder, Celeste: “Los estados de la democracia. Bases políticas y policiales…”, artículo publicado en revista Post-data 20, Nº1, septiembre 2015, pág. 93.
  18. Entrevista en Radio Universidad de la UNSE al juez federal Daniel Rafecas, del 23/03/18,  audio disponible.
  19. Ídem.