Por Rocio Trujillo y Daniel Ise.
El 17 de agosto, después de un cuarto intermedio, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Santiago del Estero se volvía a reunir. El tema a tratar era la declaración del estado de alerta. El máximo órgano del cogobierno universitario, integrado por representantes de docentes, no docentes, egresados y estudiantes, debatía el tema por tercera vez. Esta iba a ser la vencida. Con la resolución N° 240/18 la UNSE entra en alerta.
Al mismo tiempo, el segundo cuatrimestre del año no arrancaba en 57 universidades nacionales. El último ofrecimiento del gobierno nacional fue un incremento del 15%, en tres cuotas. Daniel Schteingart muestra que el salario real docente venía de una baja de 6,6% en 2016, una recuperación -insuficiente- del 4,0% en 2017 y una nueva caída estimada del 3,9% para 2018. Por eso la resolución del Consejo Superior manifiesta su solidaridad con las medidas de los docentes universitarios en reclamo por su salario.
En los medios masivos cercanos al oficialismo nacional, el conflicto aparece poco, casi nada. Directamente estaba afuera de la agenda. Comenzó a aparecer por la enorme reacción de la comunidad universitaria. Docentes, estudiantes y no docentes están saliendo a la calle, realizando actividades conjuntas, articulando para defender la Educación Pública. Las redes sociales se inundaron de historias de vida transformadas por la gratuidad de la educación superior, permitiendo saltar el cerco mediático. Ahora, ¿qué está pasando con la Educación Superior en la Argentina de Cambiemos? ¿Cuál es el trasfondo de este conflicto?
No dan los números
El problema ya se veía venir desde hace tiempo. En un trabajo publicado en octubre del 2017 el Instituto de Estudio y Capacitación de CONADU (IEC-Conadu) ya señalaba que el gobierno iba a profundizar su política de desfinanciamiento de la Educación Superior. Durante el primer semestre de 2018 se hizo un recorte de $1.056,4 millones del presupuesto acordado de $107,6 mil millones que asignaba el presupuesto. De dicho monto, $655,9 millones corresponden al presupuesto de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Estas modificaciones afectan sobre todo a las áreas de Proyectos Especiales, con una baja del 90,9% y a Infraestructura con un recorte del 40,3%.
Los aportes del Estado Nacional son -lejos- la principal fuente de financiamiento de las universidades. Podemos ver los números que señala Martin Mangas (Le Monde Diplomatique, agosto de 2017). Si diferenciamos los recursos de las universidades nacionales por origen, los aportes del tesoro nacional a través del presupuesto representan un 85,7%. Las universidades también generan ingresos a partir de la venta de bienes y servicios, representando esta fuente un 7,6 % de los recursos. Los remanentes de ejercicios anteriores un 4,9% y las fuentes restantes, como transferencias externas o crédito, solo un 1,8 %. Los aportes nacionales financian el 91,4% de los salarios.
Además de que el presupuesto es insuficiente, hay subejecución. La resolución del Consejo Superior señala que hay demoras en el envío de fondos, por lo que la Universidad debe valerse de los remanentes de años anteriores para gastos de funcionamiento. Algunos programas que aportaban fondos por fuera del presupuesto para actividades científicas, de vinculación, extensión y transferencia fueron desfinanciados. En el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del que forman parte los rectores de las diferentes universidades, se anunció la suspensión de asignaciones presupuestarias para obras de infraestructura durante 2018. El nivel de ejecución del presupuesto al 30 de junio fue el menor en los últimos 3 años.
«Además de que el presupuesto es insuficiente, hay subejecución. La resolución del Consejo Superior señala que hay demoras en el envío de fondos, por lo que la Universidad debe valerse de los remanentes de años anteriores para gastos de funcionamiento. Algunos programas que aportaban fondos por fuera del presupuesto para actividades científicas, de vinculación, extensión y transferencia fueron desfinanciados»
Pero todo presupuesto es político. Detrás de estos números hay un proyecto, que más allá de su retórica que pone el eje en la creatividad, la innovación o los emprendedores, no da importancia al desarrollo científico y tecnológico nacional. Más allá de la constante corrección política, hay varias referencias que muestran el pensamiento de los principales referentes de la alianza Cambiemos sobre las universidades nacionales. Desde el “¿qué es esto de universidades por todos lados?” de Mauricio Macri al elitismo de María Eugenia Vidal cuando afirmó que “nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad”.
Ilustración: Junco Gómez.
Viejas recetas
Estas estrategias resuenan en la memoria reciente de nuestro país. En la década del 90, con la llegada del FMI y el Banco Mundial al país, en lo que serían medidas que tendían a la reducción del Estado a través de la privatización y la desregulación, traducidas en la implementación de la Ley de Educación Superior y la evaluación de las universidades con la CONEAU, hubo un crecimiento constante de las instituciones universitarias privadas en contraposición de las públicas, debido a su desfinanciamiento.
Según Pérez Rasetti, “desde 1989 hasta la sanción de la Ley 24.521 de Educación Superior en agosto de 1995 se crearon 19 universidades y 2 institutos universitarios privados, con un total de 21 nuevas instituciones privadas, contra 9 universidades nacionales (dos por vía de nacionalización de universidades provinciales, la de La Rioja y la de la Patagonia Austral) y 3 institutos universitarios estatales dentro de un régimen especial para las Fuerzas Armadas.”
Mangas y Rovelli señalan que durante el Menemismo, el financiamiento a las universidades nacionales “a fines del siglo XX alcanzó el guarismo del 0,92% del PBI”, y con la crisis hiperinflacionaria de los años 1989-1990, el gasto en educación superior “disminuyó un 15,5% del PBI en comparación con los años anteriores”. Mangas remarca en su estudio, un crecimiento significativo en la participación del gasto en la educación superior durante el kirchnerismo, “con la creación de dieciocho casas de altos estudios y llegando al pico del 1,32% del PBI en 2015.” En comparación con un año de Cambiemos, “en materia de recursos al sistema universitario, siempre en proporción al PBI, retrocedimos una década.”
Es hora de levantarse queride
Luego de la declaración de alerta, toda la UNSE estuvo movilizada. Las jornadas de lucha incluyeron clases públicas, asambleas con presencia de los diferentes claustros, marchas y radios abiertas. No solo se acompañaban los reclamos de la comunidad universitaria, sino que también se hacían eco de los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar y el INTA, por mencionar algunos.
La toma simbólica del día 26 de agosto incluyó clases públicas, olla popular y actividades culturales. Fotografía: Araceli Montenegro.
Hurtado (Le Monde Diplomatique, agosto de 2017) nos decía a fines del año pasado que “ya podemos ver las consecuencias de un proyecto de país que no necesita conocimiento: en el corto plazo está dejando a millones de ciudadanas y ciudadanos a la intemperie y en el largo plazo dejará a la Argentina sin futuro”. En el fondo, el problema pasa por el proyecto de país. Tenemos que pelear y rearticular fuerzas. Con unidad y diversidad. Para derrotar la ofensiva neoliberal. Para volver a tener futuro.