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De brava a dura y de dura a precarizada. Apuntes sobre la crisis policial bonaerense

16 Minutos de lectura

Por Gonzalo Lohiol*

Los primeros meses del año trajeron enormes desafíos para las autoridades bonaerenses y nacionales del Frente de Todos. Ni bien asumieron tuvieron que afrontar un escenario de crisis múltiples: financiera, laboral, de seguridad, alimentaria y, como si esto fuera poco, mediática. Para fines de marzo, a ese frente complejo se le sumó la llegada del COVID-19, que trajo un agravamiento de la situación económica y social, aumentó la tensión en la agenda de los medios y sumó la crisis sanitaria como el principal factor que ha organizado las decisiones estatales. 

El inicio de septiembre constituía, al menos, el cierre parcial de varios de esos frentes: se anunció el exitoso acuerdo de deuda con los bonistas privados, se comenzaron a observar los primeros “brotes verdes” en la economía y se pretendió contener la emergencia social con la continuidad de las herramientas diseñadas para evitar el derrumbe de ingresos y empleo durante la pandemia. Incluso, se procuró blindar la seguridad del Gran Buenos Aires con un plan que preveía una inyección de recursos y de agentes federales de envergadura ante la inminencia de una crisis del delito en los próximos meses.

Sin embargo, al comienzo de la segunda semana de este mes, sectores diversos, aunque más o menos coordinados, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se movilizaron en varios distritos de la provincia. Así, entre el 7 y 11 de septiembre fuimos testigos, nuevamente, de una protesta policial, con los agravantes que trae una movilización de este tipo. ¿Qué características adquirió esta movilización dentro un contexto de alta conflictividad? ¿Cuáles fueron sus consecuencias en la arena política? Y, más importante, ¿qué implicó para la misma institución la emergencia de demandas salariales y de condiciones de trabajo por parte de sus integrantes? Nuestra hipótesis preliminar es que la protesta de este año se enmarca en una historia propia de manifestaciones que pueden dar indicaciones de transformaciones estructurales de esta fuerza de seguridad.

Las protestas policiales como acciones de confrontación

En la conversación social se apela con frecuencia al uso de representaciones unívocas y monolíticas sobre la policía. Desde el espectro político más conservador se aducen imágenes a veces contradictorias entre sí: la policía es la fuerza del orden, resguardo de la paz social y la agenda del Estado, y a su vez es una institución corrupta e ineficiente, debilitada y agobiada por una justicia inoperante. Por el contrario, desde sectores críticos, de izquierdas o vinculados con la praxis política popular, el “sentir policial” se constituye desde el antagonismo: una institución que protege los intereses de minorías privilegiadas, que ataca con violencia y sin piedad a jóvenes de sectores populares o racialmente discriminados, que hostiga a disidentes sexuales y que, finalmente, se convierte en el obstáculo insalvable para la emancipación social. Entre todas esas imágenes que circulan, podemos observar, en la realidad concreta y en sentido histórico y sociológico, que la complejidad de la institución policial y, más especialmente, de la policía bonaerense, contiene y desborda esas representaciones. Se alimenta de sus simpatizantes y antagoniza con sus adversarios, aunque se transforma, se deforma y reconvierte a lo largo de la historia. Como toda agencia estatal, contiene un cuerpo de funcionarios en apariencia uniforme, pero también presenta un conjunto de intereses, sentires, prácticas e identidades múltiples y no siempre congruentes con los valores más ponderados por la normativa institucional. 

Tal característica la podemos observar en lo que entiendo como una práctica de interpelación política recurrente que sectores de la policía provincial han utilizado desde el año 1983. Por un lado, la movilización y la acción pública se encuentran vedadas por las leyes que regulan y establecen el “estado policial” en la provincia de Buenos Aires (Ley 13982 y Decreto Reglamentario 1050). Lo que en un primer momento podría llevar a pensar que del mismo modo que las Fuerzas Armadas han visto obturada la expresión de pareceres políticos desde la reapertura democrática –a través de un enorme esfuerzo de los partidos mayoritarios de que así sea (fundamentalmente hasta los primeros años de la década de los 90s)–, las fuerzas de seguridad repetirían este esquema y se mantendrían como un cuerpo “a-político” (en realidad, “a-partidario”) y no gremializado. Los efectivos de todo el territorio responderían solamente a la conducción de la jefatura platense y canalizarían todas sus demandas a través de la vía organizada y no-conflictiva (del subalterno a su jefe inmediato). Por el contrario, esta no ha sido la única alternativa. Más aún, ya antes de la Dictadura Cívico-Militar aparecen antecedentes de sindicalización y acción política organizada en la fuerza, lo que con el retorno a la democracia se consolidó y se enriqueció con un conjunto de repertorios de protesta amoldados a los que los y las policías pueden y saben hacer.

A este conjunto de repertorios se lo suele identificar en la prensa con la categoría de “malestar policial”, que, más ampliamente, refiere a intentos efectivos o no de movilización causada por la inconformidad de policías ante su situación. Vale la aclaración: la sola amenaza de protesta funciona para la policía como un artilugio de contestación frente a las autoridades políticas. Así encontramos episodios de malestar en la fuerza en los siguientes años: mayo de 1986, septiembre-octubre de 1988, octubre de 1993, marzo y diciembre de 1997, agosto de 2001, marzo de 2009, diciembre de 2011, diciembre de 2013, marzo y abril de 2016 y septiembre de 2020. De los anteriores eventos, solamente en los años 1988, 1993, 2013 y 2020 se observaron movilizaciones simultáneas de policías en varios distritos de la provincia, con concentraciones en lugares públicos estratégicos, “acuartelamientos” en las dependencias, asambleas que nuclean las decisiones y resentimiento del servicio de seguridad (con efectos que van de leves a graves). Los años restantes evidenciaron intentos desactivados de acciones, movilizaciones reducidas o simplemente se redujeron a una comunicación intencional del malestar para motorizar respuestas desde el gobierno.

Entonces, ¿qué es lo que sabe y puede hacer la policía? Eso podrá observarse comparativamente en estos cuatro eventos concretos de protesta que me interesa retomar. En términos generales, se presentaron las siguientes regularidades: 1) los efectivos movilizados justificaron sus acciones con demandas salariales y de condiciones de trabajo; 2) se contextualizaron en coyunturas que expresaban tensiones intrainstitucionales y, aunque sin correlación directa, extrainstitucionales en el campo político; 3) el acuartelamiento en sedes policiales, las concentraciones multitudinarias con asambleas en lugares estratégicos y la reducción parcial del servicio fueron las prácticas de presión predilectas; 4) la función ambigua de la jefatura, mediando entre las bases y sus demandas y las autoridades políticas y sus necesidades; 5) y la participación de sujetos colaterales al mundo policial, sean retirados, familiares, exonerados o activistas gremiales de las organizaciones existentes en ese entonces.

1988

La investigación de casos de corrupción administrativa con consecuencias directas en la gestión de la fuerza representó el contexto inmediato de la protesta policial de 1988. Ya para junio de ese año, la administración provincial decidió reemplazar la jefatura y la plana mayor por nuevos funcionarios policiales. Esa misma cúpula fue la que afrontó, exactamente dos meses después, entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, una movilización de efectivos en la capital provincial, localidades del conurbano y del interior. 

El punto de partida de la protesta lo dio un error de liquidación en el último día del mes, que implicó para muchos agentes la reducción de un 40% en sus haberes. Dicho recorte motivó la espiralización de las demandas, que pretendían un piso salarial más alto y mejores condiciones laborales, y la movilización de efectivos, que comenzaron con acciones de propaganda (panfletos, en Quilmes) y asambleas (con incidentes, en Mar del Plata) y continuaron en un “virtual estado deliberativo” de toda la fuerza (con acuartelamientos en Mar del Plata, Bahía Blanca, La Matanza, Florencio Varela y Quilmes).

Al segundo día de la protesta, varios acuartelamientos se levantaron y la protesta tomó el formato de “estado de rebeldía”, pero cumpliendo un servicio esencial. La movilización más importante fue en las afueras de la Casa de Gobierno en La Plata, en horario nocturno, donde miles de policías entonaron cánticos y gritos contra el gobernador Antonio Cafiero y el ministro de gobierno Luis Brunati (a este con acusaciones de “zurdo”, “montonero” y “bolche”, según la prensa). Por otro lado, el comando central de La Plata fue el lugar de otra reunión multitudinaria, que incluyó policías retirados, y en donde se conformó una “comisión salarial” que elaboró un “plan de lucha” y el petitorio que el recientemente ascendido a jefe de la fuerza, comisario Walter Jurado, y otros superiores, se encargaron de negociar con el gobernador. El diario La Nación, además, reconoce la participación del MOPOL, actor gremial que tiene aparente origen en la revuelta policial de 1973 y que perduró como actor central durante la década del ochenta en los gobiernos democráticos. 

1993

La coyuntura crítica de 1993 transcurrió de otro modo. El contexto inmediato de la protesta se dio por la implementación del “Plan de Patrullas Bonaerenses” que incluía inversión en equipos por parte de la gestión del gobernador Eduardo Duhalde. Para el 8 de octubre de ese año, se produce una reacción a ese plan, aduciendo sobrecargas al servicio, malas remuneraciones y severas exigencias al personal policial. Las acciones se desarrollaron en varias localidades del Gran Buenos Aires (Wilde, Quilmes y Esteban Echeverría, con acuartelamientos) y concentraron adhesiones de distritos del interior. 

Las demandas volvieron a centrarse en un petitorio y constaron de: mejores sueldos, más chalecos antibalas, mejor armamento y jornada de trabajo de 6 hs. Un dato relevante es quién fue la cabeza visible de la protesta: un comisario inspector llamado Edgardo Mastandrea, con sede en la delegación policial de La Matanza, quien, según releva la prensa, estaría llevando una interna abierta contra el jefe de la policía de ese entonces, Pedro Klodezyc. 

Esto podría haber repercutido en que las demandas derivaron en serias denuncias de corrupción por parte de la plana mayor policial a causa de su complicidad en los negocios ilícitos de la prostitución, el juego y los desarmaderos. Por otro lado, los oficiales retirados también mostraron su apoyo a los manifestantes, incluso publicando comunicados en diarios de circulación masiva.

2013

La protesta del año 2013 tuvo una complejidad y extensión mayor a los antecedentes que mencionamos. Por un lado, es el único evento de manifestaciones policiales que ha transcurrido simultáneamente en la mayoría de los estados del país (con la excepción de CABA, Santiago del Estero, Formosa y Santa Cruz) y con un nivel de violencia inédito. Anteriormente, la táctica de reducción del servicio había afectado sectores que requerían del trabajo adicional de los y las policías o había tenido un impacto en incrementos del delito, pero sin devenir en caos, saqueos y destrozos a gran escala por la profundidad de la retracción en el control de seguridad.

Una crisis interna de la Policía de la Provincia de Córdoba por un narcoescándalo fue el escenario que dio comienzo a la crisis de acuartelamientos, con saqueos, zonas liberadas, vandalizaciones, formación de “milicias” de comerciantes y suspensión de clases, bancos y otras actividades. A partir de esos hechos, otras jurisdicciones comenzaron a presentar la misma dinámica, que fue identificada por la prensa como un “efecto contagio”. Otro factor a tener en cuenta fueron las elecciones legislativas de octubre, que significaron una derrota para el oficialismo en distritos claves, inclusive en Buenos Aires, y la agenda mediática y política se encontraba en permanente tensión, entre una oposición empoderada, con vistas en la elección presidencial de 2015, y un oficialismo que buscaba mantener la iniciativa. Además, el 10 de diciembre se tenía previsto conmemorar los 30 años de la reapertura democrática de 1983.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, la movilización de efectivos se centró en dos distritos: Mar del Plata y La Plata, entre el 7 y 11 de diciembre aproximadamente. A pesar de un primer intento de contención con anuncios de aumentos por parte del gobernador Scioli y su ministro Alejandro Granados, sectores de la policía bonaerense comenzaron a movilizarse. En La Plata, fueron efectivos de la Guardia de Infantería que custodiaban un partido de fútbol los que tomaron la iniciativa e iniciaron la medida de fuerza, que se extendería a Mar del Plata (principal distrito afectado por los saqueos) y acumularía adherencias en el Gran Buenos Aires (mediante la radio, especialmente en el conurbano sur). En los días siguientes al 7 de diciembre, en zonas céntricas de estas dos ciudades, los policías tomarían estado asambleario en gran cantidad de sedes policiales, cortando calles, quemando gomas y negociando con delegados “precarios” un acuerdo con los jefes y las autoridades. 

En el caso de Mar del Plata, los saqueos y actos vandálicos sucedieron en las noches del domingo y el lunes, a la par que crecía la convocatoria en la Comisaría Primera, ubicada en pleno microcentro, llegando a los 700 agentes en asamblea. A la par de los efectivos, se movilizaron las “mujeres de policías” que difundieron sus reclamos a través del diálogo con la prensa y estuvieron acompañadas por el militante del partido de ultraderecha FONAPA (Foro Nacional Patriótico), Carlos Pampillón, quien asumió el rol de vocero el primer día, tomando igual protagonismo que los familiares, y comunicó muchas de las acciones y petitorios a través de sus redes sociales. Por último, en ambas ciudades, sujetos autodenominados sindicalistas de la policía (SINPOPE y SIPOBA, por ejemplo) tuvieron una fuerte presencia en los comunicados y en las asambleas, como así también los retirados, exonerados y patrulleros dieron volumen a las diversas asambleas llevadas a cabo.

En el distrito que nos incumbe, la protesta fue cerrada luego de un trabajoso esfuerzo por parte de Hugo Matzkin, jefe de policía, y de otros jefes distritales, que repartían su complicidad tanto con las bases como con las autoridades, en convencer a las asambleas de aceptar el decreto 934/13 firmado por el gobernador Daniel Scioli con aumentos en el básico, adicionales y bonificaciones, con la promesa también de atar aumentos futuros a la paritaria estatales. Este esfuerzo, no exento de incidentes, dio frutos y para fines de esa semana el trabajo de las diferentes reparticiones había vuelto a la normalidad. Las demandas buscaban un piso salarial más alto y se coordinaban entre los diferentes epicentros en el país. También, el pedido de mejores condiciones de trabajo y un “trato humano y digno” a los agentes de menor jerarquía cobró un peso específico inédito en la comunicación de los referentes en las manifestaciones.

2020

Finalmente, nos encontramos con la protesta que aconteció en la segunda semana del mes de septiembre de 2020. A pesar de la menor extensión geográfica, limitada a municipios bonaerenses, y sin producir hechos de violencia o muertes, la movilización trajo grandes repercusiones en la agenda política. La situación política a nivel nacional y provincial revelaba una dinámica altamente conflictiva entre los dos frentes electorales mayoritarios, de los cuales el opositor fue movilizando durante meses a su núcleo de votantes en marchas anti-oficialistas. Los medios de comunicación masivos se posicionaron también con una agenda agresiva contra el gobierno.

El 4 de septiembre de 2020 el presidente Alberto Fernandez y la ministra Sabina Frederic presentaron junto al gobernado Axel Kicillof y el ministro Sergio Berni un amplio plan de seguridad que preveía una inversión de 10 mil millones de pesos y el refuerzo con 4 mil agentes federales para municipios del Gran Buenos Aires. Dos días después comenzaron a movilizarse en diferentes distritos del conurbano y del interior, de forma simultánea, agentes de la policía bonaerense, retomando el formato que notamos en los casos precedentes: reuniones en las puertas de las sedes o comisarías, cortes de calle con móviles y movilización de familiares, retirados, exonerados y sindicalistas no-legales. En términos generales, esta protesta compartió esas características, sin embargo, no produjo un incremento sensible del delito o implicó hechos de violencia letales. Además, no repercutió en un efecto en cadena en otras jurisdicciones (aunque no faltaron sospechas), limitándose al territorio bonaerense con una amplitud mucho mayor que en la del 2013. Así la protesta se extendió en más de 20 distritos del conurbano y del interior cuyos principales epicentros de negociación se ubicaron en el Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial (Puente 12), la sede de la Jefatura (La Plata) y la mismísima residencia presidencial, la Quinta de Olivos (Vicente López).

Los efectivos movilizados, muchos de ellos jóvenes iniciados en la fuerza durante el último periodo expansivo de Scioli (fundamentalmente por la implementación de las UPPLs, años 2014-2015), demandaban aumentos del salario básico, pago de bonificaciones y adicionales (congelados o nulos por el contexto de la pandemia) y más equipamiento e insumos sanitarios. La movilización fue notoriamente coordinada desde las redes sociales, por ejemplo, desde páginas de Facebook que relataban cada movimiento de la protesta en la provincia, expresando los sentires políticos y evaluaciones de esas asambleas de forma pública, contó también con una fuerte presencia mediática de los “delegados sindicales” del SIPOBA, Nicolás Massi, y del SINPOPE, Salvador Baratta, y el protagonismo de agentes exonerados o pronto a ser expulsados, que fueron entrevistados por los medios capitalinos, e incluso algunos agentes activos que circunstancialmente debieron asumir el rol de comunicadores aunque no estuvieran preparados para tal rol. También, al igual que 2013, la oposición política motorizó adhesiones a la protesta y referentes de la ultra-derecha local fueron incluso a participar de las reuniones, como es el caso de José Luis Espert.

El punto álgido de la conmoción pública se dio el 9 de septiembre con la movilización de policías armados y móviles de distritos del conurbano norte a los alrededores de la Quinta de Olivos, donde el presidente seguía con su actividad habitual. En La Plata, en la madrugada del 9, la protesta llegó a la Casa de Gobierno provincial, residencia del gobernador, y al igual que en 1988, los policías decidieron hacer una vigilia a los alrededores con sirenas, cánticos y algunos incidentes, lo que contrarrestaba con una residencia defendida solamente por un pequeño grupo de efectivos. Lo que se sumaba a reiteradas expresiones partidistas de referentes policiales en franca oposición al gobierno, muy similares a las expresadas desde el frente Juntos por el Cambio.

Luego de una serie de propuestas que no fueron bien recibidas por los sectores movilizados y con un ministro y jefe de la fuerza que encaraba infructuosas gestiones para que la situación no siga escalando, el cierre fue dado por el presidente de la Nación. El anuncio por parte de Alberto Fernández de la redirección de un punto de coparticipación desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la provincia para financiar un más ambicioso “Plan Integral de Seguridad”, que lógicamente incluía aumentos ostensibles para los y las policías, fue el incentivo final para dar cierre a las movilizaciones.

De brava a dura y de dura a precarizada

El proceso de consolidación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XX es referido por el historiador Osvaldo Barrenche como el paso de una policía brava a una policía dura: de una policía estructuralmente atomizada, funcional a los intereses de los caudillos conservadores locales, a una fuerza disciplinada, pensada en espejo a las fuerzas armadas, y estructuralmente centralizada, con fuerte influencia del poder político y/o militar. Las continuidades que podemos notar se ubican en su impronta represiva y los compromisos espurios con el poder político conservador y los mercados ilegales, que mutan desde prácticas más focalizadas y menos estandarizadas hasta un ejercicio sistemático de la represión y el espionaje interno cuyo punto culmine se encontrará en el terrorismo de estado de la última dictadura militar.

En épocas recientes, y ya sin el tutelaje orgánico de los militares, la bonaerense atravesó un proceso de cambios a la par de las transformaciones en la estructura social y económica del país en la última década del siglo XX. De este modo, el ajuste estatal produjo una desinversión en salarios y equipamiento, a lo que se suman políticas que favorecieron el autogobierno institucional y financiero de la fuerza, fuertemente vinculado a las políticas de represión y ajuste económico de los 90s. 

Como consecuencia, la “mejor policía del mundo” sufrió reiteradas crisis de legitimidad vinculadas a su desgobierno de la seguridad, que fueron suplidas en mayor parte con políticas que tendieron a reforzar el carácter vertical de la institución o aumentaron el número de efectivos a razón de una estrategia de saturación policial. Pobremente financiada por el Estado y fuertemente financiada por los mercados ilegales, en un constante aumento de la plantilla de jóvenes suboficiales, con fuertes tensiones entre una jerarquía comprometida con sus propios intereses y bases fuertemente precarizadas, y, por último, con una sucesión de gobiernos que, por acción u omisión, reproducen el status-quo. La Policía de la Provincia parece encarar un nuevo capítulo que redefine su identidad. La reiteración y agudización de episodios de “malestar policial” puede ser un claro indicador de este proceso y una advertencia para encarar definitivamente las problemáticas multidimensionales de la institución.

*Doctorando en Ciencias Sociales y Humanas (UNQ). Licenciado en Sociología (UNMdP). Becario Doctoral Interno (FH-CONICET). Pertenezco al Grupo de Estudios sobre Violencia, Justicia y Derechos humanos (CESP-FH).

Citas y fuentes:

Osvaldo Barreneche, ver: Barreneche, O. (2011). Paro de y represión a… Policías. Reclamos salariales, protestas y huelga en la policía bonaerense (1955-1973). Desarrollo Económico, 51(202-203). 221-239.

Galar, S. (2018). Entre el cuartel y la calle. Protestas policiales en la provincia de Buenos Aires desde el registro de la acción pública (2008-2017). Anuario de la Facultad de Ciencias Humanas, 14(14), 5-22.

Utilizo como fuente de datos para reconstruir los dos primeros eventos el trabajo documental con archivos de los diarios La Nación, Clarín y La Capital realizado durante el año 2018 en la Hemeroteca del Congreso Nacional y el archivo propio del diario La Capital (Mar del Plata). Los dos eventos contemporáneos se reconstruyen a partir del trabajo con fuentes periodísticas online.

La Nación (1 de octubre de 1988). Se agravó el conflicto en la policía de la Provincia de Buenos Aires. Nota de tapa.

Machiola, Jorge Omar (La Nación, 2 de octubre de 1988). Terminó el conflicto en la policía de la Provincia de Buenos Aires. Página 17.

Clarín (8 de octubre de 1993). Entregaron sus armas y se acuartelaron 400 policías. Página 53.

La Capital (10 de octubre de 1993). Oficiales retirados junto a los rebeldes.

La Nación (20 de diciembre de 2013). Mar del Plata: abuchearon a Hugo Matzkin tras cerrar el acuerdo con la policía. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1646338-mar-del-plata-abuchearon-a-hugo-matzkin-tras-cerrar-el-acuerdo-con-la-policia, acceso 4 de agosto de 2017.

La Nación (12 de septiembre de 2020). Protesta policial: robos y menos detenidos, la otra cara del reclamo. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/seguridad/protesta-policial-robos-menos-detenidos-otra-cara-nid2448588.

Infobae (10 de septiembre de 2020). Las protestas policiales se extendieron en 12 provincias y los gobernadores buscan artilugios financieros para calmar los ánimos. Disponible en: https://www.infobae.com/politica/2020/09/10/las-protestas-policiales-se-extendieron-en-12-provincias-y-los-gobernadores-buscan-artilugios-financieros-para-calmar-los-animos/.

Barreneche, O. (2010). “De brava a dura”. La policía de la provincia de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XX. Cuadernos de Antropología Social, (32), 31-56.

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