Por Imanol Ortega, Ignacio Ratier y Matías Torezani.
En el contexto de un enorme plan de ajuste fiscal que el gobierno nacional está llevando a cabo en todo el país, grandes cantidades de trabajadores del Estado han sido despedidos. Santiago del Estero no es la excepción y, en este sentido, investigadores universitarios impulsaron una mesa panel de trabajadores estatales con el fin de debatir está y otras cuestiones.
Bajo el lema «la Universidad también pertenece al mundo de las luchas de los trabajadores», investigadores en formación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) organizaron una mesa panel para debatir sobre los despidos y la precarización laboral de los trabajadores del Estado en nuestra provincia, y las rupturas y continuidades, en este sentido, desde el cambio de gobierno a nivel nacional.
El panel estuvo compuesto por Ignacio Demuro y Marcelo Argañaraz, despedidos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), sede Santiago; Ángel Morán, despedido recientemente de la Secretaría de Agricultura Familar (SAF); y Leonardo Díaz, de Docentes en Marcha, junto a Ziomara Blanco, de Docentes Autoconvocados, ambos docentes precarizados partícipes del paro general que se vivió en nuestra provincia.
El grupo de investigadores de la UNSE, compuesto por docentes y becarios de grado y posgrado, fueron los organizadores de este debate denominado «Rol del Estado: despidos y precarización laboral a primera voz», en la que se buscó, a partir de los testimonios de los trabajadores, realizar un diagnóstico sobre esta problemática (1). La misma se llevó a cabo el día 4 de este mes, en el aula 17 de la Facultad de Humanidades de la UNSE.
De izquierda a derecha: Ignacio Demuro, Marcelo Argañaraz, Ángel Morán, Leonardo Díaz y Ziomara Blanco. Fotografía: Nicolás Adet Larcher.
Caso AFSCA
“Nos parece necesario hacer un relevamiento sobre nuestro trabajo porque, una de las cosas que se ataca cuando se dice que se despide un empleado por el actual gobierno es el de calificarlo con el mote de ñoqui”, comenzó Marcelo Argañaraz. Luego enumeró mucho de lo realizado en los tres años que desempeñó funciones junto a sus compañeros. Resaltó la adjudicación y regularización de licencias en diferentes zonas del territorio, en las que el acceso a los bienes culturales es limitado y donde contar con una radio tiene una importancia mayor que la del simple entretenimiento.
Desde la AFSCA se acercaron a las localidades de Clodomira, Beltrán, Los Juríes, La Invernada, El Hoyón, Sachayoj, entre otros. Lugares donde “les interesaba tener un medio de comunicación o ya tenían uno y no estaban registrados”, aclaró el trabajador despedido. Entre los beneficiados también se encuentran radios de comunidades indígenas en Monte Quemado, Pampa Pozo, Pinto, Villa Ojo de Agua y Las Lomitas. Además se regularizaron las situaciones de radios campesinas de la Occap en San José del Boquerón, en El Hoyón y de Afoveppa. Radios escolares en Capital, Los Telares, Selva, Los Pirpintos, Taboada y Monte Quemado recibieron asistencia técnica para que los propios estudiantes gestionen su funcionamiento. Se llevaron a cabo concursos de fomento a los medios audiovisuales (FOMECA) que beneficiaron a entidades que sin los mismos no podrían haber funcionado
Una dificultad para el llamado tercer sector (organizaciones sin fines de lucro) fue la asimetría entre las licencias adjudicadas a cableoperadores en desmedro de las radios FM y AM. Sin embargo, la gestión de la AFSCA en Santiago, presentada durante el debate, mostró allí su punto más fuerte: uno de los sectores que más creció en Santiago, en estos últimos años, fue el de las radios comunitarias y educativas (2). “Nosotros como referentes de la ley hemos trabajado específicamente en esa área – tercer sector- más que lo que se demandaba a nivel nacional, como el conflicto con el Grupo Clarín”, afirmó Argañaraz.
Las principales dificultades en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) se produjeron a raíz de su fallida implementación efectiva por parte del gobierno nacional, así como el poco respeto que le ofrecieron los grupos mediáticos y la oposición política (3). A pesar de esto y en el marco de una tradición de regulación que dio réditos a sectores privados favoreciendo de ese modo la concentración de la propiedad, la centralización de la producción del contenido y la destacada participación de capitales extranjeros (4), los problemas de aplicación de la LSCA no soslayaron su espíritu: concebir la comunicación como un derecho humano.
“La ley no ha nacido con el gobierno kirchnerista. Se ha comenzado a discutir con el regreso a la democracia cuando era necesario modificar todo un esquema que venía de la dictadura”, argumentó Argañaraz. Efectivamente, antes de sancionada la ley en 2009 regía sobre el mapa de medios audiovisuales el Decreto-ley 22.285, de 1980, firmado por el dictador Jorge Rafael Videla y su gabinete, “norma luego complementada por más de cien leyes y decretos que produjeron un cambalache legislativo de imposible concreción pero funcional a una concentración del mercado comunicacional sin precedentes” (Becerra, 2015, pág. 37).
El DNU 267/15, publicado por el Ejecutivo el día 29 de diciembre del año pasado, disolvió la AFSCA y la AFTIC (autoridad de aplicación de la llamada “Ley Argentina Digital” 27.078) creando el Ente Nacional de Comunicación (ENaCom) y modificando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en los puntos judicializados en el pasado por el Grupo Clarín (principalmente lo referido a la concentración de medios) y que la Corte Suprema de Justicia había declarado constitucionales (5). A pesar de que los artículos relacionados a los sectores sin fines de lucro no han sido violentados y que una reciente resolución de ENaCom garantiza su continuidad, lo cierto es que el desfinanciamiento ha comenzado a hacerse visible en, por ejemplo, concursantes ganadores que no han recibido ningún fondo con la nueva gestión, según palabras de los trabajadores despedidos.
El aula 17 de la Facultad de Humanidades se mostró repleta. Fotografía: Nicolás Adet Larcher.
Despidos masivos en la Secretaría de Agricultura Familiar
Luego de años de denuncias por la situación de precarización laboral, 65 trabajadores de la Sub-Secretaría de Agricultura Familiar fueron despedidos tras la designación, por parte del gobierno nacional, de Carlos Cejas Lescano como nuevo coordinador del área. La medida fue confusa hasta el punto de que algunos de los perjudicados ni siquiera recibieron la correspondiente carta documento.
La Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación cuenta con 22 delegaciones distribuidas en las distintas provincias. Desde diciembre de 2015 su secretario es Oscar Alloati. Cada una de las delegaciones tiene la finalidad de brindar asesoramiento, capacitación y acompañamiento a los agricultores familiares con un equipo técnico de profesionales (6).
“Era un ida y vuelta con los saberes académicos que uno ha aprendido y los saberes que hemos ido aprendiendo en las comunidades: los tiempos, los vínculos y cómo se iba haciendo ese entramado social que nosotros llamábamos en ese momento, la nueva ruralidad”, aseguró Ángel Morán sobre su trayectoria en la SAF.
En una entrevista otorgada a Radio Universidad, en febrero de este año, Cejas Lescano adelantó su decisión de realizar algunos despidos con el fin de “bajar la inflación de a poco” (7).
Cejas Lescano es de origen cordobés y radicado en la localidad de Bandera, provincia de Santiago del Estero. Se desempeña como martillero público y tiene una manifiesta antipatía hacia las organizaciones campesinas, según palabras de los entrevistados. Las mismas organizaciones, en entrevistas previas con Subida de Línea, acusaban al nuevo coordinador de participar decididamente del desalojo de familias campesinas y tener intereses directos con el agronegocio.
La SAF trabajó en los últimos años en conjunto con otras instituciones como el RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar) o el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y junto a organizaciones campesinas, comprometida no sólo con la asistencia técnica y el financiamiento de proyectos productivos para pequeños productores campesinos, periurbanos y urbanos, sino también con la intervención de sus trabajadores en los conflictos por la tenencia de la tierra, muy comunes en la provincia.
Luego de las movilizaciones llevadas a cabo en las puertas del local de la SAF, ubicado en la Av. Roca antes de llegar a la Calle Pellegrini, y de una eventual toma del mismo, la Policía Federal ha impedido el paso, con lista en mano, a los trabajadores removidos, ilegalmente, sin sumario administrativo de sus cargos. Esta situación se ha extendido en tanto Cejas Lescano ha mantenido firme su decisión.
Esta desarticulación social, ante la llegada de actores como Cejas Lescano, desequilibra fuertemente la balanza entre dos modelos en disputa: el agronegocio y la soberanía alimentaria. Sobre esto Morán aclaró que antes de los despidos no daban abasto para abarcar todo el territorio en el que hay casi 16.000 familias registradas, y que por lo tanto ahora lo esto será más difícil de concretar.
Antes de finalizar su participación en la primera ronda de la mesa, Ángel Morán realizó un repaso por la historia de la SAF, desde sus orígenes como “Programa Social Agropecuario en abril de 1993 durante ‘la presidencia de Cavallo’, financiados por el Banco Internacional de Desarrollo y por el Banco Mundial”.
Morán relató que durante todo ese tiempo avanzó un proceso de precarización. “Nosotros veníamos denunciando durante el kirchnerismo y reclamando el pase a planta permanente, pero con el nuevo gobierno directamente se pasó a la confección de listas por cuestiones ideológicas”(8).
Además achacó a los representantes gremiales su cuota de responsabilidad en la formulación de las listas de despedidos y en los problemas antes mencionados. “Aceptamos la ley marco bajo presión. Nuestros representantes nos dejaron ‘pichita’ para que nos den una patada”, concluyó Morán.
Precarización salarial docente
Leonardo Díaz tomó la palabra por Docentes en Marcha. Fotografía: Nicolás Adet Larcher.
Por el lado de los docentes, sin despidos, pero lidiando con constantes ataques gubernamentales, los representantes de dicho sector llegaron a la mesa debate sin respuestas oficiales al reclamo de un cronograma de blanqueo a la precarización salarial de los últimos años. En lugar de eso, recientemente sufrieron por parte del gobierno provincial una retención de sus sueldos. Docentes en huelga que en el mes de mayo cobraron “cero pesos”.
Acompañando a los trabajadores despedidos de la AFSCA y la SAF, Leonardo Díaz y Ziomara Blanco tuvieron la oportunidad de presentar ante el público los principales puntos que marcaron el reclamo que se dio en la provincia en los últimos dos meses.
“Queda claro que estamos ante un gobierno con un marcado perfil neoliberal que está llevando a cabo políticas de ajuste, de despidos y desde ese sentido nos solidarizamos con los compañeros despedidos”, comentó Leonardo Díaz, al iniciar su exposición. Díaz es representante de Docentes en Marcha.
El decreto 457/07, firmado por el ex Presidente Néstor Kirchner, incluyó en Paritaria a todas las cuestiones laborales, entre ellas el salario, de todas las jurisdicciones provinciales. Con la sanción de este DNU, el ejecutivo nacional sólo debía intervenir directamente para fijar a las provincias un piso salarial. Este piso se discute en la Paritaria Nacional Docente, que la integran el Ministerio de Educación de la Nación y los cinco gremios con representación nacional: Ctera, CEA, UDA, Sadop y Amet (9).
“En la Paritaria Nacional se habla de un 40% de aumento, que para algunas provincias con un básico de $6000 puede representar un aumento significativo, pero para nosotros que tenemos un básico de 2199$, ante este anuncio del 35%, si se sacan cuentas son un poco más de $600 al básico”, expresó la representante de Docentes Autoconvocados.
En el contexto provincial estos incentivos y fondos provenientes de la gestión nacional son aceptados por la Mesa de Diálogo y Trabajo Docente que funciona en nuestra provincia desde el año 2005, junto con la asunción a la gobernación de Gerardo Zamora, y es reconocida legalmente mediante el dictado de la Ley Nº 7.054 del año 2011. Ésta Mesa de Diálogo está compuesta por los gremios: AMET, Aesya, Unión de Docentes Argentinos, Sadop, Sutese, Simese, Sindicato de Maestros, Atese, DAS y Sidise.
“En conversaciones con colegas en los últimos días reconocimos que nos alegrábamos al extraer el dinero de los cajeros y nos solucionaba lo urgente pero actualmente nos ubican ante las problemáticas que causaron estas cifras en negro, por lo que esta lucha representa un salto cualitativo en la reflexión docente”, agregó Blanco.
Por su parte, Leonardo Díaz mencionó que “la paritaria nacional es una continuidad de las políticas desarrolladas por el kirchnerismo, el problema de la misma es que se discute un salario mínimo de bolsillo, dejando de lado la cuestión de fondo en el caso de las provincias y el nuestro que es el salario básico”.
Luego de la histórica movilización del pasado viernes 29 de abril, que significó el levantamiento de la huelga de hambre luego de diez días de acampar en la Catedral Basílica y Casa de Gobierno, sin respuestas por parte del gobierno, se decidió suspender el paro pero no la lucha. Desde este lunes los docentes volvieron a la actividad y continúa un plan de organización por medio de asambleas, para decidir cuáles serán los pasos a seguir (10).
“Sostenemos que es fundamental la sindicalización de los docentes y desde Docentes en Marcha continuamos con la pelea política para la orientación de las acciones del conflicto con participación en el sindicato CISADEMS, porque sabemos que es clave el trabajo en conjunto”, alegó Díaz.
Otra cuestión que destacaron los expositores fue la importancia de la nacionalización del reclamo. En relación a este tema Blanco resaltó y se solidarizó con los cinco compañeros detenidos en Tierra del Fuego, que junto con gremios municipales, judiciales y de la salud llevan a cabo un acampe frente al edifico de gobierno por más de sesenta días. Estos se oponen a un paquete de medidas de ajuste que aplicó la gobernadora Rosana Bertone poco después de asumir, que incluyó despidos, baja de las jubilaciones y recorte de planes sociales. Cuestión que deja en claro que las políticas de reducción del Estado comienzan a hacer efecto en diferentes puntos del país.
Citas
- http://www.radiouniversidad.unse.edu.ar/index.php/editar-material-del-dia/384-investigadores-convocan-a-debatir-la-problematica-de-los-despidos-y-la-precarizacion
- http://www.arenapolitica.net/sitio/2016/01/que-pasa-en-santiago-con-la-ley-de-medios-afsca-y-aftic-por-ernesto-picco/
- Becerra, Martín Alfredo (2015): De la concentración a la convergencia. Políticas de medios en Argentina y América Latina , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paidós.
- http://www.media.wix.com/ugd/ffb9b9_32f3423284ea4b46b86df5384abf37c9.pdf
- https://martinbecerra.wordpress.com/2016/01/14/restauracion/
- http://www.minagri.gob.ar/site/agricultura_familiar/Subsecretaria%20de%20ejecucion%20de%20programas%20para%20la%20AF/
- http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/19200-santiado-despidos-masivos-en-la-secretaria-de-agricultura-familiar
- http://www.radiouniversidad.unse.edu.ar/index.php/editar-material-del-dia/389-trabajadores-debatieron-en-la-unse-y-llamaron-a-unificar-la-lucha-intersectorial
- http://chequeado.com/el-explicador/el-conflicto-docente-en-la-region/
- https://subidadelineadotcom.wordpress.com/2016/04/30/cronica-de-una-nueva-marcha-docente/