Por Sabina Frederic.*
En los últimos quince años, de 2000 a 2015, la tasa de población encarcelada pasó en Argentina de 103 presos por cada 100 mil habitantes a 168[1]. Este incremento del 92% durante el período registra en la Provincia de Buenos Aires la tasa más alta del país, alcanzando los 198 cada 100 mil. De este valor, el 64% lo aporta el Gran Buenos Aires. Ahora bien, durante el mismo período hubo un incremento sustantivo en el reclutamiento de ciudadanos por las fuerzas policiales y de seguridad, provinciales y federales. Así por ejemplo, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) pasó de 17.000 a 34.000 efectivos, mientras la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PPBA), de 50.000 a 100000, 17.000 de los cuales fueron reclutados para las Policías Locales asignadas a unos 80 municipios.
Si tomamos el área metropolitana de Buenos Aires, a la duplicación del número de efectivos debemos añadir la proliferación de nuevos policiamientos, subsumidos a un concepto flexible conocido como de “proximidad”. Esta modalidad de policiamiento se ha convertido en una política en expansión desde 2011 alcanzando las ciudades más grandes del país, entre ellas, Rosario, Santa Fe y Córdoba. En gran medida, canalizó a nuevos reclutados en un recurso de “saturación” policial para disminuir la inseguridad subjetiva y objetiva. En este escenario hay dos datos más a considerar, el primero es que el 90% de la población encarcelada fue detenida en flagrante comisión de un delito, es decir sin orden judicial derivada de una investigación, sino por detención in fraganti de la policía y confirmación del fiscal. El segundo es que durante el período 2011-2015, solo cuatro años, el porcentaje de población encarcelada crece marcadamente en un 14, 34%.
Podemos inferir, a partir de los datos anteriores que la mayor presencia policial incluso y sobre todo, bajo estas modalidades de policiamiento, constituyó en Buenos Aires, la vía principal de detención de las personas luego encarceladas. Esta inferencia no puede apoyarse en datos oficiales, pues no se produce información sobre cuántas detenciones terminan en encarcelamiento. No obstante, es claro que se trató de la detención de personas que cometieron “delitos” durante operativos policiales de rutina, aleatorios o planificados. La inferencia nos lleva a preguntarnos por el modo en que se han desarrollado los operativos de policiamiento y las policías creadas específicamente bajo el paradigma de la proximidad. ¿Cómo es que en la defensa del valor de la coproducción del patrullaje con la ciudadanía, la asignación consentida de la seguridad como un derecho contribuyó al incrementó de la población encarcelada, a un recrudecimiento de la segregación social?
A un nivel, el policiamiento de proximidad es una forma de organización de la acción policial orientada al reconocimiento de la imagen policial, a través de un compromiso basado en vínculos interpersonales destinados a la solución de las demandas[2]. Esta forma de policiamiento se asocia con la idea de la pertenencia policial a la comunidad que sirve; visión deudora de esa corriente política según la cual ser parte del grupo/comunidad, garantiza la persecución de sus intereses[3]. Por otra parte, esta concepción de esta modalidad del policiamiento parece construida por oposición a una imagen negativa donde las relaciones entre uniformados y ciudadanos al ser “distantes” son: impersonales, burocratizadas, rígidas, ásperas y/o violentas. Todo ello promovería el desvío de los integrantes de las policías de su accionar como servidores públicos, apartándolos de las demandas ciudadanas.
Como es sabido, el policiamiento de proximidad ha sido un recurso puesto en práctica en el mundo anglosajón y luego en otros países de Europa, mucho antes que en América Latina. Si bien las modalidades aplicadas en estas latitudes difieren entre sí y difícilmente podamos comparar las Unidades de Policía Pacificadora en Brasil con la Gendarmería Barrial o el Cuerpo de Policía Barrial de la Policía Federal Argentina, o la Policía Local, podemos sostener que se trata de experiencias desarrolladas en contextos de mayor desigualdad social que en los países del hemisferio norte.
Las condiciones de inequidad en las que se desplegó el patrullaje de proximidad por ejemplo en el Área Metropolitana de Buenos Aires donde realizamos nuestra investigación etnográfica, sometieron a las personas uniformadas a tensiones, conflictos y contradicciones, y en ellas, al Estado. La moralización del servicio de seguridad, proclamada en el nivel normativo del discurso político, tomó otros caminos cuando la acción policial se desplegó en espacios urbanos profundamente desiguales distribuyendo patrullas a pie, en motos y automotores, donde jamás las hubo; al ingresar con patrullas regulares como ninguna Fuerza lo había hecho.
Las prácticas de distribución de la seguridad prexistentes realizadas por la Policía Federal Argentina (PFA) y la PPBA, quedaron desafiadas. Ese desafío no ha sido solo por las alteraciones organizacionales o las disputas territoriales entre efectivos de distintas Fuerzas, sino porque trastocó los modos en que los funcionarios armados contribuyen a la delimitación de las inequidades a través de la vigilancia y el control. Si bien el patrullaje de proximidad fue aplicado con variantes organizacionales, en los modos de patrullaje y por los canales de relación con la población, muchas de las resistencias y conflictos derivaron del impacto entre los uniformados de asentarse sobre criterios de redistribución de la seguridad pública en espacios urbanos pauperizados, hiper concentrados e hiper segregados[4].
Adaptados, resistentes y expulsados, los uniformados llevaban las marcas de quienes operaron en terreno redelimitando tácitamente las márgenes del acceso a un servicio público, dejando protegidos de un lado e incriminados del otro[5]. La inequidad fue condición y fundamentalmente producto de este proceso, reflejado en el abrupto crecimiento de personas encarceladas.
De acuerdo a nuestro análisis y comparación sobre policiamiento de proximidad de GNA en el Plan Operativo Cinturón Sur[6], y de la Policía Local (PL) en uno de los municipios del Gran Buenos Aires esa reproducción de la inequidad, como redistribución de la seguridad, se convirtió en moralizadora por la inserción de gendarmes y policías en tramas político sociales barriales; las mismas redes mediante las cuales las poblaciones accedían a otros servicios y bienes públicos. Asimismo, esas tramas basadas en el intercambio de reconocimientos e investiduras, además de bienes y servicios, se reactualizaban al tiempo que los referentes barriales acreditaban entre sus vecinos, cierto dominio sobre la presencia de las autoridades policiales o de gendarmería en una u otra zona de su barrio.
Esa coproducción del patrullaje también ratificaba, rectificaba o profundizaba la segregación al marcar zonas seguras e inseguras, dando seguridad en barrios peligrosos, introduciendo patrullas a pie y puestos de control fijos, al interior de las villas, y un número geométricamente superior de efectivos y móviles, de los que había. La proximidad diferenciaba el patrullaje entre los barrios de clase media, las áreas comerciales y las villas o complejos habitacionales conflictivos. El “acercamiento” a la población se construyó por oposición al patrullaje que hacia la policía antes, en el caso de la GNA, o simultáneamente, en el caso de la PL; e introdujo redefiniciones en la segregación por vía de la donación de seguridad.
En esa oposición, los policías y gendarmes involucrados en el policiamiento de proximidad, fueron objeto del rechazo de sus camaradas y en muchos casos, lo hicieron propio, despreciando la tarea encomendada. Ni el verdadero gendarme, ni el verdadero policía, era para muchos el que se ocupaba de esta forma de policiamiento, como si el contacto con la población y la proximidad cotidiana con los segregados, diluyera su verdadera función. El tironeo por contar con mayor número de efectivos para los procedimientos tradicionales, los conflictos organizacionales, las tensiones entre algunos jefes y sus superiores (policías y funcionarios civiles), las disputas por los procedimientos entre distintas Fuerzas, el reclamo por mejores condiciones de trabajo, se produjeron sobre el trasfondo de la discriminación de quienes tomaban más contacto con los segregados.
En suma el incremento de uniformados en el espacio público, junto con la coproducción del patrullaje entre uniformados y vecinos, moralizaron la redistribución de la seguridad al tiempo que actualizaron la segregación. La distinción de las áreas más peligrosas incluso donde el patrullaje no se hizo o se lo hizo en condiciones donde el equipamiento era superior (cascos, armas largas, además de chalecos antibalas), y el incremento de las detenciones en la vía pública, fueron signos de esa reforzamiento de las fronteras del Estado. Los propios vecinos, aquellos organizados y reconocidos como representativos, no quedaron al margen, se convirtieron en activos coparticipes de la reproducción de las fronteras de la ciudadanía. Así, en estos escenarios de profunda inequidad no se verifican las afirmaciones de Jean Paul Brodeur (2011)[7] sobre los países anglosajones donde el policiamiento de proximidad no se ocupó de luchar contra el crimen, sino de alterar las percepciones de las personas sobre su sentido de la seguridad a través del uso de la palabra antes que la fuerza.-
Referencias
[1] No se considera la población detenida en comisarías. Si a nivel nacional la considerásemos se elevaría de 168 a 178. Los datos están disponibles en el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
[2] Para un análisis comparativo de los enfoques sobre policiamiento de proximidad véase Susana Durao (2012) “Policiamiento de Proximidade em Portugal: límites de uma metáfora mobilizadora” En: Durao, S. y M. Darck (org) Polícia, Seguranca e Ordem Pública. Perspectivas Portuguesas e Brasileiras. Lisboa: Imprensa de Ciencias Sociais, Universidad de Lisboa,
[3] Hemos analizado esta presunción moral y sus consecuencias prácticas en Buenos Vecinos, Malos Políticos: Moralidad y Política en el Gran Buenos Aires. Buenos Aires:Prometeo, 2004.
[4] Para un análisis etnográfico de la adaptación de los gendarmes al Operativo Cinturón Sur véase Sabina Frederic (2014) “Modos de dar seguridad, adaptación y obediencia en el escenario de re- despliegue territorial de la Gendarmería Nacional Argentina” Estudios Digital, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba no.32
[5] Michel Misse (2010) analiza la distinción entre incriminación del sujeto al que se le imputa a priori la comisión de un crimen antes de haberlo producido, es decir de haber sido criminalizado; véase “La acumulación social de la violencia en Río de Janeiro y en Brasil: algunas reflexiones” Co-herencia, Vol 7 n°13, Colombia.
[6] El Plan Operativo Cinturón Sur desplegó 1200 gendarmes y 1200 prefecturianos en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2011. El patrullaje sin embargo, tuvo variaciones tanto en el número de efectivos como en su permanencia en los barrios.
[7] Brodeur, J.P. 2011 Las Caras de la Policía. Buenos Aires: Prometeo